El racionamiento de agua y electricidad anunciado por la encargada de la administración venezolana, Delcy Rodríguez, provocó rechazo en distintas regiones del país, donde millones de ciudadanos ya enfrentan apagones prolongados, restricciones impredecibles y semanas sin recibir agua por tuberías.
La petición oficial de reducir el consumo doméstico, comercial y productivo llegó en un momento en el que numerosos hogares permanecen un promedio de seis horas al día sin energía, mientras algunas comunidades rurales soportan interrupciones que superan las doce horas. Para los afectados, el llamado desconoce una realidad marcada por años de deterioro, falta de mantenimiento e incapacidad para garantizar servicios básicos con regularidad.
Racionamiento de agua y electricidad provoca rechazo en comunidades afectadas desde hace años
La reacción ciudadana surgió inmediatamente después de que Delcy Rodríguez pidiera aplicar medidas de ahorro en viviendas, oficinas y sectores productivos para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.
Rodríguez planteó que cada persona debía evaluar qué podía hacer desde su casa o lugar de trabajo para disminuir el consumo de energía y agua. Según explicó, el plan pretende promover una mayor conciencia sobre el uso de los recursos naturales ante un escenario de altas temperaturas, menos lluvias y reducción de las fuentes hídricas.
Sin embargo, habitantes de distintos estados consideran que ya viven sometidos a un ahorro obligatorio debido a las fallas constantes.
Rafael Martínez, comerciante de 45 años y residente del Zulia, aseguró que permanece unas cinco horas diarias sin electricidad y recibe agua aproximadamente cada quince días. Para él, la petición gubernamental carece de sentido porque la población no puede reducir el consumo de servicios que apenas llegan a los hogares.
El Zulia aparece nuevamente entre las regiones más afectadas. En municipios metropolitanos, los apagones suelen extenderse durante unas cinco horas, mientras las zonas rurales, como la Guajira, han registrado cortes continuos de hasta quince horas.
Las interrupciones se producen en medio de temperaturas que alcanzan los 38 grados centígrados. Las familias pierden la posibilidad de utilizar ventiladores o equipos de refrigeración y enfrentan dificultades para conservar alimentos y medicamentos.
Leidys Adán, habitante de Maracaibo, también cuestionó el llamado. Según expresó, los ciudadanos no deberían sufrir estas condiciones en un país con importantes recursos energéticos y petroleros.
En Lara, Alberto Domínguez respondió con ironía a la solicitud oficial. Recordó que los cortes de seis horas diarias ya impiden encender bombillos, electrodomésticos o equipos de trabajo. Desde su perspectiva, la población aporta de forma forzada a cualquier plan de ahorro.
La misma percepción existe en los Valles del Tuy. Alfredo Castro, residente de Ocumare del Tuy, describió un racionamiento sin horarios definidos que afecta simultáneamente la electricidad, el agua y otros servicios.
Castro resumió el malestar con una pregunta que se repite en numerosas comunidades: “Si no hay, ¿cómo vamos a ahorrar lo que nunca tenemos?”.
El problema no se limita a la incomodidad doméstica. Los apagones afectan la productividad, el comercio, la educación, la conectividad y el acceso a la salud. También interrumpen el bombeo de agua, por lo que una falla eléctrica puede desencadenar otra crisis inmediata.
Los cortes afectan la producción, el trabajo y el abastecimiento de agua
En Portuguesa, Ricardo Pérez, vecino del municipio Ospino, afirmó que las interrupciones suelen superar las cinco horas diarias sin importar la época del año.
Pérez explicó que muchas comunidades dependen de pozos para recibir agua. Cuando falla la electricidad, las bombas dejan de funcionar y los habitantes pierden ambos servicios al mismo tiempo.
Esta conexión entre la red eléctrica y el suministro hídrico agrava el impacto sobre las familias. La falta de energía impide llenar tanques, mantener sistemas de presión y garantizar la distribución mediante tuberías.
El estado Bolívar también enfrenta dificultades, aunque allí se concentra más del 70 % de la generación hidroeléctrica nacional mediante las centrales Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.
Para los residentes de esa entidad, resulta contradictorio vivir rodeados de grandes instalaciones energéticas y, al mismo tiempo, padecer interrupciones prolongadas.
Rosario Pernía, habitante de El Callao, cuestionó que una zona rica en minerales y con una importante actividad aurífera no disponga de un suministro estable.
El alcalde Coromoto Lugo atribuyó parte de las fallas a un transformador que se instaló hace tres décadas para atender a una población de unos 100.000 habitantes. Actualmente, según indicó, la zona supera las 400.000 personas.
Lugo explicó que reemplazar el equipo requería una inversión de aproximadamente 25 millones de dólares, una cantidad equivalente a unos 180 kilogramos de oro. También sostuvo que El Callao produce miles de kilogramos del mineral cada mes, lo que aumenta el reclamo por una solución.
En Mérida, Citlalli Guillén, nutricionista y emprendedora digital, señaló que los apagones interrumpen su trabajo durante al menos cinco horas. Su único respaldo consiste en un pequeño sistema de alimentación para mantener el servicio de internet durante un tiempo limitado.
Guillén considera que la productividad en la ciudad disminuyó debido a la duración de los cortes. Los comercios pierden ventas, los emprendedores interrumpen sus actividades y quienes trabajan a distancia no pueden cumplir horarios.
Las plantas eléctricas y los sistemas de respaldo representan una alternativa solo para quienes pueden pagar combustibles, mantenimiento y equipos. La mayoría de las familias no dispone de esos recursos.
Los cortes también dañan electrodomésticos y equipos electrónicos por las variaciones de voltaje. En el sector comercial, las pérdidas incluyen mercancía refrigerada, alimentos y productos que necesitan condiciones especiales de almacenamiento.
El llamado al ahorro ocurre, además, en medio de planes para aumentar la producción petrolera en algunas zonas del país. Ese objetivo exige energía suficiente para operar instalaciones, plantas y servicios asociados.
La contradicción entre el crecimiento proyectado y la falta de megavatios revela uno de los principales desafíos para la recuperación económica: ningún sector puede ampliar su capacidad sin un sistema eléctrico estable.
El déficit de generación expone años de deterioro y falta de mantenimiento
Los racionamientos no comenzaron con el reciente anuncio. Venezuela arrastra una crisis eléctrica prolongada que se intensificó nuevamente en marzo de 2026.
En ese momento, la administración de Delcy Rodríguez presentó un Plan Especial de Ahorro Energético con una duración inicial de 45 días. El Gobierno atribuyó la medida al paso perpendicular de los rayos solares sobre el territorio nacional.
Aunque el plazo terminó, los cortes continuaron en diversas regiones.
Ahora, la administración relaciona las restricciones con los posibles efectos de El Niño. Rodríguez advirtió sobre un aumento de temperaturas, menos lluvias y reducción de las fuentes hídricas entre agosto y comienzos de 2027.
Sin embargo, reportes del sector eléctrico indican que el problema central radica en la incapacidad de la Corporación Eléctrica Nacional para cubrir una demanda cercana a los 13.000 megavatios.
El déficit se agravó después de los terremotos del 24 de junio. La termoeléctrica Termocarabobo perdió 600 megavatios de generación y, hasta ahora, solo logró recuperar la mitad.
El sistema dispone de plantas térmicas con capacidad suficiente sobre el papel, pero muchas permanecen fuera de servicio por averías, falta de mantenimiento y, en menor medida, problemas de combustible.
La generación térmica ronda los 2.500 megavatios, una cifra muy inferior a la capacidad instalada y a las necesidades nacionales.
Este escenario obliga a depender en gran medida de las centrales hidroeléctricas. Cuando bajan los niveles de agua o aumenta la demanda, las autoridades aplican restricciones para evitar una falla mayor.
La administración anunció durante los últimos meses memorandos de entendimiento con empresas internacionales para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, los proyectos necesitarán meses e incluso años para producir resultados visibles.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John M. Barrett, informó que realizó una visita técnica a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri, junto con expertos del Departamento de Energía estadounidense.
La inspección buscó elaborar un diagnóstico y definir una ruta para modernizar el sistema. De acuerdo con Barrett, el trabajo conjunto forma parte de un plan estratégico orientado a impulsar la recuperación económica.
No obstante, esas evaluaciones no ofrecen una solución inmediata para los hogares que enfrentan cortes diarios. Mientras avanzan los diagnósticos, las comunidades continúan dependiendo de cronogramas inciertos y reparaciones temporales.
El malestar nacional no surge únicamente por la petición de reducir el consumo. También responde a la percepción de que las autoridades trasladan a los ciudadanos la responsabilidad de una crisis que tiene causas estructurales.
Ahorrar energía puede ayudar durante períodos críticos, pero no sustituye la inversión en generación, transmisión, distribución y mantenimiento.
La recuperación requiere rehabilitar plantas térmicas, sustituir transformadores, modernizar subestaciones y reforzar las redes regionales. También necesita información pública sobre la capacidad disponible, los horarios de los cortes y los planes de reparación.
En el caso del agua, resulta indispensable garantizar energía para los sistemas de bombeo y mejorar las redes que presentan fugas o daños acumulados.
Los venezolanos consultados no rechazan el uso responsable de los recursos. Cuestionan que se les pida disminuir un consumo que ya se encuentra limitado por interrupciones prolongadas.
Para muchas familias, el ahorro no constituye una elección consciente, sino una consecuencia de la ausencia del servicio.
La indignación se resume en una frase que atraviesa el país: no se puede ahorrar lo que nunca llega. Mientras el Gobierno presenta nuevos planes y atribuye la contingencia al clima, los ciudadanos esperan medidas que recuperen la capacidad eléctrica y garanticen agua con regularidad.
El desafío no consiste solamente en pedir menos consumo, sino en reconstruir un sistema capaz de ofrecer servicios básicos de forma continua. Hasta que eso ocurra, cada nuevo llamado al ahorro encontrará la misma respuesta en hogares, comercios y comunidades: los venezolanos llevan años racionando por obligación.
Ayer estuve en la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EE.UU. (@ENERGY), quienes se encuentran en Venezuela. Con el apoyo del @StateDept, y en coordinación con @minenergia_ve y @CorpoelecInfo, el equipo… pic.twitter.com/Fqq9y13bSF
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 3, 2026
Con información de El Pitazo
