El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos entró nuevamente en el ojo del huracán legal, luego de que el Noveno Circuito de Apelaciones en Pasadena, California, celebrara una audiencia clave que podría frenar los intentos de la Administración Trump por eliminar este beneficio migratorio. La sesión puso en evidencia las dudas de los magistrados respecto a la legalidad y motivaciones del abrupto fin del programa, especialmente considerando la reciente prórroga otorgada por el gobierno de Joe Biden.
Interrogantes sobre el cambio de criterio
Durante la audiencia, la jueza Kim McLane Wardlaw cuestionó duramente la rapidez con la que el nuevo Ejecutivo anuló el TPS tras la salida de la administración anterior. “¿Cómo pueden haber cambiado las condiciones de Venezuela en solo dos semanas?”, preguntó, haciendo referencia a la decisión tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, apenas días después de asumir el cargo.
El Departamento de Justicia, representado por el abogado Drew Ensign, defendió la autoridad del gobierno para revertir decisiones anteriores, aunque admitió que el respaldo argumental de la administración Trump se basó en calificar la medida de Biden como “pobremente sustentada”.
Jueces apuntan a posibles motivaciones discriminatorias
Más allá de lo técnico, los jueces dejaron entrever que el cese del TPS pudo estar influenciado por actitudes prejuiciosas. Uno de los magistrados mencionó expresiones “posiblemente racistas” atribuidas al expresidente Trump y a Noem, lo que daría peso a la demanda interpuesta por organizaciones migratorias que califican la revocatoria como arbitraria y movida por animadversión racial.
El juez Anthony Johnstone subrayó que el proceso no puede disfrazarse de revisión de política pública si no existen fundamentos jurídicos claros. En esa línea, se mostró escéptico ante la legalidad de la medida impulsada por la Casa Blanca en su nuevo mandato.
Esperanza para los beneficiarios del programa
Las reacciones de los representantes legales de los inmigrantes no se hicieron esperar. Jessica Bansal, abogada de la Alianza Nacional de TPS, aseguró que confían en la fortaleza de sus argumentos y que persistirán en su lucha legal para mantener la protección temporal para miles de venezolanos y haitianos.
“El intento de anulación fue arbitrario e ilegal. Esta batalla no ha terminado”, afirmó, dejando claro que el litigio podría escalar hasta la Corte Suprema si el gobierno apela un eventual revés judicial.
El futuro del TPS, entre tribunales y decisiones políticas
El caso se produce en un contexto tenso, ya que la Corte Suprema ya había suspendido en mayo una orden de un juez en San Francisco que había bloqueado la cancelación del TPS. Mientras tanto, cerca de 350.000 venezolanos amparados por este estatus siguen esperando definiciones que marcarán su estabilidad legal en Estados Unidos.
La decisión del Noveno Circuito no solo definirá el futuro inmediato de miles de familias, sino que podría sentar un precedente sobre cómo deben manejarse los cambios en políticas migratorias sensibles y con implicaciones humanitarias.
