El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó con dureza la reciente operación militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, en la que una lancha fue destruida por misiles cerca de Venezuela, dejando cuatro muertos. El mandatario calificó el hecho como un “asesinato”, cuestionando la proporcionalidad del uso de la fuerza y rechazando la narrativa estadounidense que describe a las víctimas como “narcoterroristas”.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano profundizan el debate internacional sobre la legalidad de las operaciones navales estadounidenses en la región y exponen una fractura política entre Bogotá y Washington en torno a la estrategia antidrogas.
La denuncia del presidente Petro
A través de su cuenta en la red social X, Petro manifestó su rechazo frontal a los métodos empleados por el Pentágono:
“Lanzar misiles cuando se puede interceptar como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto, se trata de un asesinato”, escribió el mandatario.
El presidente también instó a los familiares de las víctimas a “asociarse” para buscar justicia y llevar el caso ante instancias internacionales. En su mensaje, diferenció entre los verdaderos responsables del narcotráfico y quienes, según él, solo son jóvenes pobres reclutados para tareas de transporte:
“En las lanchas no van narcoterroristas. Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái. En esa lancha van jóvenes caribeños pobres”, enfatizó.
Washington justifica la ofensiva
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el ataque y defendió la acción como parte del operativo militar contra “organizaciones terroristas transnacionales” que trafican drogas hacia Norteamérica. Según su comunicado, la embarcación destruida transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” y operaba bajo control de redes criminales con base en Venezuela.
El funcionario estadounidense insistió en que las fuerzas del Comando Sur actuaron dentro del marco de un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, en virtud de una reciente declaración del presidente Donald Trump, que formalizó esa designación ante el Congreso.
Sin embargo, la postura estadounidense ha generado inquietud en varios países latinoamericanos, que consideran que tales operaciones violan principios de soberanía y derecho internacional, al realizarse sin coordinación con los gobiernos de la región.
Un nuevo episodio en la escalada del Caribe
El ataque del viernes fue el quinto operativo letal en menos de dos meses contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Según reportes oficiales, ya suman al menos 21 personas muertas como resultado de estos bombardeos.
En septiembre, Petro había calificado de “asesinato” otro ataque similar, afirmando que Estados Unidos “usa la guerra contra las drogas como pretexto para justificar acciones militares”. El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, denunció los operativos como un intento de “provocar una agresión directa” contra Venezuela, mientras acusa a Washington de militarizar la región.
Críticas a la política antidrogas estadounidense
La posición de Petro se alinea con su visión de una nueva política global sobre drogas, que priorice el enfoque social y sanitario sobre la represión armada. El mandatario ha sostenido que la lucha militar contra el narcotráfico ha fracasado y que las verdaderas estructuras financieras del crimen se encuentran en los países consumidores.
Expertos en derecho internacional consultados por medios locales coinciden en que el uso de misiles en el mar Caribe carece de fundamento jurídico sólido, al no haberse declarado una guerra ni contar con aval del Consejo de Seguridad de la ONU. “El principio de proporcionalidad y la obligación de captura son pilares del derecho humanitario; destruir embarcaciones sin proceso legal equivale a ejecución extrajudicial”, señaló un analista de seguridad marítima.
Repercusiones políticas y diplomáticas
Las declaraciones de Petro podrían tensar aún más la relación con Washington, que ya enfrenta críticas desde Bogotá por la revocatoria de la visa del presidente colombiano y por su política de presión sobre Venezuela.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y familiares de pescadores caribeños temen que los ataques estadounidenses sigan cobrando vidas de civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúa abrir una investigación preliminar sobre el uso de la fuerza en estas operaciones.
El enfrentamiento discursivo entre Petro y el gobierno estadounidense revela un choque de visiones sobre la seguridad regional: mientras Washington insiste en la guerra frontal contra el narcotráfico, Colombia aboga por un enfoque humano y multilateral. En medio de las tensiones, el Caribe se ha convertido en el nuevo escenario de una disputa que mezcla intereses políticos, soberanía y derechos humanos, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad hemisférica.
En las lanchas no van narco terroristas. Los narcos viven en EEUU, Europa y Dubai.
En esa lancha van jóvenes caribeños pobres. Lanzar misiles cuando se puede interceptar como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto se… https://t.co/3uTwFxKA8R
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025
Con información de El Nacional
