La organización no gubernamental SOS Orinoco presentó un informe en el que documenta la presencia de 26 Grupos Armados Organizados (GAO) en el sur de Venezuela y advierte sobre la consolidación de una «gobernanza criminal híbrida» en amplias zonas mineras de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y el territorio del Esequibo.
El estudio, titulado «Grupos Armados Organizados (GAO) en la actividad minera al sur del río Orinoco, Venezuela: situación al 2026», señala que estas organizaciones no solo controlan la explotación y comercialización de minerales como el oro, el diamante y el coltán, sino que también ejercen influencia sobre la vida cotidiana de las comunidades, asumiendo funciones que corresponden al Estado.
De acuerdo con la investigación, la presencia de estos grupos fue identificada en 20 de los 21 municipios de la cuenca sur del Orinoco, lo que equivale al 95 % del territorio analizado. La ONG indica que la actividad de los GAO se registra en la totalidad de los municipios de Amazonas y Delta Amacuro, mientras que en Bolívar está presente en nueve de sus diez municipios.
El informe identifica al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), junto con sus distintas facciones y disidencias, como las organizaciones con mayor alcance territorial. Según SOS Orinoco, ambos grupos operan en 16 de los 21 municipios estudiados, equivalente al 76,1 % del área evaluada.
Además, la investigación documenta la presencia de otras estructuras como la Organización 3R, el Sindicato de Juancho y Humbertico, el Tren de Guayana, garimpeiros brasileños, piratas de río, comités indígenas, sindicatos mineros y bandas locales, que conforman una red criminal vinculada principalmente a la minería ilegal.
La ONG sostiene que estas organizaciones financian sus actividades mediante el cobro de extorsiones o «vacunas», el control de la extracción y comercialización de minerales y la imposición de normas dentro de las zonas bajo su influencia. Asimismo, asegura que en algunas comunidades administran mecanismos de «justicia», regulan actividades económicas e incluso participan en la distribución de alimentos, medicinas y el pago de salarios de docentes y personal sanitario.
SOS Orinoco advierte que esta situación ha provocado una pérdida progresiva del control estatal sobre extensas áreas del sur del país, con consecuencias para la soberanía territorial, la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.
Finalmente, el informe busca actualizar el diagnóstico sobre la presencia de grupos armados en la región, analizar sus vínculos con redes de corrupción y documentar presuntas violaciones de derechos humanos. También plantea recomendaciones para el desmantelamiento de estas estructuras en un eventual proceso de transición democrática y justicia transicional.
