En medio de las constantes fallas eléctricas que continúan afectando a distintas regiones de Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una propuesta impulsada por el Ejecutivo que busca reorganizar el funcionamiento del sector y atraer nuevas inversiones.
El proyecto fue presentado ante el Parlamento por el diputado oficialista Orlando Miranda, quien explicó que la iniciativa fue consignada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Se trata del quinto instrumento legal promovido por el actual gobierno, después de las reformas relacionadas con hidrocarburos, minería, agilización de trámites administrativos y la Ley de Amnistía.
Según Miranda, la propuesta fue elaborada luego de consultas con gobernadores, alcaldes, empresarios y otros sectores de la sociedad. El legislador aseguró que la reforma está enfocada en tres objetivos principales: fortalecer la protección del sistema eléctrico nacional, garantizar el mantenimiento de la infraestructura y mejorar la atención a los usuarios.
Uno de los cambios más relevantes contempla la incorporación de esquemas de inversión mixta, permitiendo la participación de empresas privadas junto al Estado en actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. De acuerdo con el texto presentado, el Estado mantendrá un rol predominante mediante distintos modelos de participación accionaria y supervisión.
El oficialismo atribuyó las dificultades del sistema eléctrico al incremento de la demanda energética y a las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela. Miranda sostuvo que el modelo actual ha mostrado limitaciones financieras y operativas para responder a las necesidades del país, por lo que considera necesario abrir nuevas fuentes de inversión.
La reforma también establece que las empresas prestadoras del servicio estarán obligadas a indemnizar a los usuarios por fallas eléctricas cuando corresponda. Además, plantea un esquema tarifario que permita una rentabilidad considerada razonable para los inversionistas, vinculada a criterios de eficiencia y calidad del servicio.
Durante el debate parlamentario, representantes de otros sectores políticos respaldaron la iniciativa, aunque recordaron las denuncias de corrupción y la falta de inversión que durante años han afectado al sistema eléctrico. El diputado Ezio Angelini afirmó que más de 100.000 millones de dólares fueron destinados al sector en las últimas décadas sin que se lograran resolver los problemas estructurales que hoy enfrentan los venezolanos.
La propuesta ahora avanzará a una fase de consultas y discusión antes de ser sometida a una segunda aprobación en el Parlamento.
