La líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, denunció la detención arbitraria del activista Javier Cisnero, miembro del movimiento político Vente Venezuela, quien padece tuberculosis y requiere tratamiento médico constante.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Machado calificó el arresto como un acto de “represión brutal” y responsabilizó directamente al régimen de Nicolás Maduro por la vida del joven, de 29 años, detenido en Caracas tras un operativo violento ejecutado por cuerpos de seguridad del Estado.
La denuncia se suma a una serie de casos recientes de detenciones y hostigamientos contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, que evidencian, según organizaciones humanitarias, una intensificación de la persecución política en Venezuela.
Una detención que indigna a la oposición
Machado aseguró que funcionarios del gobierno irrumpieron en la vivienda de Cisnero, donde agredieron a su abuela y a su hermana antes de llevárselo por la fuerza.
“El régimen de Nicolás Maduro es responsable de la vida de Javier, un activista ejemplar comprometido con la democracia”, expresó la dirigente en su comunicado.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) confirmó la información y calificó el arresto como una “violación flagrante de los derechos humanos”, destacando la vulnerabilidad del joven debido a su enfermedad.
Según el CLIPP, Cisnero ya había sido detenido en junio de 2024, junto al periodista Gabriel González, también encarcelado, en vísperas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Persecución y violencia institucionalizada
De acuerdo con el CLIPP, la captura de Cisnero no contó con orden judicial y se ejecutó con violencia desproporcionada. La organización señaló que este tipo de detenciones forman parte de un patrón sistemático de persecución contra jóvenes activistas, profesionales de la salud y ciudadanos de fe.
En un comunicado, la ONG expresó que “se ha instalado en Venezuela un modelo de represión que criminaliza la disidencia política y castiga la solidaridad ciudadana”.
El caso de Cisnero no es aislado. Durante la misma semana, se reportó la detención arbitraria del médico Pedro Fernández en el estado Mérida, reconocido por su labor humanitaria y su defensa de los derechos del personal sanitario.
A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció el arresto del líder social Yorbin García en Trujillo, durante un evento religioso por la canonización del médico José Gregorio Hernández.
La criminalización de la protesta y la prensa
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que García fue trasladado desde las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hasta la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, donde enfrenta cargos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.
El gremio denunció que los supuestos delitos se sustentan únicamente en la posesión de volantes con la frase “canonización sin presos políticos”, lo que calificó como una “prueba fabricada para silenciar la libertad de expresión”.
El SNTP exigió la liberación inmediata de García y de los 21 comunicadores que permanecen encarcelados en el país, subrayando que la represión se ha extendido a la prensa independiente, que documenta abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
Cifras alarmantes y denuncias internacionales
Según el último boletín de Foro Penal, en Venezuela existen 866 presos políticos, de los cuales 21 fueron detenidos solo en la última semana.
El régimen de Maduro y el fiscal general Tarek William Saab niegan esa cifra, alegando que los arrestados enfrentan cargos por delitos comunes, aunque las ONG y líderes opositores aseguran que se trata de acusaciones infundadas para justificar la persecución.
La familia de Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, detenido hace 290 días, también rompió el silencio.
En una carta difundida por su esposa, Mariana González López, se denuncia que Tudares permanece incomunicado, sin acceso a medicinas ni visitas familiares, mientras enfrenta cargos de conspiración y terrorismo, pese a la falta de pruebas.
El costo humano de la represión
El caso de Javier Cisnero se ha convertido en símbolo de la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, donde la represión política y la criminalización de la disidencia son prácticas recurrentes.
María Corina Machado, visiblemente conmovida, afirmó que seguirá denunciando ante la comunidad internacional cada atropello: “No descansaremos hasta liberar a cada preso político y devolverle la esperanza a Venezuela”.
Diversas organizaciones humanitarias han pedido la intervención de organismos multilaterales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir garantías mínimas a los detenidos y el respeto al debido proceso.
Un país silenciado por el miedo
La detención del joven activista con tuberculosis no solo expone el deterioro del sistema judicial y penitenciario venezolano, sino también la falta de límites en la represión estatal.
Mientras la comunidad internacional reacciona con cautela, las voces disidentes siguen siendo acalladas, los medios censurados y las familias fragmentadas por la persecución política.
María Corina Machado, desde su liderazgo opositor, busca mantener viva la denuncia y recordarle al mundo que, detrás de cada preso político, hay una historia de coraje, enfermedad, dolor y resistencia.
Venezuela, una vez más, se debate entre la represión y la esperanza.
Con información de Infobae
