Los devastadores terremotos del pasado 24 de junio dejaron daños materiales estimados en 37.000 millones de dólares, de acuerdo con una evaluación preliminar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, diversos análisis sostienen que el costo de la corrupción acumulada durante más de dos décadas en Venezuela supera ampliamente esa cifra y habría condicionado la capacidad del país para responder a una tragedia de esta magnitud.
Durante los años de mayores ingresos petroleros, Venezuela administró más de un billón de dólares provenientes de la renta petrolera. No obstante, investigaciones nacionales e internacionales han documentado numerosos casos de corrupción vinculados a instituciones como PDVSA, el Fondo Chino, Fonden, Odebrecht y distintos programas de contratación pública.
Organizaciones como Transparencia Venezuela han señalado reiteradamente que la corrupción dejó de ser un conjunto de hechos aislados para convertirse en un sistema que debilitó las instituciones, redujo los mecanismos de control y favoreció la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Diversos economistas e investigadores estiman que las pérdidas ocasionadas por estos esquemas de corrupción superan los 300.000 millones de dólares, una cifra que multiplica varias veces los daños físicos provocados por los terremotos.
A partir de esa comparación surge una interrogante que hoy cobra fuerza: ¿cómo habría enfrentado Venezuela una emergencia de esta magnitud si esos recursos hubiesen sido destinados al fortalecimiento de hospitales, escuelas, infraestructura, sistemas de prevención sísmica y equipos especializados de rescate?
Especialistas recuerdan que con una parte de esos recursos habría sido posible modernizar centros de salud, reforzar edificaciones vulnerables, actualizar normas de construcción antisísmica, fortalecer Protección Civil, adquirir maquinaria para búsqueda y rescate urbano y crear reservas estratégicas para responder ante desastres naturales.
Tras los terremotos, muchas de esas carencias quedaron en evidencia. Numerosas comunidades dependieron durante varios días de voluntarios, brigadas internacionales y equipos extranjeros para atender labores de rescate y asistencia humanitaria.
La ONU también advirtió que los 37.000 millones de dólares corresponden únicamente a los daños físicos directos sobre viviendas e infraestructura, sin incluir las pérdidas económicas indirectas, la reconstrucción integral ni el impacto que el desastre tendrá sobre la economía venezolana en los próximos meses.
Para distintos analistas, la tragedia no solo expuso la fuerza de un fenómeno natural, sino también las consecuencias acumuladas de años de deterioro institucional, falta de inversión pública y corrupción, factores que redujeron significativamente la capacidad del país para enfrentar una emergencia de esta magnitud.
