Las cuentas de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia muestran un fuerte movimiento financiero a pocos días de la primera vuelta del 31 de mayo. Según los reportes disponibles en Cuentas Claras y el seguimiento de Transparencia por Colombia, las campañas que sí han entregado información ya acumulan más de $25.000 millones en gastos, mientras seis aspirantes siguen sin registrar ingresos ni egresos.
La situación abre una discusión sobre transparencia, control ciudadano y financiación política en la recta final de la contienda presidencial.
Cuentas de campaña bajo vigilancia electoral
A menos de tres semanas de la primera vuelta, Transparencia por Colombia mantiene una alerta sobre la falta de reportes financieros de varias candidaturas presidenciales. La organización ya había advertido en abril que la ausencia de información pública limitaba el control ciudadano y periodístico sobre el origen, monto y destino de los recursos usados por los aspirantes. También pidió al Consejo Nacional Electoral garantizar el funcionamiento del aplicativo Cuentas Claras y su módulo de consulta ciudadana.
El reporte citado señala que seis candidatos no habían informado sus movimientos hasta la jornada revisada. Entre ellos aparecen Clara López y Luis Gilberto Murillo, quienes ya no siguen en la competencia, pero debían registrar los recursos que recibieron y gastaron durante el tiempo en que mantuvieron sus aspiraciones. También figuran Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero y Gustavo Matamoros.
Las reglas del Consejo Nacional Electoral exigen que las campañas reporten ingresos y gastos máximo una semana después de que ocurran los hechos económicos. Ese plazo busca evitar que los datos aparezcan tarde, cuando ya no permiten una vigilancia efectiva. Sin embargo, algunos equipos han alegado dificultades con los usuarios de la plataforma Cuentas Claras, lo que añade un problema operativo a una discusión ya sensible.
El acceso a esta información cumple una función central en democracia. Los ciudadanos necesitan saber quién financia a los candidatos, cuánto dinero reciben, en qué lo gastan y qué compromisos podrían surgir alrededor de esos recursos. La financiación electoral no solo sirve para pagar publicidad, transporte o eventos; también puede revelar redes de apoyo político, vínculos con sectores económicos y capacidad real de movilización.
La opacidad, en cambio, debilita la confianza. Cuando una campaña no reporta, el elector queda sin herramientas para evaluar si el candidato cumple las normas, si respeta los topes o si concentra su financiación en pocas fuentes. En una elección presidencial, esa información tiene un peso aún mayor porque define el acceso al poder nacional.
De la Espriella lidera ingresos y gastos
Entre las campañas que sí han reportado, Abelardo de la Espriella aparece como el candidato con mayor volumen financiero. Sus ingresos llegan a $32.000 millones y sus gastos alcanzan $14.794 millones. El tope permitido ronda los $39.003 millones, por lo que su campaña podría acercarse al límite si ejecuta todos los recursos recibidos durante las últimas semanas.
La financiación de De la Espriella proviene únicamente de préstamos bancarios. El reporte identifica tres créditos: $15.000 millones del Banco de Bogotá, $12.000 millones de Bancolombia y $5.000 millones de BBVA. Esta estructura muestra una campaña apoyada en deuda financiera, no en donaciones particulares ni en recursos propios declarados.
Su mayor gasto aparece en propaganda electoral, con $9.853 millones. Esa cifra confirma una estrategia centrada en visibilidad pública, pauta, piezas comunicacionales y presencia territorial. Además, su campaña reporta $3.958 millones en administración, rubro que incluye seguridad, alquiler de camionetas, seguros de vida, empresas de publicidad, una firma encuestadora y estrategas políticos.
En eventos, el candidato ha registrado $214 millones. Las actividades reportadas ocurrieron en Barranquilla, Armenia, Santa Marta y Bogotá. En la capital, la campaña declaró el arrendamiento del centro de convenciones del G12. En transporte y correo, el gasto asciende a $360 millones.
Iván Cepeda también aparece entre los candidatos con mayor financiación reportada. Su campaña registra ingresos por $15.000 millones, todos provenientes de un préstamo de Confiar. Esa cooperativa ya había tenido un papel relevante en el financiamiento del Pacto Histórico y ha generado debate por sus vínculos institucionales recientes. En gastos administrativos, Cepeda reporta $61 millones, todos asociados a honorarios. En transporte y correo suma $325,7 millones, mientras que su mayor desembolso corresponde a servicios de impresión, con $1.082 millones.
Paloma Valencia registra ingresos por $15.000 millones y gastos por $7.069 millones. Bancolombia le prestó la totalidad de los recursos reportados, bajo una pignoración de votos por el mismo monto. Su campaña declara $972 millones en funcionamiento, principalmente honorarios; $28,7 millones en eventos realizados sobre todo en Bogotá, Ibagué y Rionegro; $378,5 millones en transporte; y $5.043 millones en propaganda electoral.
El Espectador también reseñó que De la Espriella, Cepeda, Valencia y Sergio Fajardo figuran entre las campañas presidenciales con mayores gastos reportados en Cuentas Claras. Ese dato refuerza la importancia de observar no solo cuánto entra, sino cómo se ejecuta cada peso en la recta final.
Publicidad, préstamos y rezagos marcan la contienda
La comparación entre campañas muestra estilos financieros distintos. Claudia López reporta ingresos por $87,3 millones, en su mayoría donaciones, y gastos por $86,9 millones. Sus mayores aportantes incluyen a Nadya Milena Rangel y María Aidee Sánchez, ambas vinculadas a la Secretaría de Hábitat durante su administración en Bogotá. La mayor parte de sus egresos se concentra en administración, con $65,5 millones, principalmente en pagos a miembros de campaña. En transporte registra $11,8 millones.
Sergio Fajardo informa ingresos por $1.576 millones y gastos por $1.401 millones. Sus recursos combinan $100 millones propios, $60 millones de familiares, $500 millones de créditos financieros, $900 millones de particulares y otros aportes menores. En créditos bancarios, declara un préstamo del Banco de Bogotá. También aparecen préstamos y aportes de figuras cercanas, como Mauricio Pava, Federico Restrepo y María Eugenia Escobar.
En cuanto a egresos, Fajardo destina $849 millones a administración, $10,4 millones a eventos, $252 millones a propaganda electoral, $101 millones a materiales y publicaciones, $46 millones a capacitación y $126 millones a gastos judiciales y de rendición de cuentas. Su campaña presenta una estructura más distribuida, aunque con un peso importante en funcionamiento interno.
Roy Barreras, por su parte, solo reporta $100 millones de ingresos, provenientes de un crédito del abogado Juan Felipe Anzola Quintero. Sus gastos llegan a $49,2 millones y se concentran en honorarios a colaboradores de campaña.
El panorama revela tres tendencias. La primera es el predominio de los créditos bancarios en las principales campañas. De la Espriella, Cepeda y Valencia financian buena parte de sus operaciones mediante préstamos, lo que muestra confianza de entidades financieras, pero también una apuesta fuerte por la reposición de votos y por la capacidad de recuperar recursos después de la elección.
La segunda tendencia es el peso de la propaganda. En las campañas con mayor gasto, la publicidad electoral ocupa el rubro más visible. Esto confirma que la disputa presidencial se libra en territorio, medios, redes, piezas impresas y mensajes dirigidos a votantes indecisos. A medida que se acerca la elección, ese gasto puede crecer con rapidez.
La tercera es la persistencia de reportes incompletos. Aunque algunos candidatos ya detallan ingresos y egresos, otros siguen sin entregar información suficiente. Esa brecha impide comparar en igualdad de condiciones y dificulta saber si todos compiten bajo las mismas reglas.
El debate no gira únicamente alrededor de montos. También toca la calidad de la rendición de cuentas. Una campaña puede gastar mucho y cumplir la norma si reporta a tiempo, identifica fuentes y respeta topes. Otra puede gastar menos, pero generar dudas si oculta información o registra tarde sus movimientos.
La primera vuelta presidencial se acerca con una presión creciente sobre el CNE, los candidatos y sus gerentes. La ciudadanía necesita datos claros antes de votar, no después. Las cuentas de campaña ya superan los $25.000 millones en gastos reportados, pero la cifra más preocupante quizá está en quienes todavía no han mostrado sus números. En una elección cerrada, la transparencia financiera también puede definir la confianza del resultado.
Con información de El Tiempo
