Las recientes declaraciones públicas del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que ha promovido la organización armada de “guardias” o estructuras comunitarias para “ la defensa de los territorios”, han suscitado un profundo debate jurídico e institucional en Colombia. El propio presidente ha sostenido en otros distintos momentos que “ esas organizaciones serían pacíficas y desarmadas”, mientras que diversos sectores han cuestionado el alcance y las implicaciones de ese discurso. (Presidencia)
Más allá de las interpretaciones políticas, existe un principio constitucional que no admite ambigüedades:
“ el monopolio legítimo del uso de la fuerza y de las armas corresponde al Estado, ejercido a través de las instituciones previstas por la Constitución y la ley. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son las instituciones llamadas a garantizar la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la convivencia y el orden constitucional”.
Por esa razón, cualquier mensaje emitido desde la más alta magistratura de la Nación , que pueda ser entendido como una invitación a subvertir, sustituir, desplazar o confundir las funciones propias del Estado y de la Fuerza Pública debe ser examinado con el máximo rigor institucional.
La autoridad presidencial impone un deber especial de prudencia, precisamente porque sus palabras tienen efectos de autoridad legal , que trascienden el debate político ordinario.
En un Estado de Derecho, ninguna causa política, por legítima que sus promotores la consideren, puede justificar actuaciones al margen de la Constitución y las leyes.
La democracia colombiana dispone de mecanismos institucionales para la participación ciudadana, la protesta pacífica, el control político y la defensa de los derechos. Esos son los instrumentos que fortalecen la República.
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a los organismos de control y, en su caso, a los jueces de la República determinar, con plena independencia y respeto al debido proceso, si las declaraciones o actuaciones de cualquier servidor público pueden tener consecuencias jurídicas. Esa valoración debe hacerse conforme a la Constitución y la ley, sin presiones políticas y con absoluto respeto por la institucionalidad.
Hacemos un llamado a todos los colombianos, sin distinción de ideologías, a preservar la paz, rechazar toda forma de violencia y defender el orden constitucional. La fortaleza de Colombia reside en sus instituciones, en la vigencia de la Constitución Política y en el respeto por la ley.
La historia demuestra que cuando el Estado de Derecho se debilita, pierde toda la Nación. Cuando la Constitución se respeta, ganan la libertad, la democracia y la paz.
