El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, abordó un tema polémico que ha surgido en medio del debate parlamentario sobre la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática: la posible inclusión de venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Rodríguez afirmó que la presentación de solicitudes migratorias en EE. UU., como la del TPS o de asilo, no implica automáticamente que quienes gozan de estas protecciones deben ser beneficiarios de la amnistía que se discute en el Legislativo venezolano, ya que algunos habrían alegado persecución política—posiblemente de forma genérica—para obtener beneficios migratorios. Por eso, enfatizó la necesidad de “separar el trigo de las mieses” al evaluar casos individuales y determinar quiénes calificarían para la amnistía.
El tema toca tanto asuntos migratorios como de justicia transicional en Venezuela, en un contexto en el que la normativa sobre amnistía busca ser un instrumento para la reconciliación nacional tras años de confrontación política y la liberación de presos por razones políticas.
Qué es el TPS y su situación actual
El TPS (Temporary Protected Status) es un programa migratorio estadounidense diseñado para proteger a nacionales de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias que hacen inseguro o imposible el regreso. Bajo este estatus, las personas pueden evitar la deportación y obtener autorización para trabajar en EE. UU., aunque no necesariamente conduce a la residencia permanente.
En el caso de Venezuela, la designación del TPS ha tenido un historial complejo: fue otorgada en 2021 y ampliada en 2023 por la administración anterior debido a la prolongada crisis en el país, pero se ha visto bajo amenaza jurídica y administrativa desde 2025. La Corte Suprema de EE. UU. permitió que el gobierno revocara la designación 2023, lo que abrió la puerta para que el Departamento de Seguridad Nacional suspenda formalmente la protección, aunque procesos en tribunales inferiores han buscado mantener la vigencia de las autorizaciones existentes.
Este trasfondo legal genera incertidumbre para muchos venezolanos que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años bajo el TPS, algunos de los cuales también han solicitado asilo alegando persecución política en su país de origen.
El planteamiento de Rodríguez y la amnistía
Rodríguez señaló que no cualquier venezolano con TPS o asilo debe ser considerado automáticamente elegible para la amnistía en Venezuela. Subrayó que, en al menos 100.000 casos, las personas habrían argumentado persecución política para solicitar el beneficio migratorio, pero ese argumento, por sí solo, no determina que puedan acogerse a la futura ley de amnistía. Afirmó: “Hay hasta una planilla donde dicen: ‘soy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro’… entonces necesariamente, tenemos que separar el trigo de las mieses”.
Con esta metáfora, el alto parlamentario llamó a criterio y análisis cuidadoso de cada caso y evitó que se asuma que todos los venezolanos con TPS califican automáticamente para el perdón legal. Esta postura se inserta en un debate más amplio sobre los criterios que definirán la amnistía, que ya ha sido aprobada en primera discusión en la Asamblea y ahora se encuentra en el proceso de revisión artículo por artículo para su posible sanción definitiva.
Implicaciones para migrantes y contexto político
La consideración de los venezolanos con TPS en la ley de amnistía enlaza dos temas sensibles: la situación migratoria en EE. UU. y la rectificación de penas en Venezuela. Muchos de quienes se acogieron al TPS o pidieron asilo en Estados Unidos lo hicieron en el marco de una crisis humanitaria prolongada, y su estatus ha sido objeto de cambios judiciales y administrativos, reflejando la complejidad legal del programa.
Para los defensores del TPS, su término implicaría que cientos de miles de venezolanos pierdan protección contra la deportación, lo que ha generado esfuerzos legales para restituir el beneficio y garantizar que permanezca vigente al menos hasta octubre de 2026.
La posición de Rodríguez, lejos de homologar automáticamente estatus migratorio y beneficios de amnistía, sugiere que las autoridades venezolanas piensan priorizar criterios internos y contextuales sobre quién puede ser considerado víctima de persecución política. Esto abre un campo de tensión entre las experiencias individuales de migrantes en Estados Unidos y las decisiones colectivas que se toman en Caracas sobre justicia transicional.
La ley de amnistía en disputa
El proyecto de amnistía en la Asamblea Nacional ha sido un punto de convergencia y confrontación política. Ha sido diseñado para abarcar hechos ocurridos desde 1999, aunque su aplicación real será definida por el contenido final del texto legal, que excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos o narcotráfico en muchas discusiones iniciales.
Dar cabida a venezolanos con TPS en este tipo de norma implicaría, según algunos analistas, reconocer la persecución política como factor central, algo que Rodríguez propone evaluar caso por caso. De este modo, la Asamblea busca diferenciar entre quienes sufrieron represalias por razones políticas legítimas y quienes pudieron haber alegado persecución para fines migratorios en EE. UU., evitando así un uso indiscriminado de la amnistía.
Este enfoque —si bien genera debates sobre justicia, equidad y reparación— evidencia la complejidad de articular políticas migratorias internacionales con procesos de reconciliación nacional. En definitiva, las declaraciones de Rodríguez muestran que el legislador venezolano considera que no todas las solicitudes de protección o estatus migratorio equivalen a casos de persecución política que ameriten perdón legal en Venezuela, e insta a examinar cuidadosamente quiénes realmente deben ser incluidos en la ley de amnistía.
Con información de El Pitazo
