Los visados para Estados Unidos tendrán un nuevo requisito para ciudadanos de aproximadamente 50 países, entre ellos Venezuela. A partir del próximo lunes, el Gobierno estadounidense comenzará a exigir fianzas de 10.000, 15.000 o hasta 20.000 dólares a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios (B-1/B-2), como parte de una política orientada a reducir los casos de permanencia irregular en territorio estadounidense.
La medida, oficializada por el Departamento de Estado mediante su publicación en el Registro Federal, amplía un programa piloto iniciado el año pasado y otorga a los funcionarios consulares la facultad de determinar el monto que deberá consignar cada solicitante antes de recibir la autorización para viajar.
Visados para Estados Unidos incorporan fianzas económicas para determinados solicitantes
La nueva disposición forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer los controles migratorios relacionados con las visas de turismo y negocios.
Según el Departamento de Estado, los funcionarios consulares podrán exigir depósitos de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares dependiendo de la evaluación realizada durante el proceso de solicitud.
La medida se aplicará principalmente a ciudadanos de alrededor de cincuenta países considerados dentro del programa piloto, entre ellos varias naciones de África occidental y oriental, además de Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
Las autoridades estadounidenses explicaron que el dinero no constituye un pago adicional por la visa, sino una garantía económica destinada a asegurar que el visitante abandone el país dentro del período autorizado por su permiso migratorio.
Los fondos permanecerán bajo custodia del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado mientras el titular de la visa permanezca en territorio estadounidense.
Una vez que el visitante salga del país dentro del plazo establecido, el Gobierno procederá al reembolso completo de la fianza.
En caso de incumplimiento de las condiciones migratorias o permanencia más allá del tiempo permitido, las autoridades podrán retener el depósito conforme a las disposiciones establecidas en el programa.
La normativa comenzará a aplicarse desde el próximo lunes y representa una ampliación del plan piloto que la administración estadounidense puso en marcha durante agosto del año pasado para evaluar su impacto sobre el comportamiento migratorio de determinados grupos de solicitantes.
Con esta decisión, los consulados dispondrán de un nuevo mecanismo para establecer requisitos adicionales durante la evaluación de las solicitudes de visa.
El Gobierno busca reducir la permanencia irregular y presenta los primeros resultados del programa
La administración estadounidense sostiene que el objetivo principal de esta política consiste en disminuir los índices de permanencia irregular registrados entre ciudadanos de determinados países.
De acuerdo con el Departamento de Estado, algunos visitantes ingresan legalmente con visas de turismo o negocios, pero permanecen en territorio estadounidense una vez vencido el período autorizado de estadía.
Frente a esa situación, el Gobierno considera que las garantías económicas pueden convertirse en un incentivo para cumplir las condiciones establecidas durante el ingreso al país.
Las cifras divulgadas por el propio Departamento de Estado muestran los primeros efectos observados durante el año inicial del programa piloto.
Según el balance oficial, aproximadamente 20.000 personas fueron identificadas para participar en el sistema de fianzas.
De ese grupo, cerca de la mitad decidió abandonar voluntariamente el trámite antes de completar la solicitud de la visa.
Las autoridades también informaron que la aplicación del programa coincidió con una reducción del 83 % en la emisión de visas de turismo y negocios para ciudadanos de los países incluidos en la prueba.
El Gobierno interpreta esos resultados como una señal de que la medida contribuye a disminuir el número de solicitudes consideradas de mayor riesgo migratorio.
La implementación del sistema también modifica parte del proceso habitual de evaluación consular.
A partir de ahora, además de revisar la documentación tradicional relacionada con identidad, solvencia económica y propósito del viaje, los funcionarios podrán determinar la necesidad de exigir una garantía financiera antes de aprobar la visa.
El monto no será uniforme para todos los solicitantes, ya que cada caso podrá recibir una evaluación individual por parte del personal consular.
Con ello, Estados Unidos incorpora un nuevo elemento dentro de su política migratoria para visitantes temporales procedentes de determinados países.
Organizaciones cuestionan la medida por su impacto sobre los solicitantes
Aunque el Gobierno estadounidense defiende el programa como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de las normas migratorias, diversas organizaciones expresaron preocupación por sus posibles efectos.
Colectivos dedicados a la defensa de los derechos de los migrantes consideran que la exigencia de depósitos de hasta 20.000 dólares representa una barrera económica significativa para numerosos ciudadanos que desean utilizar vías legales de ingreso.
Desde esa perspectiva, sostienen que el nuevo requisito podría limitar el acceso a visas de turismo y negocios para personas que cumplen con los demás criterios exigidos, pero que no disponen de los recursos necesarios para constituir la fianza.
Las críticas también apuntan al hecho de que la medida afecta principalmente a países en desarrollo, cuyos ciudadanos podrían enfrentar mayores dificultades para reunir las cantidades exigidas durante el proceso consular.
Para estas organizaciones, el sistema introduce un filtro económico que condiciona el acceso a mecanismos legales de movilidad internacional.
Por su parte, el Gobierno estadounidense mantiene que la medida busca proteger la integridad del sistema migratorio y reducir el número de personas que incumplen las condiciones de permanencia autorizadas por las visas temporales.
El programa continuará desarrollándose inicialmente bajo la modalidad de prueba mientras las autoridades analizan su funcionamiento y los resultados obtenidos en los consulados donde se implemente.
Con la entrada en vigor de esta nueva política, los ciudadanos venezolanos y los nacionales de otros países incluidos deberán considerar un requisito adicional al momento de solicitar visas B-1/B-2 para turismo o negocios. La decisión incorpora un componente financiero al proceso migratorio y refleja el endurecimiento de los controles sobre determinadas categorías de visitantes. Al mismo tiempo, abre un nuevo debate entre quienes respaldan mecanismos más estrictos para garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y quienes consideran que estas exigencias pueden dificultar el acceso a las vías legales de viaje para miles de personas.
Con información de EFE
