Un nuevo episodio de tensión se vive en el sistema penitenciario venezolano tras conocerse el traslado de al menos diez presos políticos desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hacia el centro penitenciario Yare II. La información, difundida por la periodista Sebastiana Barráez, generó alarma entre familiares y defensores de derechos humanos que denuncian la falta de notificación oficial y la posible vulneración del debido proceso.
Traslado sin notificación previa
De acuerdo con Barráez, entre los reclusos movilizados se encuentran el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres y el joven tachirense Raúl Amiel Hevia. Ambos permanecían en El Helicoide por su activismo político y social. El cambio de lugar de detención se realizó sin aviso a parientes ni representantes legales, práctica que ha sido cuestionada por diversas organizaciones.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió que las autoridades realizan traslados sin informar a los abogados defensores, lo que constituye una violación a los derechos fundamentales de los detenidos. Tanto el Foro Penal como el Instituto Casla han documentado un patrón de movimientos irregulares en las últimas semanas, que dificulta la defensa legal y agrava la incertidumbre de las familias.
Historias de detención arbitraria
El caso de Raúl Amiel Hevia refleja la gravedad de estas acciones. El joven, diseñador y vendedor en línea, fue arrestado la noche del 5 de mayo en su vivienda en San Cristóbal, Táchira. Testigos relataron que hombres armados vestidos de negro lo golpearon antes de entregarlo a funcionarios del Sebin, quienes lo subieron a un vehículo sin identificación oficial.
Por su parte, Eduardo Torres, abogado laboralista y miembro de la ONG Provea, desapareció el 9 de mayo en Caracas después de una reunión en Parque Central. Su familia denunció su desaparición forzada hasta que el fiscal general lo vinculó a una presunta “trama conspirativa” para generar violencia durante las elecciones del 25 de mayo, acusación que no fue respaldada con pruebas.
Preocupación de la sociedad civil
El traslado a Yare II, una de las cárceles más emblemáticas de Venezuela, refuerza las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el país. Activistas y observadores internacionales sostienen que estas acciones aumentan el aislamiento de los presos políticos, limitan su acceso a abogados y dificultan la supervisión de su estado de salud. Las familias, por su parte, exigen información clara y garantías para la integridad de los detenidos.
El caso pone de relieve la opacidad en la administración de justicia venezolana. La comunidad defensora de los derechos humanos insiste en que la transparencia y el respeto al debido proceso son esenciales para evitar que estas reubicaciones se conviertan en un mecanismo de represión y silencio.
Atención. Sacaron a 10 presos políticos del Helicoide, quienes habrían sido trasladados a la cárcel Yare 2.
Entre los trasladados estaría el defensor de derechos humanos y abogado Eduardo Torres, así como el joven tachirense Raúl Amiel Hevia. pic.twitter.com/j93wVl4RLp— Sebastiana Barráez (@SebastianaB) September 15, 2025
Con información de El Nacional
