La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DD. HH.) pidió este jueves al Estado colombiano fortalecer los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, tras el ataque armado ocurrido en Bogotá contra los activistas venezolanos Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche.
Ambos resultaron heridos el pasado lunes cuando fueron interceptados por hombres armados en el norte de la capital, en un hecho que ha generado preocupación internacional y renovado los llamados a proteger a quienes promueven causas humanitarias en el exilio.
Condena internacional y llamado a la acción
En un comunicado oficial, la oficina de la ONU condenó enérgicamente el atentado, instando al Gobierno colombiano a realizar una investigación rápida, independiente y efectiva para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y evitar nuevos ataques contra líderes sociales o refugiados.
“El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la vida de quienes defienden los derechos humanos, sin importar su nacionalidad o condición migratoria”, subrayó el organismo.
La ONU recordó que el ataque a los dos activistas venezolanos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de riesgo y hostigamiento que enfrentan defensores, migrantes y solicitantes de refugio en Colombia, especialmente aquellos que provienen de contextos represivos como el venezolano.
Garantías médicas y refugio seguro
Además de exigir justicia, el Alto Comisionado solicitó al Ejecutivo colombiano asegurar atención médica integral y refugio seguro para Velásquez y Peche, quienes cuentan con protección internacional debido a las amenazas previas que recibieron en su país de origen.
Yendri Velásquez, fundador del Observatorio para la Defensa de los Derechos de las Personas LGBTIQ+, colabora desde 2016 con Amnistía Internacional Venezuela y tramita actualmente su solicitud de asilo en Colombia.
Luis Peche, por su parte, es consultor político, internacionalista y periodista, conocido por su trabajo en la difusión de información sobre derechos civiles y política venezolana. Ambos habían denunciado intimidaciones y seguimientos antes del ataque.
El caso de Velásquez: una trayectoria marcada por la persecución
El comunicado de la ONU recordó que Yendri Velásquez fue detenido arbitrariamente en Venezuela en 2024, cuando se dirigía a Ginebra (Suiza) para intervenir ante el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial.
Su caso fue documentado en informes del Comité de Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, que lo incluyó entre las víctimas de represalias por cooperar con organismos internacionales.
Esa detención, según la ONU, refleja la vulnerabilidad sistemática de quienes denuncian abusos en el régimen de Nicolás Maduro y evidencia los riesgos que persisten incluso después de salir del país.
La situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia
El pronunciamiento del Alto Comisionado se enmarca en un contexto más amplio: Colombia acoge actualmente a casi tres millones de migrantes y refugiados venezolanos, muchos de ellos defensores de derechos humanos, periodistas o líderes comunitarios que huyeron de la persecución política.
La ONU advirtió que el debilitamiento institucional y la falta de coordinación interagencial han dejado vacíos en los sistemas de protección, lo que aumenta la exposición de estas personas a amenazas, ataques o explotación.
“Garantizar la seguridad de quienes buscan refugio es una obligación internacional. Ningún activista debe temer por su vida en el país que lo acoge”, subrayó la organización.
El organismo insistió en fortalecer los mecanismos de respeto y convivencia, especialmente en contextos urbanos donde los migrantes enfrentan discriminación y precariedad.
Reacciones y medidas en curso
Tras el llamado de la ONU, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que inició un proceso de acompañamiento a las víctimas y solicitó medidas de protección urgentes a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “compromiso con la investigación de los hechos” y aseguró que se mantendrá la coordinación con organismos internacionales para garantizar la integridad de los activistas.
Diversas organizaciones civiles, como Human Rights Watch, Dejusticia y la Red de Defensores en el Exilio, también se pronunciaron, pidiendo al Estado garantías efectivas de no repetición y mayor vigilancia frente a posibles infiltraciones criminales en los espacios donde operan líderes sociales venezolanos.
Un llamado a proteger la voz del exilio
El caso de Velásquez y Peche ha reavivado el debate sobre la seguridad de los defensores en el exilio, especialmente de aquellos que mantienen su labor política y social desde Colombia.
La ONU reiteró que la protección de estas personas no solo es un deber legal, sino un acto de solidaridad internacional frente a quienes fueron obligados a huir por denunciar abusos.
“Defender los derechos humanos no puede ser una sentencia de muerte”, concluye el comunicado, subrayando la necesidad de una respuesta estatal firme y coordinada para evitar que Colombia —históricamente un país de acogida— se convierta en escenario de violencia contra quienes buscan refugio y libertad.
Con información de El Nacional
