Los tres venezolanos detenidos por la muerte de Yulixa Toloza, producto de un procedimiento quirúrgico en un centro estético ilegal, enfrentan incertidumbre sobre su posible extradición a Colombia. La Fiscalía colombiana solicitó su envío a territorio colombiano para responder por desaparición forzada, ocultamiento de pruebas y homicidio, pero las leyes venezolanas impiden que los nacionales sean entregados a jurisdicciones extranjeras.
La normativa local establece que los ciudadanos venezolanos por nacimiento solo pueden ser juzgados dentro del país, garantizando así la soberanía de su sistema judicial y protegiendo los derechos del imputado mientras se tramitan los expedientes legales.
Restricciones legales y marco constitucional
El artículo 69 de la Constitución de Venezuela establece que ningún venezolano será extraditado si comete delitos fuera del país, asegurando que la justicia se administre dentro de la jurisdicción nacional. Zair Mundaray, exfiscal venezolano, explicó que esta protección aplica tanto a delitos cometidos dentro como fuera del país y que los únicos casos excepcionales corresponden a ciudadanos que adquirieron la nacionalidad después de cometer el crimen.
La solicitud de la Fiscalía colombiana, basada en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, no puede prevalecer sobre la Constitución. En la práctica, esto significa que María Fernanda Delgado, Edison Torres y Eduardo Ramos seguirán detenidos en Venezuela hasta que las autoridades locales decidan sobre la remisión de pruebas a la Fiscalía venezolana para iniciar el proceso judicial correspondiente .
Investigación y medidas de seguridad
Los primeros detenidos, Jesús Hernández y Kelvis Sequera, fueron capturados en Cúcuta y trasladaron a la víctima hasta Apulo, Cundinamarca, donde abandonaron el cuerpo. Ellos sí responderán ante la justicia colombiana. Por su parte, Delgado, Torres y Ramos huyeron hacia Venezuela tras los hechos y fueron arrestados bajo una circular azul de Interpol, que alertaba sobre su búsqueda.
El procedimiento de captura se realizó con apoyo internacional, pero la imposibilidad de extradición limita la jurisdicción colombiana, obligando a que las investigaciones y eventual juicio se desarrollen conforme al sistema venezolano, siempre que los hechos también sean considerados delitos en ese país .
El Código Penal venezolano contempla penas de entre 12 y 18 años para homicidio intencional y hasta 25-30 años si existen agravantes. Sin embargo, delitos como desaparición forzada no aplican para privados de libertad fuera del contexto estatal, y el ocultamiento de pruebas solo es punible si lo comete un tercero.
Las autoridades determinarán si los imputados pueden acceder a un preacuerdo o enfrentar la totalidad de la pena máxima. Mientras tanto, los detenidos permanecen bajo custodia por un período máximo de 60 días mientras se recaban pruebas adicionales y se define la competencia judicial .
Cooperación internacional y perspectivas judiciales
A pesar de la imposibilidad de extradición, la coordinación entre fiscales colombianos y autoridades venezolanas permite remitir el expediente con pruebas y testimonios. Este mecanismo garantiza que el proceso avance y que los imputados sean juzgados conforme a las leyes locales, respetando los derechos humanos y evitando conflictos de jurisdicción.
Expertos legales señalan que este caso refleja la complejidad de perseguir delitos transfronterizos cuando los nacionales de un país son arrestados en su territorio, subrayando la relevancia de tratados internacionales como el de Montevideo y la cooperación consular para asegurar transparencia y justicia .
El caso de Yulixa Toloza ha generado debate sobre la protección de ciudadanos y la efectividad de los mecanismos legales para perseguir delitos que cruzan fronteras, destacando la necesidad de fortalecer los canales de cooperación judicial y evitar vacíos legales que puedan favorecer la impunidad.
Con información de El Espectador
