El gobierno colombiano confirmó este lunes que mantiene negociaciones diplomáticas directas con el régimen de Nicolás Maduro para lograr la liberación de al menos 40 ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, la mayoría bajo acusaciones consideradas arbitrarias o de carácter político.
La canciller Rosa Villavicencio explicó que el proceso se lleva a cabo con discreción y enfoque humanitario, siguiendo el precedente del acuerdo alcanzado recientemente entre Caracas y Washington, mediante el cual fueron liberados seis ciudadanos estadounidenses. El anuncio marca un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral entre Bogotá y Caracas, donde los temas de derechos humanos y cooperación judicial vuelven al centro del debate diplomático.
Gestiones bilaterales en curso
En una entrevista exclusiva con RCN, la ministra de Relaciones Exteriores detalló que el presidente Gustavo Petro ordenó iniciar contactos formales con las autoridades venezolanas para abordar los casos de connacionales detenidos.
“Venezuela negoció con Estados Unidos y liberaron a seis personas. Entonces estamos en conversaciones diplomáticas para que también liberen a los colombianos”, afirmó Villavicencio.
Aunque Bogotá mantiene su postura de no reconocer la legitimidad de las elecciones venezolanas de 2024, la canciller subrayó que la prioridad actual del gobierno es garantizar la protección y el debido proceso de sus ciudadanos privados de libertad en territorio venezolano.
Debido proceso y derechos humanos
Villavicencio explicó que Colombia no exige una amnistía generalizada, sino la aplicación de las normas internacionales sobre justicia y derechos humanos. “Estas personas fueron acusadas de ciertos delitos, pero lo que pedimos es un proceso legal transparente, que puedan tener abogados, acceso a sus expedientes y que sean liberadas si no existen pruebas en su contra”, señaló la jefa de la diplomacia.
Las denuncias de organizaciones no gubernamentales, como Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, coinciden en que muchos detenidos colombianos han enfrentado procesos judiciales irregulares, sin acceso a defensores y en condiciones de reclusión precarias.
Algunos enfrentan cargos de traición a la patria, incitación al odio o conspiración, imputaciones que, según sus familiares, carecen de fundamento y responden a una política de persecución del aparato estatal venezolano.
El drama de las familias
Los familiares de los detenidos han manifestado su angustia y desesperación ante la falta de información oficial sobre el paradero y la situación judicial de sus seres queridos.
“No sabemos nada del caso de él. Siempre niegan la causa, el caso. En Venezuela no hay justicia”, relató Nubia Mise, pariente de uno de los prisioneros.
Muchos han tenido que viajar a Caracas o a otros estados fronterizos para intentar verificar si sus familiares se encuentran en prisiones conocidas como El Helicoide, Ramo Verde o La Pica, donde organizaciones internacionales han documentado casos de detenciones arbitrarias, tortura y aislamiento prolongado.
Según fuentes diplomáticas, varios de los colombianos fueron arrestados en operativos conjuntos entre la Guardia Nacional Bolivariana y el SEBIN, acusados de supuestos vínculos con grupos armados o de participar en actividades conspirativas, sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas concluyentes.
Contexto político y desafíos diplomáticos
El anuncio de las gestiones ocurre en un momento de alta tensión regional, con Estados Unidos intensificando la presión sobre el gobierno de Maduro por presuntas violaciones a los derechos humanos, y con Colombia intentando mantener una posición de equilibrio entre la defensa de los principios democráticos y la necesidad de cooperación fronteriza.
Expertos en relaciones internacionales advierten que este proceso puede convertirse en un punto de inflexión en la política exterior de Petro, quien busca mantener canales abiertos con Caracas pese a las divergencias ideológicas.
“La prioridad humanitaria puede ser un punto de consenso entre ambos gobiernos, pero el reto será lograr resultados concretos sin legitimar prácticas autoritarias”, señaló el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, de la Universidad del Rosario.
Una oportunidad para la diplomacia humanitaria
Las conversaciones entre Bogotá y Caracas representan un gesto de pragmatismo diplomático frente a una situación que afecta directamente a decenas de familias. Mientras las negociaciones avanzan, el gobierno colombiano insiste en que su objetivo principal es proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos y garantizar que ningún colombiano permanezca detenido sin juicio ni defensa legal.
El desenlace de estas gestiones podría definir no solo el futuro de los prisioneros, sino también la credibilidad del diálogo político entre los dos países vecinos, en un contexto donde la diplomacia y la justicia se entrelazan para abrir paso —o no— a la esperanza.
Con información de RCN
