La reconstrucción de Venezuela comienza bajo el calor sofocante de la costa de La Guaira, donde miles de sobrevivientes intentan reorganizar sus vidas después del doble terremoto del 24 de junio. Tres semanas después de la tragedia, la búsqueda frenética de personas con vida ha dado paso a una etapa marcada por los entierros, los refugios improvisados, la pérdida de viviendas y la incertidumbre sobre la llegada efectiva de la ayuda internacional. Mientras varios equipos extranjeros concluyen sus misiones y abandonan las zonas afectadas, numerosas familias denuncian que ahora deben buscar maquinaria, alimentos y herramientas por sus propios medios.
El olor que emana de algunos sectores cubiertos por escombros recuerda que todavía existen cuerpos sin recuperar. En las escuelas convertidas en albergues, las familias descansan sobre literas instaladas en aulas que antes recibían estudiantes. Los patios sirven como comedores comunitarios y los pasillos almacenan agua, alimentos, ropa y medicinas donadas. La rutina escolar desapareció y en su lugar surgió una organización de emergencia que intenta responder a las necesidades de quienes perdieron todo en cuestión de minutos.
En el cementerio de La Esperanza, decenas de cruces blancas cubren una ladera seca. Allí permanecen más de 300 víctimas cuya identidad todavía no ha podido establecerse. Las autoridades tomaron muestras de ADN, asignaron códigos a los cuerpos y registraron cada tumba con la expectativa de que las familias puedan identificar y recuperar algún día los restos de sus seres queridos.
El silencio también comienza a imponerse en los grupos de WhatsApp creados para buscar desaparecidos. Durante las primeras horas posteriores al desastre, las plataformas se llenaron de nombres, fotografías, números de contacto y ubicaciones. Ahora muchos chats permanecen inactivos. La mayoría de los familiares inició el duelo, aunque algunos todavía se niegan a abandonar las ruinas.
Reconstrucción de Venezuela avanza mientras varias familias mantienen búsquedas independientes
Yerlis Bracamonte, de 24 años, continúa buscando a su prima Fabiana Ramírez entre los restos de un complejo de viviendas sociales. Cada jornada gira en torno a la misma tarea: conseguir herramientas, reunir dinero, coordinar voluntarios y contratar maquinaria que permita mover las placas de concreto.
Bracamonte asegura que las familias han conseguido los equipos mediante donaciones de particulares o con implementos rescatados de sus propias viviendas. Según su testimonio, no han recibido el respaldo oficial que esperaban para mantener las excavaciones en el lugar donde creen que permanecen sus familiares.
Su caso refleja la situación de decenas de personas que todavía acuden a edificios colapsados con fotografías de los desaparecidos, planos improvisados y datos sobre el apartamento donde se encontraban al momento del terremoto. Algunos solicitan a los rescatistas que inspeccionen sectores específicos, pero los equipos internacionales explican que deben cumplir las instrucciones del mando unificado coordinado por el Gobierno.
Las delegaciones procedentes de Colombia, Estados Unidos y países europeos comenzaron a retirarse después de completar las operaciones asignadas. Con su salida disminuye la presencia de especialistas en búsqueda urbana, perros entrenados, cámaras térmicas y equipos capaces de detectar cavidades bajo grandes bloques de concreto.
La reducción de estas misiones internacionales deja a las familias ante una realidad difícil: mantener las excavaciones sin preparación técnica suficiente y con recursos limitados. Muchas personas reconocen los riesgos, pero aseguran que no pueden abandonar el lugar mientras exista la posibilidad de recuperar a sus parientes.
Un informe de Transparencia Venezuela señaló que la mayoría de los sobrevivientes salió de los edificios por sus propios medios o recibió ayuda inmediata de familiares y vecinos. De los 19.861 sobrevivientes registrados en La Guaira, los equipos organizados rescataron a 6.461 personas.
El documento también indicó que cerca del 83 % de esos rescates ocurrió durante las primeras 48 horas posteriores a los movimientos telúricos. En ese periodo, gran parte de la ayuda extranjera todavía no había llegado a las comunidades afectadas. Los datos destacan el papel decisivo que desempeñaron los residentes durante las horas críticas, cuando cada minuto aumentaba o reducía las posibilidades de supervivencia.
Vecinos sin experiencia previa utilizaron barras, cuerdas, martillos y sus propias manos para abrir espacios entre los restos de los edificios. Otros organizaron cadenas humanas, trasladaron heridos y habilitaron vehículos particulares como ambulancias. Aquella respuesta espontánea permitió salvar vidas antes de la llegada de los grupos especializados.
Refugios saturados y fallas en los servicios elevan el riesgo sanitario
La emergencia ya no se concentra únicamente bajo los escombros. Ahora las organizaciones humanitarias advierten sobre una posible segunda crisis provocada por el hacinamiento, las altas temperaturas y las deficiencias en el suministro de agua.
Los refugios instalados en escuelas, parques y espacios públicos reciben a miles de personas desplazadas. En algunos albergues, varias familias comparten una misma aula y dependen de baños diseñados para una población mucho menor. Esta situación dificulta las tareas de higiene y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades.
Los daños en tuberías, estaciones de bombeo y redes de distribución limitan el acceso continuo al agua potable. Las comunidades dependen de camiones cisterna, depósitos temporales y entregas realizadas por organizaciones sociales. Cualquier interrupción afecta la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza de los espacios colectivos.
Las organizaciones presentes en la zona reportan preocupación por enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y padecimientos transmitidos por mosquitos, entre ellos el dengue. Las lluvias, los recipientes utilizados para almacenar agua y la acumulación de desperdicios pueden generar condiciones favorables para la reproducción de vectores.
Los equipos médicos también atienden heridas mal curadas, cuadros de deshidratación, crisis de ansiedad e insomnio. Muchos sobrevivientes reaccionan con temor ante cualquier vibración, ruido fuerte o movimiento de estructuras. Los niños presentan dificultades para dormir, se resisten a separarse de sus padres y recuerdan constantemente el momento del terremoto.
Algunos comercios reabrieron en sectores donde las condiciones lo permiten. Farmacias, pequeños mercados y establecimientos de alimentos ofrecen servicios limitados, aunque enfrentan problemas de abastecimiento y electricidad. La recuperación económica avanza lentamente porque miles de trabajadores perdieron sus negocios, equipos o lugares de empleo.
Las autoridades también aceleran las reparaciones en el aeropuerto internacional de Maiquetía, una infraestructura fundamental para recibir suministros, movilizar personal humanitario y restablecer la conectividad de la región. Los daños obligaron a restringir operaciones y reorganizar vuelos durante la emergencia.
Mientras tanto, el Gobierno identifica terrenos en La Guaira para construir los proyectos que denomina “ciudades antisísmicas”. La propuesta busca trasladar a familias que vivían en zonas vulnerables o en edificios que colapsaron. También contempla la entrega de los primeros 200 apartamentos de reasentamiento en Caracas.
Sin embargo, el tamaño de la tragedia supera ampliamente esa primera respuesta. Miles de personas perdieron sus viviendas y no conocen todavía dónde vivirán de manera permanente. La posibilidad de trasladarse lejos de sus comunidades también genera dudas entre quienes dependían de actividades económicas vinculadas con la costa, el turismo, la pesca o el aeropuerto.
Millones de dólares anunciados aún no se traducen en soluciones inmediatas
La respuesta internacional ha generado numerosos anuncios financieros, pero la distancia entre los compromisos y los desembolsos mantiene la preocupación entre las organizaciones humanitarias.
Según Transparencia Venezuela, hasta el 12 de julio, 133 donantes habían prometido más de 781 millones de dólares para atender la emergencia. Entre los aportantes aparecían Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.
No obstante, el informe indicó que la mayor parte de esos recursos permanecía en fase de anuncio. Al cierre de la evaluación, ninguno de los compromisos figuraba como desembolsado en el Servicio de Seguimiento Financiero de la OCHA.
Esta situación limita la capacidad de las organizaciones para planificar programas de mediano plazo. Los grupos de ayuda necesitan contratos, personal, vehículos, depósitos, medicamentos y suministros que requieren financiamiento constante. Los anuncios públicos no cubren esos gastos mientras el dinero no llegue a las cuentas de los organismos responsables.
Una evaluación de las Naciones Unidas calculó en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos. El organismo advirtió que el impacto económico total podría triplicar esa cantidad al incorporar la pérdida de empleos, la interrupción de actividades productivas, el cierre de empresas y los daños sobre los servicios públicos.
La reconstrucción no se limita a retirar escombros y levantar edificios. También exige recuperar escuelas, hospitales, vías, redes de agua, sistemas eléctricos y fuentes de ingreso. Las familias necesitan apoyo para pagar alquileres, adquirir muebles, reemplazar documentos y recuperar herramientas de trabajo.
Rafael Velásquez García, jefe del equipo de respuesta a emergencias del Comité Internacional de Rescate, advirtió que la atención financiera suele disminuir cuando concluyen las operaciones de búsqueda y desaparecen las cámaras de televisión. Las organizaciones, sin embargo, deben continuar trabajando durante meses para recuperar los medios de vida y acompañar a las comunidades desplazadas.
La retirada de los rescatistas marca el final de una etapa visible, pero no representa el cierre de la emergencia. Los sobrevivientes todavía necesitan agua, atención médica, vivienda, empleo y apoyo psicológico. También necesitan respuestas sobre los desaparecidos y garantías de que las promesas de reconstrucción llegarán a cada comunidad.
La reconstrucción de Venezuela entra así en su fase más larga y compleja. Mientras las cruces aumentan en el cementerio de La Esperanza y los refugios continúan llenos, las familias intentan construir una nueva rutina entre el duelo y la incertidumbre. La atención internacional comienza a disminuir, pero el desastre permanece presente en cada edificio vacío, en cada negocio cerrado y en cada persona que todavía regresa a las ruinas para buscar a alguien que no pudo encontrar.
Con información de Bloomberg
