
En el marco de una política de «cero tolerancia» contra acciones que vulneren la seguridad ciudadana, Migración Colombia, a través de su Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Caribe, ejecutó la expulsión administrativa de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana.
En un comunicado, explicaron que ambos individuos fueron considerados una amenaza para el orden público y la convivencia social tras confirmarse su participación en actividades delictivas en la ciudad de Cartagena.
Casos de extorsión y violencia institucional
Detallaron que el primer expediente procesado corresponde a un ciudadano que ya contaba con una condena previa por un juzgado penal local bajo el cargo de tentativa de extorsión agravada.
Las investigaciones de inteligencia determinaron que el sujeto mantenía un esquema de intimidación contra residentes de Cartagena, exigiendo sumas superiores a los diez millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad física de las víctimas y sus familiares.
Mientras que el segundo caso, que generó alarma en el sector turístico, involucró a un extranjero que agredió físicamente a un servidor público de la Alcaldía de Cartagena.
El incidente tuvo lugar en el Centro Histórico, una zona de especial protección, lo que llevó a las autoridades a catalogar la conducta como un grave riesgo para la tranquilidad pública y el respeto a la institucionalidad.
En este sentido, ambos ciudadanos fueron trasladados bajo custodia hasta el Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, en la frontera con el estado Zulia, donde fueron entregados a las autoridades venezolanas, prohibiéndoles el reingreso al territorio colombiano.
Al respecto, Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, fue enfática al respaldar estas medidas discrecionales pero firmes.
“Nuestras acciones responden a una política clara de protección del orden interno. Migración Colombia actúa y actuará de manera decidida frente a cualquier conducta de extranjeros que amenace la seguridad nacional o la paz de nuestras comunidades. La ley se aplica sin excepciones”, sentenció la funcionaria.
Con información de Migración de Colombia




