La Corte Penal Internacional (CPI) decidió no abrir una investigación sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, al concluir que no existen bases suficientes para considerarlas crímenes de lesa humanidad.
La decisión surge tras el análisis del caso conocido como “Venezuela II”, presentado por el gobierno venezolano en 2020. En esa solicitud se argumentaba que las sanciones económicas estadounidenses habrían provocado graves consecuencias humanitarias y podrían constituir delitos internacionales.
Sin embargo, la Fiscalía de la CPI determinó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación clara de causalidad ni la intención criminal requerida para que estos hechos entren en la jurisdicción del tribunal.
El organismo también aclaró que el cierre de este examen preliminar no afecta otra investigación en curso, conocida como “Venezuela I”, que sí analiza presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del país, especialmente durante la represión de protestas y detenciones desde al menos 2014.
Las autoridades venezolanas cuentan ahora con un plazo aproximado de 90 días para solicitar una revisión de la decisión ante la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal.
