Los diálogos con la oposición han acompañado buena parte de la historia política venezolana durante las últimas dos décadas. Desde el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 hasta el nuevo proceso de negociación que comenzó en agosto de 2026, el país ha sido escenario de numerosas mesas de conversación impulsadas por distintos gobiernos, organismos internacionales y representantes opositores. Aunque cada proceso surgió en contextos diferentes, todos compartieron el objetivo de buscar una salida a las crisis políticas, institucionales y sociales que marcaron cada etapa del país.
A lo largo de estos años participaron mediadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Reino de Noruega y diversos gobiernos de la región. Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos terminó sin acuerdos definitivos o con compromisos que posteriormente generaron controversias por su cumplimiento.
El nuevo proceso de negociación se desarrolla bajo un escenario distinto al de las experiencias anteriores, con la participación de delegaciones del chavismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015, además del acompañamiento de Estados Unidos. No obstante, el recorrido histórico de las conversaciones explica por qué diversos analistas consideran que las expectativas continúan siendo moderadas mientras ambas partes vuelven a sentarse en una mesa de diálogo.
Diálogos con la oposición: de la crisis de 2002 al referéndum revocatorio
El primer gran proceso de negociación comenzó poco después del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Tras recuperar el poder, el entonces presidente convocó conversaciones con distintos sectores de la oposición para reducir la confrontación política que atravesaba el país. La Organización de Estados Americanos, dirigida entonces por César Gaviria, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asumieron el papel de facilitadores de aquella iniciativa.
Las reuniones se desarrollaron principalmente en el Hotel Meliá Caracas en medio de un ambiente caracterizado por movilizaciones, alta polarización y denuncias sobre ataques contra medios de comunicación. Después de aproximadamente seis meses de conversaciones, ambas partes firmaron el denominado Acuerdo de Mayo de 2003, documento que estableció las bases para la realización del referéndum revocatorio contra Hugo Chávez y destacó la necesidad de contar con un Consejo Nacional Electoral imparcial y una salida constitucional al conflicto.
El acuerdo incluyó diecinueve puntos orientados principalmente a garantizar la consulta popular y fortalecer la institucionalidad electoral. Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso generó nuevas controversias. En 2004 Chávez obtuvo la victoria en el referéndum, mientras sectores de la oposición denunciaron irregularidades y cuestionaron los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Uno de los episodios más recordados de esa etapa fue la aparición de la denominada Lista Tascón, elaborada a partir de las firmas recogidas para solicitar el revocatorio presidencial. Diversos sectores denunciaron posteriormente que esa base de datos fue utilizada para discriminar y perseguir políticamente a ciudadanos que respaldaron el mecanismo constitucional.
Aquella primera experiencia dejó una huella importante dentro de la política venezolana. Aunque permitió concretar un proceso electoral previsto en la Constitución, también dio origen a nuevas tensiones que marcarían los siguientes intentos de negociación.
Nuevas mesas de negociación marcaron la etapa de Nicolás Maduro
Tras la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia en 2013, Venezuela volvió a experimentar nuevos procesos de diálogo en medio de una creciente conflictividad política. Las protestas conocidas como «La Salida», que dejaron decenas de fallecidos y cientos de detenidos, impulsaron la instalación de conversaciones en el Palacio de Miraflores con la participación de Unasur y, por primera vez, del Vaticano como acompañante internacional.
En esas reuniones participaron representantes del gobierno encabezados por Maduro, Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y Elías Jaua, mientras que la oposición estuvo integrada por Henrique Capriles, Henri Falcón y Ramón Guillermo Aveledo, entre otros dirigentes. Pese a las expectativas iniciales, el proceso concluyó sin acuerdos concretos después de que la oposición denunciara la falta de avances sobre los principales temas planteados.
Dos años después se abrió una nueva etapa de conversaciones con el respaldo del Vaticano, Unasur y varios expresidentes latinoamericanos. El Hotel Meliá Caracas volvió a convertirse en sede de las negociaciones, pero el proceso se vio afectado por la suspensión del referéndum revocatorio contra Maduro luego de decisiones judiciales y administrativas relacionadas con la recolección de firmas. Finalmente, esa mesa también quedó sin resultados.
Posteriormente, las conversaciones se trasladaron a República Dominicana entre 2016 y 2017 con la mediación del presidente Danilo Medina y el acompañamiento de distintos países. Sin embargo, tampoco se alcanzó un acuerdo definitivo. La oposición rechazó la propuesta oficial de adelantar las elecciones presidenciales, mientras el gobierno convocó posteriormente los comicios de 2018, cuyos resultados fueron desconocidos por amplios sectores opositores y por parte de la comunidad internacional.
Esa etapa estuvo marcada además por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y por decisiones que redujeron las competencias del Parlamento controlado por la oposición, profundizando la confrontación política existente.
México, Barbados y el nuevo proceso de negociación hacia 2026
Con el reconocimiento internacional del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, las negociaciones volvieron a reactivarse a partir de 2021 bajo la mediación del Reino de Noruega. México se convirtió en la principal sede de las conversaciones entre el chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática, representada por Gerardo Blyde, mientras Jorge Rodríguez encabezó nuevamente la delegación oficialista.
Durante esa etapa se alcanzaron algunos acuerdos parciales. Uno de los más relevantes fue el Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre de 2022, que contempló la creación de un fondo administrado por Naciones Unidas para canalizar recursos destinados a sectores como salud y educación. Paralelamente, Estados Unidos flexibilizó algunas sanciones relacionadas con la operación de Chevron como incentivo para mantener el proceso de negociación.
En 2023 las partes firmaron el Acuerdo de Barbados, que permitió la realización de las elecciones primarias de la oposición y contempló la revisión de las inhabilitaciones políticas. No obstante, meses después el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la inhabilitación de María Corina Machado y otros dirigentes opositores, mientras avanzaba el cronograma para las elecciones presidenciales de 2024.
Tras esos comicios, el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin publicar las actas electorales, mientras la oposición aseguró haber obtenido documentos que demostraban el triunfo de Edmundo González Urrutia. La situación derivó en nuevas protestas, detenciones y un incremento de la crisis política que marcó los meses siguientes.
Ahora, en 2026, el chavismo y la oposición vuelven a instalar una nueva mesa de negociación con el acompañamiento de Estados Unidos dentro de una estrategia orientada hacia una eventual transición política. La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 está encabezada por Dinorah Figuera junto a dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, mientras que el oficialismo designó como principales representantes a Jorge Rodríguez, Pedro Infante, Jorge Arreaza, Génesis Garvett, América Pérez y la ministra Ana María San Juan. Entre los temas anunciados para esta nueva etapa figuran la atención a las víctimas de los terremotos, el fortalecimiento de la democracia y las garantías políticas. Una de las principales ausencias en estas conversaciones es la de María Corina Machado, quien no forma parte de la delegación opositora seleccionada para este proceso.
El historial acumulado desde 2002 muestra que cada proceso de diálogo ha estado condicionado por el contexto político del momento y por la capacidad de las partes para sostener los acuerdos alcanzados. Ese antecedente explica la cautela con la que diversos sectores observan el desarrollo de la nueva negociación, cuyo éxito dependerá de la implementación efectiva de los compromisos que eventualmente logren consolidarse durante esta nueva etapa.
Con información de El Pitazo
