La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas tras detectar serias irregularidades en la contratación para la producción de pasaportes en Colombia. Durante una visita reciente a la sede de la Imprenta Nacional, el organismo de control evidenció deficiencias que podrían comprometer tanto la legalidad como la eficacia del convenio suscrito con una empresa extranjera.
El informe preliminar expone posibles omisiones administrativas, técnicas y fiscales que ponen en entredicho la transparencia del proceso.
Falta de rigor en la contratación
Durante la inspección, los delegados constataron la ausencia de documentos esenciales para justificar las decisiones adoptadas en la selección del proveedor encargado de la impresión y distribución de pasaportes. No se encontraron análisis jurídicos ni estudios técnicos que respalden el contrato suscrito con la firma portuguesa, lo que supone un incumplimiento del reglamento de contratación vigente en la Imprenta Nacional.
Además, se evidenció que no se aplicaron los lineamientos establecidos en el manual institucional para escoger al contratista, dejando sin sustento legal la contratación de un servicio clave para millones de colombianos.
Proyecciones presupuestales sin respaldo
Uno de los hallazgos más inquietantes es la intención de proyectar recursos hasta el año 2036 sin haber obtenido la autorización correspondiente del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) ni contar con un documento CONPES. Estas omisiones representan una transgresión directa al Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo cual podría acarrear consecuencias fiscales y administrativas para los responsables.
Este tipo de planificación, sin soporte técnico ni aprobación oficial, revela una gestión financiera frágil e improvisada.
Falta de comunicación interna
El ente de control también verificó que la Junta Directiva de la Imprenta Nacional no fue debidamente informada ni participó de manera activa en las decisiones de fondo relacionadas con este proceso. Esta exclusión vulnera principios fundamentales de gobernanza institucional como la responsabilidad colectiva, la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública.
La ausencia de mecanismos adecuados de deliberación interna agrava aún más las preocupaciones alrededor de este contrato estratégico.
Posibles consecuencias disciplinarias
La Procuraduría fue enfática al señalar que, de confirmarse la existencia de faltas por parte de servidores públicos, se abrirán los procesos sancionatorios correspondientes conforme al marco jurídico vigente. El conjunto de inconsistencias detectadas apunta a una planificación deficiente, que podría repercutir en la calidad y continuidad del servicio de expedición de pasaportes.
Esta advertencia se suma a una serie de intervenciones recientes del organismo, orientadas a garantizar el uso correcto de los recursos públicos y el respeto por los principios constitucionales que rigen la contratación estatal.
