La tensión en América Latina podría intensificarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa extender su campaña militar contra el narcotráfico a operaciones por tierra en Venezuela y Colombia, según confirmó este domingo el senador republicano Lindsey Graham.
El anuncio, realizado durante una entrevista en el programa “Face The Nation” de la cadena CBS, marca una posible nueva fase en la estrategia militar de Washington, que hasta ahora se había limitado a ataques marítimos en el Caribe y el Pacífico.
El gobierno estadounidense sostiene que las acciones buscan “proteger a su población del narcotráfico”, mientras que sus críticos denuncian que los ataques a embarcaciones, que han dejado decenas de muertos, carecen de base legal y violan el derecho internacional.
Una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico
Durante la entrevista, Lindsey Graham, uno de los más cercanos aliados políticos de Trump, reveló que el mandatario planea informar al Congreso sobre la expansión de las operaciones militares a su regreso de Asia.
“El presidente me dijo que planea informar a los miembros del Congreso sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, declaró el senador por Carolina del Sur.
Ante la pregunta de si los ataques por tierra estaban sobre la mesa, Graham respondió con un “rotundo sí”, agregando que habrá una sesión informativa para los legisladores sobre “la posible expansión del mar a la tierra”.
“Apoyo esa idea, creo que es necesario enfrentar directamente a los narcoterroristas que envenenan a Estados Unidos”, afirmó el legislador, quien defendió la política de mano dura del gobierno republicano.
Ataques previos y controversia internacional
Desde comienzos de septiembre, el Ejército de Estados Unidos ha destruido al menos diez embarcaciones en operaciones navales en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 43 personas fallecidas, según cifras oficiales del Pentágono.
La administración Trump justifica los bombardeos señalando que las naves estaban involucradas en tráfico de drogas procedentes de Venezuela y Colombia.
“Esto no es asesinato. Esto es proteger a nuestro país del envenenamiento por narcoterroristas”, dijo Graham, defendiendo las acciones de Washington.
Sin embargo, organismos internacionales y sectores políticos en Estados Unidos han expresado su preocupación por la falta de transparencia y de pruebas que sustenten esas acusaciones.
El senador demócrata Rubén Gallego, de Arizona, calificó los ataques como “asesinatos autorizados”, al argumentar que las embarcaciones fueron destruidas sin verificación ni juicio previo, violando las normas humanitarias internacionales.
“Son muertes innecesarias. No se puede justificar una acción militar sin evidencia de que las víctimas eran narcotraficantes”, expresó Gallego en una entrevista con NBC.
Defensa y justificación desde la Casa Blanca
El gobierno de Trump ha mantenido una postura inflexible. En su defensa, Graham aseguró que “el ejército no está asesinando a nadie” y que los operativos cuentan con sustento legal bajo las leyes estadounidenses que permiten el uso de la fuerza para combatir el terrorismo internacional.
“Los soldados están cumpliendo órdenes legales para mantener a los estadounidenses a salvo”, afirmó el senador.
Por su parte, voceros del Departamento de Defensa han insistido en que los ataques son parte de una estrategia más amplia para disuadir el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes militares citadas por medios estadounidenses, las misiones han contado con apoyo de aviones no tripulados, buques destructores y aeronaves de vigilancia.
Escalada geopolítica y riesgo regional
El posible paso de una campaña marítima a incursiones terrestres en Venezuela y Colombia genera preocupación en América Latina. Analistas advierten que una acción de este tipo podría interpretarse como una intervención directa, con consecuencias impredecibles para la estabilidad regional.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe ya ha sido duramente criticado por los gobiernos de Caracas y Bogotá, que acusan a Washington de utilizar el discurso antidrogas como excusa para aumentar su influencia en la zona.
En el caso venezolano, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que los ataques son parte de un plan de “guerra psicológica y militar” destinado a derrocarlo.
Mientras tanto, el gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, ha pedido explicaciones formales tras los bombardeos en aguas internacionales cercanas a su territorio.
Entre la seguridad y la provocación
Las declaraciones de Graham dejan al descubierto la intención de Trump de intensificar la ofensiva contra el narcotráfico, incluso si ello implica traspasar las fronteras marítimas.
Sin embargo, especialistas en política exterior alertan que una acción terrestre podría violar la soberanía de los países involucrados y abrir un nuevo capítulo de confrontación diplomática.
La expansión de las operaciones militares no solo plantea interrogantes sobre su legalidad y eficacia, sino también sobre los efectos humanitarios que podría generar en comunidades fronterizas afectadas por la violencia y el desplazamiento.
El dilema de una guerra sin fronteras
Mientras la Casa Blanca defiende sus acciones como una medida de protección nacional, la posibilidad de extender la guerra antidrogas hacia tierra firme acentúa la incertidumbre en la región.
De concretarse, Estados Unidos estaría dando un paso inédito en su política exterior reciente, trasladando el combate al narcotráfico desde los mares hacia el corazón del territorio latinoamericano.
La pregunta que persiste es si esta nueva ofensiva servirá realmente para frenar el flujo de drogas o si, por el contrario, abrirá un nuevo frente de conflicto político y militar en el hemisferio.
Con información de El Nacional
