El retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional comenzó formalmente después de que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez notificara a la Organización de las Naciones Unidas su decisión de denunciar el Estatuto de Roma. La medida no tendrá efectos inmediatos: el artículo 127 del tratado establece que la salida entrará en vigor un año después de que el secretario general de la ONU reciba la comunicación.
Durante ese periodo, el país continuará como Estado parte y conservará sus obligaciones de cooperación con el tribunal. Además, la retirada no eliminará la investigación abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional inicia un proceso de un año
El canciller venezolano, Félix Plasencia, anunció que el Ejecutivo informó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sobre su decisión “firme e irrevocable” de abandonar la Corte Penal Internacional.
El ministro indicó que la medida responde a instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y se ejecutará mediante la denuncia del Estatuto de Roma, instrumento jurídico que creó la CPI y definió sus competencias.
La salida no ocurre automáticamente con el anuncio político. El artículo 127 establece que una denuncia comienza a producir efectos un año después de que el depositario del tratado reciba la notificación.
Este plazo significa que Venezuela seguirá vinculada formalmente al Estatuto de Roma durante los próximos doce meses. En consecuencia, deberá cumplir las obligaciones que le correspondan como integrante del tribunal mientras transcurre ese periodo.
La retirada tampoco borra las responsabilidades adquiridas antes de su entrada en vigor. La propia Asamblea de los Estados Partes ha recordado que un país no queda liberado de las obligaciones que surgieron mientras formó parte del Estatuto. Del mismo modo, la denuncia no impide que la Corte continúe examinando hechos ocurridos durante el periodo en el que el tratado tenía plena vigencia para ese Estado.
El Gobierno venezolano justificó su decisión mediante acusaciones de parcialidad geográfica.
Según Plasencia, la Corte concentra de manera desproporcionada su actividad en países africanos y latinoamericanos, lo que, en su opinión, perjudica a las naciones del denominado Sur Global.
El canciller sostuvo que esa conducta refleja un sistema de justicia internacional aplicado de manera desigual y utilizado para profundizar las diferencias entre los pueblos.
La CPI lamentó la decisión venezolana y señaló que retirarse implica apartarse de un esfuerzo colectivo orientado a combatir la impunidad por los crímenes internacionales más graves.
El tribunal había indicado inicialmente que aún no recibía una notificación formal cuando conoció el anuncio público. Sin embargo, el Gobierno venezolano afirmó que ya había comunicado su decisión a la ONU, institución que actúa como depositaria del Estatuto.
La medida se produce después de varios meses de tensiones entre Caracas y la Corte.
En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional avanzó en la derogación de la ley mediante la cual Venezuela había aprobado el Estatuto de Roma. Aquella acción abrió el camino interno para una eventual separación del tribunal.
El Gobierno también criticó el cierre de la oficina de cooperación que la CPI mantenía en Caracas. El tribunal argumentó entonces que no había logrado avances reales dentro del mecanismo de asistencia técnica acordado con las autoridades venezolanas.
La investigación sobre los hechos de 2017 continuará pese a la salida
La decisión venezolana no detendrá automáticamente la investigación conocida como Venezuela I.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió formalmente ese expediente en 2021 para examinar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios y cuerpos de seguridad durante las protestas antigubernamentales de 2017.
Las manifestaciones de aquel año dejaron alrededor de 200 fallecidos, además de denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución y uso excesivo de la fuerza.
La investigación analiza si esas conductas formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, requisito indispensable para que ciertos hechos puedan calificarse como crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno venezolano intentó detener el procedimiento mediante el principio de complementariedad. Este criterio establece que la CPI solo interviene cuando las instituciones nacionales no quieren o no pueden investigar auténticamente los hechos.
Caracas alegó que sus tribunales ya examinaban las denuncias y que, por tanto, la Corte no debía mantener su intervención. Sin embargo, los jueces autorizaron la continuación de la investigación y posteriormente rechazaron los recursos presentados por Venezuela.
La Fiscalía confirmó en marzo de 2026 que el expediente Venezuela I seguía avanzando y que su trabajo se concentraba en los presuntos delitos cometidos por agentes estatales y otras autoridades.
La salida del Estatuto no cambia la jurisdicción de la Corte sobre hechos ocurridos antes de que el retiro alcance plena vigencia.
Los antecedentes internacionales muestran que un tribunal puede seguir investigando situaciones iniciadas cuando el país todavía pertenecía al sistema. La salida de Filipinas, por ejemplo, no eliminó las actuaciones relacionadas con hechos ocurridos durante su permanencia en el Estatuto.
Por esa razón, la decisión de Caracas tendrá principalmente consecuencias sobre acontecimientos futuros, pero no cerrará el expediente ya abierto.
La CPI conservará su competencia para analizar los presuntos crímenes cometidos mientras Venezuela se encontraba sometida al Estatuto de Roma.
El país también deberá cooperar con procedimientos iniciados antes de que su salida entre en vigor. No obstante, en la práctica, el cumplimiento de solicitudes de información, acceso a documentos o comparecencia de funcionarios dependerá de la disposición de las autoridades venezolanas.
Esta circunstancia puede aumentar las dificultades operativas para la Fiscalía, especialmente si el Ejecutivo decide reducir su colaboración durante el periodo de transición.
La separación tampoco equivale a una sentencia sobre los hechos investigados. La CPI deberá reunir evidencias, identificar responsabilidades individuales y determinar si existen fundamentos suficientes para solicitar órdenes de comparecencia o de arresto.
El tribunal no procesa a Estados ni a gobiernos como instituciones. Su competencia recae sobre personas consideradas responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o agresión.
La salida coincide con una crisis interna y mayores presiones contra la Corte
El anuncio venezolano ocurrió el mismo día en que la Asamblea de los Estados Partes destituyó al fiscal jefe Karim Khan por acusaciones relacionadas con conducta sexual indebida y graves incumplimientos de sus funciones.
Khan negó las acusaciones y afirmó que impugnará la decisión. Su salida, sin embargo, no elimina las investigaciones, solicitudes judiciales ni órdenes promovidas por la Fiscalía durante su gestión.
El cambio en la jefatura puede generar una etapa de reorganización interna, pero el expediente venezolano continuará bajo la responsabilidad de la oficina del fiscal.
La Corte también enfrenta presiones de varios gobiernos que cuestionan su jurisdicción y sus decisiones.
La Administración estadounidense de Donald Trump ha impulsado medidas para aislar al tribunal y limitar su capacidad de actuación, especialmente después de las investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses y autoridades israelíes.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, aunque mantiene una influencia considerable sobre aliados que sí integran la institución.
La posición de Washington y el retiro venezolano responden a contextos diferentes, pero ambos movimientos aumentan la presión política sobre un organismo creado para investigar delitos cuando los sistemas judiciales nacionales no actúan de manera genuina.
La CPI comenzó a funcionar en 2002 y tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Representa el único tribunal penal internacional permanente con capacidad para procesar a individuos por los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional.
Su actuación se basa en el principio de última instancia. La Corte no reemplaza automáticamente a las autoridades nacionales, sino que interviene cuando identifica falta de voluntad o incapacidad para adelantar investigaciones auténticas.
Venezuela también había presentado ante la CPI una denuncia contra las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La Fiscalía cerró ese examen al concluir que no existían elementos suficientes para considerar que esas medidas constituían crímenes de lesa humanidad.
Caracas utilizó esa decisión como otro argumento para acusar al tribunal de mantener criterios desiguales.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que el expediente Venezuela I representa una de las pocas vías internacionales disponibles para establecer responsabilidades individuales por las denuncias de represión.
La retirada puede profundizar el distanciamiento entre el Gobierno venezolano y el sistema internacional de justicia penal, aunque no impedirá que víctimas, familiares, testigos y organizaciones continúen aportando información al tribunal.
El retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional abre así una etapa de incertidumbre jurídica y política, pero no ofrece una vía inmediata para cerrar la investigación sobre los acontecimientos de 2017.
Durante el próximo año, el país seguirá sometido formalmente al Estatuto de Roma. Incluso después de que la salida entre en vigor, la CPI conservará su competencia sobre los presuntos delitos cometidos mientras Venezuela era miembro.
La decisión puede dificultar la cooperación futura, pero no elimina los expedientes, las pruebas recopiladas ni las posibles responsabilidades individuales. El verdadero alcance del retiro dependerá de la respuesta del tribunal, de las acciones que emprenda la Fiscalía y de la capacidad de las víctimas para mantener sus denuncias dentro de un proceso que continuará más allá de la ruptura anunciada por Caracas.
