Hija de «El Koki» denuncia presuntos vínculos entre la megabanda de la Cota 905 y el Gobierno de Nicolás Maduro

Yarian Revete aseguró que personas vinculadas con el chavismo suministraron armas y protección a la organización criminal que dirigía su padre en Caracas. Durante una entrevista con Luis Olavarrieta, afirmó que el Gobierno pretendía utilizar a la banda como apoyo ante una intervención extranjera o un golpe de Estado, aunque no presentó documentos que respaldaran sus acusaciones

 Yarian Revete, hija del fallecido cabecilla criminal Carlos Luis Revete, conocido como «El Koki», denunció presuntos vínculos entre la megabanda de la Cota 905 y personas relacionadas con el Gobierno de Nicolás Maduro. Durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, publicada el 14 de noviembre, la joven aseguró que su padre recibía visitas frecuentes de representantes del oficialismo, quienes presuntamente facilitaban armamento y protección a la organización.

Revete afirmó que conocía los nombres de algunas personas involucradas, pero evitó identificarlas por motivos de seguridad. Según su versión, el chavismo buscaba mantener una fuerza armada adicional que pudiera intervenir ante una eventual invasión estadounidense o un intento de derrocamiento. La entrevistada sostuvo que el acuerdo permitió a la banda ampliar su influencia territorial, aunque posteriormente surgieron enfrentamientos que terminaron con la ruptura de esa presunta relación.

El Koki habría recibido apoyo del chavismo para mantener una fuerza armada

La hija del dirigente criminal aseguró que los contactos con personas cercanas al Gobierno ocurrían de manera constante.

Durante la conversación, Olavarrieta preguntó por el origen de los fusiles, lanzacohetes y otros equipos que utilizaba la organización.

Revete atribuyó ese respaldo a personas vinculadas con la administración de Maduro y explicó que el supuesto objetivo consistía en disponer de un segundo frente armado ante una crisis política o militar.

También afirmó que las autoridades habrían ofrecido protección frente a posibles operaciones policiales.

Sin embargo, sus declaraciones constituyen un testimonio personal y no incluyen pruebas documentales que permitan confirmar la identidad de los presuntos responsables.

Las zonas de paz facilitaron el crecimiento de grupos criminales en Caracas

El relato coincide parcialmente con investigaciones anteriores sobre las llamadas zonas de paz, una política que comenzó en 2013.

Según InSight Crime, la retirada de funcionarios policiales de determinados sectores permitió que organizaciones delictivas ampliaran su control territorial y sus actividades ilegales.

La Cota 905 se convirtió en uno de los principales ejemplos de esta situación, mientras la banda de Revete extendía su influencia hacia otras comunidades caraqueñas.

Las tensiones aumentaron en 2021, cuando el grupo intentó expandirse hacia La Vega y protagonizó enfrentamientos con organismos de seguridad.

La respuesta policial culminó con una operación de gran escala que provocó numerosas muertes y obligó a varios integrantes de la organización a abandonar el sector.

Yarian Revete cuestiona la actuación policial y la muerte de su padre

La joven también denunció presuntos abusos de funcionarios durante los operativos de 2021, incluidos homicidios de personas que, según su testimonio, no pertenecían a la banda.

Asimismo, relató que las autoridades la mantuvieron detenida durante varias semanas y la presionaron para obtener información sobre el paradero de su padre.

Carlos Luis Revete murió el 8 de febrero de 2022 en Las Tejerías, estado Aragua. Las autoridades afirmaron entonces que falleció durante un enfrentamiento policial.

Su hija cuestionó esa versión y sostuvo que una persona cercana le disparó para facilitar su captura.

En septiembre de 2026, una misión de Naciones Unidas documentó vínculos entre organismos estatales y grupos civiles armados conocidos como colectivos, aunque su investigación no demuestra específicamente las acusaciones sobre la banda de la Cota 905.

Las declaraciones de Revete reabren el debate sobre la posible colaboración entre funcionarios públicos y estructuras criminales, así como la necesidad de investigar sus responsabilidades.

Con información de La Patilla

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