La libertad, la soberanía y la reconstrucción nacional de Venezuela.
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.”
Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Hace doscientos quince años, los fundadores de la República firmaron el Acta de Independencia de Venezuela y proclamaron ante el mundo el derecho irrenunciable de nuestro pueblo a gobernarse con libertad, dignidad y soberanía.
Aquella generación conquistó la independencia política de la Nación.
A la nuestra le corresponde una misión igualmente trascendental: rescatar la República, restablecer plenamente el Estado de Derecho, proteger la vida de los venezolanos y reconstruir las instituciones democráticas que hagan posible la paz, la libertad, la justicia y el progreso.
Hoy Venezuela atraviesa una de las etapas más dolorosas de su historia contemporánea.
A la prolongada crisis institucional, económica y social se ha sumado una tragedia humanitaria provocada por los recientes terremotos que han dejado miles de fallecidos, miles de heridos, personas desaparecidas, comunidades devastadas, infraestructura destruida y decenas de miles de familias afectadas. Más allá de las cifras, cada vida perdida representa una tragedia irreparable para la Nación.
En medio de esta emergencia ha quedado en evidencia la enorme fragilidad institucional del Estado para responder con la rapidez, coordinación y eficacia que una situación de esta magnitud exige.
Pero también ha quedado en evidencia algo mucho más grande.
Ha quedado demostrada la inmensa fortaleza moral del pueblo venezolano.
Allí donde faltaron respuestas institucionales aparecieron los ciudadanos.
Los trabajadores, médicos, enfermeros, bomberos, rescatistas, voluntarios, iglesias, universidades, empresarios, organizaciones sociales y miles de venezolanos anónimos se convirtieron en la primera línea de solidaridad, demostrando que la mayor riqueza de Venezuela no está en sus recursos naturales, sino en la dignidad y la resiliencia de su gente.
Ese pueblo se niega a desaparecer.
Se niega a rendirse.
Se niega a perder la esperanza.
Los trabajadores venezolanos conocemos el valor del esfuerzo. Sabemos lo que significa levantar una empresa, construir una escuela, mantener un hospital, sembrar la tierra, sostener una familia y dedicar toda una vida al progreso del país. Por ello también conocemos el inmenso dolor que produce contemplar la destrucción de una Nación y la angustia de millones de compatriotas que han debido partir al exilio o sobrevivir en condiciones cada vez más difíciles.
No formulamos esta declaración movidos por intereses partidistas ni por aspiraciones personales.
La formulamos desde la responsabilidad ciudadana, desde el respeto a la Constitución y desde el profundo amor por Venezuela.
La Constitución no constituye únicamente un catálogo de derechos; representa el pacto fundamental de convivencia de la República y el mandato que obliga a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos.
Los artículos 2, 3 y 5 consagran a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; establecen que la protección de la persona humana constituye uno de los fines esenciales del Estado y reconocen que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo.
Los artículos 25 y 138 disponen la nulidad de los actos dictados con violación de la Constitución o mediante usurpación de funciones.
Los artículos 51, 57, 62, 68 y 70 garantizan el derecho de los ciudadanos a participar activamente en los asuntos públicos y a contribuir a la construcción del destino nacional.
Los artículos 95, 96 y 97 reconocen el papel histórico de las organizaciones de trabajadores como protagonistas de la vida democrática de la República.
El artículo 333 impone a todos los venezolanos el deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución.
Y el artículo 350 reconoce el derecho del pueblo venezolano a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los principios democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Es precisamente desde esos principios constitucionales que elevamos nuestra voz.
No convocamos al enfrentamiento entre venezolanos.
No promovemos la violencia.
No alentamos el odio ni la revancha.
Convocamos a la reconstrucción de la República mediante una salida constitucional, democrática, pacífica, institucional y ampliamente participativa.
La libertad comienza por la libertad de quienes permanecen privados de ella por motivos políticos. La liberación de las personas detenidas por razones políticas, civiles y militares, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos, constituye un paso indispensable para abrir un verdadero camino de reconciliación nacional.
Del mismo modo, Venezuela debe abrir las puertas al regreso seguro y sin represalias de los millones de compatriotas que hoy viven en el exilio o la diáspora. Ninguna reconstrucción nacional será completa mientras una parte de la Nación permanezca obligada a vivir lejos de su tierra.
No se puede reconstruir la Nación con quienes la condujeron a su destrucción.
Ello no significa promover exclusiones ni venganzas. Significa asumir el principio democrático de responsabilidad pública. La reconstrucción exige un liderazgo con autoridad moral, independencia, capacidad técnica y credibilidad ante los venezolanos y la comunidad internacional.
Por ello proponemos un gran acuerdo nacional que permita conformar un Gobierno de Emergencia Nacional, de carácter excepcional y transitorio, integrado por ciudadanos y ciudadanas de reconocida solvencia moral, cuya misión sea proteger la vida, coordinar la asistencia humanitaria, restablecer el funcionamiento efectivo de las instituciones, recuperar la confianza pública y crear las condiciones para el pleno restablecimiento del orden constitucional.
Ese gobierno no debe sustituir la voluntad soberana del pueblo.
Debe preparar el camino para que sea el pueblo quien vuelva a decidir libremente su destino.
Por ello proponemos el establecimiento inmediato de una ruta electoral creíble, verificable y transparente, sustentada en garantías constitucionales efectivas, un organismo electoral que genere confianza, observación nacional e internacional independiente, actualización del registro electoral, pleno ejercicio del voto de los venezolanos residentes en el exterior y condiciones que permitan la participación política en libertad, conforme al marco constitucional y legal aplicable.
La recuperación de la democracia exige también el regreso seguro de los dirigentes políticos exiliados y la eliminación de los obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos políticos de quienes aspiren legítimamente a someterse al juicio soberano de los ciudadanos.
Solo unas elecciones auténticamente libres podrán otorgar a las futuras instituciones la legitimidad necesaria para conducir la reconstrucción nacional.
Expresamos nuestro reconocimiento a los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones humanitarias, iglesias, universidades y ciudadanos del mundo que han acompañado al pueblo venezolano en estas horas de dolor. Invitamos a la comunidad internacional a continuar respaldando la recuperación del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la reconstrucción democrática de nuestra República.
Este no es el manifiesto de un partido político.
Es un llamado a la conciencia nacional.
Es la voz de ciudadanos que creemos que la Constitución sigue siendo el punto de encuentro de todos los venezolanos.
Creemos que Venezuela puede reconciliarse consigo misma.
Creemos que la libertad puede recuperarse.
Creemos que la democracia puede renacer.
Creemos que la República puede reconstruirse.
Y creemos, sobre todo, que un pueblo que no renuncia a su dignidad jamás renuncia a su futuro.
Que el espíritu del 5 de julio de 1811 vuelva a inspirar a Venezuela.
Que prevalezca la verdad.
Que prevalezca la justicia.
Que prevalezca la Constitución.
Que prevalezca la República.
Que prevalezca Venezuela.
Firmamos CTV y coalición Sindical Nacional
Carlos Ortega, Carlos Salazar y Jose Patines
