Una declaración judicial ha sacudido el curso de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, uno de los hechos más impactantes de la política reciente en Colombia. El testimonio, rendido ante la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, aporta elementos que apuntan directamente a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas Farc, como la estructura que habría ordenado el crimen.
La revelación no solo expone la posible autoría intelectual del atentado, sino que también describe con detalle la cadena de mando, la logística empleada y las motivaciones detrás de un hecho que conmocionó al país. A partir de este relato, el caso adquiere nuevas dimensiones que involucran redes criminales, vínculos insurgentes y una operación cuidadosamente planificada.
Una confesión que redefine la investigación
Según el testimonio entregado por alias el Viejo, la orden de ejecutar el asesinato provino directamente de la Segunda Marquetalia. En su declaración, el condenado aseguró que la instrucción fue impartida por alias el Zarco Aldinever, figura señalada como uno de los mandos de esa organización.
El relato describe una estructura jerárquica en la que las decisiones se originaban en niveles superiores, mientras los ejecutores cumplían funciones específicas dentro del plan. De acuerdo con lo expresado, la operación no fue improvisada, sino el resultado de una coordinación que incluyó inteligencia, seguimiento y preparación previa.
Además, el declarante indicó que la acción tenía carácter obligatorio, lo que refleja el control interno de estas redes y las consecuencias que enfrentan quienes desobedecen órdenes dentro de ese entorno.
Planeación, dinero y redes criminales
Uno de los aspectos más reveladores del testimonio es el detalle sobre los recursos destinados al atentado. Según alias el Viejo, se habría ofrecido una suma cercana a los 1.000 millones de pesos por la ejecución del crimen, además de un monto adicional destinado a garantizar el silencio o la obstrucción de la justicia.
Este elemento sugiere la existencia de una operación financiada con amplios recursos, orientada no solo a concretar el asesinato, sino también a evitar que se conocieran los responsables intelectuales. La declaración también menciona la posibilidad de recurrir a sobornos o incluso a la eliminación de testigos para impedir avances en la investigación.
El relato evidencia cómo estas estructuras combinan mecanismos económicos y coercitivos para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, reforzando su capacidad de acción en distintos escenarios.
El papel de intermediarios y antiguos vínculos
El testimonio también señala la participación de Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, como enlace entre los mandos de la organización y los ejecutores del plan. Según el declarante, fue esta persona quien lo contactó y le transmitió la orden inicial.
Ambos individuos compartían antecedentes en el mundo criminal, lo que facilitó la comunicación y la confianza necesaria para llevar a cabo la operación. Este vínculo previo ilustra cómo las redes delictivas se nutren de relaciones construidas a lo largo del tiempo, incluso dentro de centros penitenciarios.
Asimismo, se menciona que alias Yako habría retomado actividades ilegales tras haber pasado por procesos judiciales previos, lo que pone en evidencia la reincidencia como un factor relevante en este tipo de estructuras.
Ejecución del plan y fallas iniciales
El desarrollo del atentado, según la declaración, incluyó varias fases. Inicialmente, se contemplaron otros escenarios dentro de Bogotá que finalmente no se concretaron, lo que obligó a reconfigurar la estrategia.
Posteriormente, se definió el lugar donde ocurrió el ataque, tras labores de reconocimiento realizadas por los involucrados. El plan incluía la participación de varios actores, cada uno con funciones específicas, desde la identificación del objetivo hasta la entrega del arma.
Sin embargo, el relato sugiere que la ejecución no se desarrolló de manera completamente exitosa en un primer momento, lo que generó tensiones entre los implicados y retrasos en el cumplimiento del objetivo final.
Consecuencias, huida y captura
Tras el atentado, los involucrados adoptaron medidas para evadir a las autoridades, incluyendo la destrucción de dispositivos móviles y el cambio de ubicación. A pesar de estos intentos, las investigaciones avanzaron y permitieron la captura de varios participantes.
Alias el Viejo reconoció su responsabilidad y aceptó su participación en el crimen, lo que derivó en una condena de 22 años de prisión. Su testimonio, obtenido en el marco de un acuerdo judicial, se convierte en una pieza clave para esclarecer los hechos.
Por su parte, otros señalados en la cadena de mando habrían abandonado el país o se encontrarían en zonas fronterizas, lo que representa un desafío adicional para las autoridades.
Un crimen que revive viejos fantasmas
El asesinato de Miguel Uribe Turbay reactivó en la memoria colectiva episodios de violencia política que marcaron a Colombia en décadas pasadas. La participación de grupos armados ilegales en un hecho de esta naturaleza genera preocupación sobre la persistencia de dinámicas que el país ha intentado superar.
Las revelaciones contenidas en esta confesión abren nuevas líneas de investigación y plantean interrogantes sobre la capacidad de estas organizaciones para operar en centros urbanos. También evidencian la complejidad de un fenómeno que combina intereses políticos, económicos y criminales.
Mientras las autoridades continúan con el proceso judicial, el caso se consolida como uno de los más significativos en la historia reciente, no solo por sus implicaciones legales, sino por el impacto que tiene en la estabilidad institucional y la seguridad democrática del país.
Con información de Semana
