El fiscal regional de Chile, Héctor Barros, afirmó que el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda reúne características de un crimen de encargo político y que los antecedentes recabados durante la investigación apuntan al actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Aunque la Fiscalía chilena aún no cuenta con el estándar probatorio necesario para formalizar cargos, las declaraciones del fiscal confirman la dimensión política y transnacional de un caso que ha sacudido tanto a Chile como a la región.
Investigación y primeros hallazgos
En entrevista con Canal 24 Horas, Barros explicó que las diligencias han permitido establecer vínculos entre el secuestro y homicidio de Ojeda y el grupo criminal conocido como Tren de Aragua, que habría actuado bajo encargo. El fiscal recalcó que las pruebas sugieren la participación de instancias superiores ligadas al poder político venezolano, aunque aclaró que por ahora se trata de una línea de investigación en curso.
El Ministerio Público chileno ya ha formalizado a 13 personas por este caso, incluida la figura de Édgar Benítez, alias “El Fresa”, capturado en Estados Unidos y extraditado a Chile, quien permanece en prisión preventiva.
Características atípicas del crimen
Barros destacó que el asesinato de Ronald Ojeda no sigue los patrones habituales del Tren de Aragua en Chile. Señaló que, a diferencia de otros casos, no hubo solicitud de rescate, la víctima estaba directamente vinculada a cuerpos de seguridad venezolanos y su cuerpo fue hallado bajo una losa de cemento, una modalidad que difiere de los métodos empleados por esta organización en territorio chileno.
Estos elementos, según el fiscal, refuerzan la hipótesis de que se trató de un crimen con motivaciones políticas, ordenado desde altos niveles de poder y ejecutado con la colaboración de estructuras criminales transnacionales.
Posibles acciones contra altos funcionarios
Consultado sobre la posibilidad de procesar a Diosdado Cabello u otros dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro, el fiscal Barros explicó que no se descarta ningún escenario. Sin embargo, advirtió que existen limitaciones legales, pues la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales.
Aun así, el representante del Ministerio Público insistió en que la Fiscalía perseguirá responsabilidades “a quien corresponda y en el país en que esté”, dejando abierta la puerta a solicitudes de colaboración internacional y a la búsqueda de mecanismos jurídicos alternativos.
Dimensión política y regional
El caso Ojeda no solo tiene repercusiones judiciales, sino también políticas y diplomáticas. La denuncia de un encargo que apunta a un alto funcionario venezolano agrega tensión a las ya deterioradas relaciones entre Santiago y Caracas.
Para sectores de la oposición chilena, este hecho confirma la penetración del crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad interior. Mientras tanto, en Venezuela, las acusaciones son rechazadas por el oficialismo, que suele negar cualquier vínculo con el Tren de Aragua y acusa a sectores internacionales de una campaña de desprestigio.
La investigación sobre el asesinato de Ronald Ojeda se ha convertido en un punto de quiebre en la relación entre Chile y Venezuela, al involucrar directamente a una de las figuras más influyentes del chavismo. Aunque todavía no existe una formalización de cargos, las declaraciones del fiscal Barros reflejan la gravedad de los hallazgos y anticipan un proceso complejo, con posibles repercusiones internacionales. El caso, además de poner en evidencia los tentáculos del crimen organizado, revela la intersección entre política y violencia que amenaza la estabilidad de la región.
Con información de El Pitazo
