La criminalidad organizada en Colombia alcanzó un nuevo nivel de preocupación tras conocerse el más reciente Índice Global de Crimen Organizado, que ubica al país en el segundo lugar a nivel mundial. Este resultado no solo refleja la persistencia de fenómenos históricos como el narcotráfico, sino también la expansión y diversificación de economías ilícitas que han fortalecido a estructuras criminales en distintos ámbitos.
La criminalidad organizada se ha convertido en un fenómeno complejo que trasciende la violencia visible. El informe revela que Colombia no solo enfrenta altos niveles de actividad ilegal, sino también una capacidad sostenida de estas redes para adaptarse, infiltrarse y operar tanto a nivel local como internacional.
Criminalidad organizada y el lugar de Colombia en el ranking global
El estudio, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, evaluó a 193 países mediante un sistema que combina el análisis de economías ilícitas y la influencia de actores criminales. En este contexto, Colombia obtuvo una puntuación de 7,82 sobre 10, quedando solo por debajo de Myanmar, que alcanzó 8,08.
Este resultado posiciona a Colombia como el país con mayor nivel de criminalidad organizada en América Latina y Sudamérica. La diferencia con otras naciones no es marginal, sino que refleja una consolidación de actividades ilegales que han evolucionado con el tiempo.
En el ranking global, México ocupa el tercer lugar, seguido por Ecuador y Paraguay, lo que confirma la fuerte presencia de redes criminales en la región. Este panorama evidencia que el fenómeno no es aislado, sino parte de una dinámica regional interconectada.
Qué mide el índice de criminalidad organizada
El informe se basa en dos grandes ejes. El primero analiza las economías ilícitas presentes en cada país, incluyendo actividades como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armas y los delitos financieros.
El segundo eje evalúa la capacidad de las organizaciones criminales para operar y sostener estas actividades. Esto incluye la existencia de redes locales, mafias internacionales y grupos armados que logran establecer estructuras duraderas.
En el caso de Colombia, ambos factores convergen. El país no solo presenta una amplia variedad de economías ilegales, sino también organizaciones con alta capacidad operativa, lo que explica su posición en el ranking.
Evolución del fenómeno en los últimos años
La criminalidad organizada en Colombia ha mostrado un crecimiento gradual en los últimos años. En 2021, el país registraba una puntuación de 7,66; en 2023, esta cifra aumentó a 7,75; y en la medición más reciente alcanzó 7,82.
Aunque el incremento puede parecer leve, el sistema de evaluación está diseñado de manera que cada punto adicional representa una consolidación significativa de las actividades ilegales.
Este crecimiento sostenido indica que, a pesar de algunos avances en seguridad, las estructuras criminales han logrado adaptarse y fortalecer su presencia en diferentes sectores.
Diversificación de las economías ilícitas
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la transformación de las actividades ilegales en Colombia. Si bien el narcotráfico sigue siendo un eje central, otras economías ilícitas han ganado protagonismo.
La minería ilegal, por ejemplo, se ha convertido en una fuente importante de ingresos para grupos criminales. Asimismo, el lavado de dinero y los delitos financieros han permitido a estas organizaciones consolidar su poder económico.
La explotación ilegal de recursos naturales y el tráfico de armas también forman parte de este ecosistema, lo que demuestra la capacidad de diversificación de las redes criminales.
Esta evolución refleja una adaptación constante a las condiciones del entorno, lo que dificulta su control y erradicación.
Actores clave en la criminalidad organizada
El informe destaca la presencia de organizaciones con capacidad operativa sostenida, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Estos grupos han logrado mantener redes complejas que abarcan producción, transporte y comercialización de bienes ilegales.
Su influencia no se limita al ámbito local. Muchas de estas estructuras tienen conexiones internacionales que facilitan la exportación de drogas y otros productos ilícitos.
Además, la capacidad de infiltración en instituciones y sectores económicos refuerza su poder. Este factor es clave para entender por qué la criminalidad organizada persiste incluso en contextos donde algunos indicadores de violencia han disminuido.
El papel del contexto regional
La ubicación geográfica de Colombia y su conexión con mercados internacionales son factores determinantes en el desarrollo de la criminalidad organizada. El país forma parte de corredores estratégicos que facilitan el movimiento de bienes ilegales.
La interacción con redes criminales de otros países contribuye a la expansión de estas actividades. América Latina, en general, presenta un entorno propicio para la operación de economías ilícitas, lo que refuerza la posición de Colombia en el ranking.
Esta dimensión regional implica que el problema no puede abordarse únicamente desde una perspectiva nacional, sino que requiere cooperación internacional.
Criminalidad organizada más allá de la violencia visible
Uno de los hallazgos más importantes del informe es que la criminalidad organizada no depende exclusivamente de los niveles de violencia. Incluso cuando ciertos delitos disminuyen, las organizaciones pueden fortalecer otras áreas de operación.
Este fenómeno explica por qué el país puede mostrar mejoras en algunos indicadores de seguridad mientras mantiene una alta posición en el ranking global.
La capacidad de adaptación de estas estructuras les permite diversificar sus actividades y mantener su influencia en distintos sectores.
Comparación con otros países
El contraste con países que registran bajos niveles de criminalidad organizada es significativo. Naciones como Tuvalu, Nauru y Santo Tomé y Príncipe presentan puntuaciones muy inferiores, lo que evidencia una brecha considerable.
Esta diferencia no solo refleja la presencia de economías ilícitas, sino también la capacidad institucional para enfrentarlas. En este sentido, el caso colombiano plantea desafíos importantes en términos de fortalecimiento institucional.
Desafíos para el Estado colombiano
El posicionamiento de Colombia en el segundo lugar del ranking global representa un reto para las autoridades. La lucha contra la criminalidad organizada requiere estrategias integrales que aborden tanto las economías ilícitas como las estructuras que las sostienen.
Esto implica fortalecer las instituciones, mejorar los mecanismos de control y promover la cooperación internacional. Además, es necesario abordar las causas estructurales que facilitan el desarrollo de estas actividades.
La complejidad del fenómeno exige una respuesta coordinada que involucre a distintos actores y niveles de gobierno.
La posición de Colombia como el segundo país con mayor criminalidad organizada en el mundo evidencia la magnitud de un problema que ha evolucionado y se ha consolidado en el tiempo. Más allá de los indicadores de violencia, el fenómeno se caracteriza por la diversificación de economías ilícitas y la fortaleza de las estructuras criminales.
El informe pone de relieve la necesidad de replantear las estrategias de seguridad y de abordar el problema desde una perspectiva integral. La criminalidad organizada no solo afecta la estabilidad del país, sino que también tiene implicaciones regionales e internacionales.
En este contexto, el desafío será transformar las condiciones que permiten la persistencia de estas redes y avanzar hacia un modelo que garantice mayor seguridad y desarrollo sostenible.
Con información de Portafolio
