Lo que comenzó como una jornada de trabajo académico terminó en una detención arbitraria.
El colectivo Surgentes denunció este viernes que dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productoras audiovisuales fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en las inmediaciones del centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.
Los jóvenes, que se encontraban realizando labores de preproducción para un proyecto universitario, habrían sido arrestados tras tomar una fotografía de la fachada del penal, actualmente bajo control del Estado luego de la intervención militar de 2023 para desarticular al Tren de Aragua.
El arresto: seis horas de espera antes de la desaparición
De acuerdo con la denuncia de Surgentes, los detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.
Cisneros y Castillo, ambos tesistas de la Escuela de Artes de la UCV, trabajaban en la preproducción de su trabajo especial de grado cuando fueron interceptados por custodios del penal alrededor de las 11:00 de la mañana.
Los funcionarios del centro penitenciario les exigieron entregar sus cédulas de identidad y les informaron que debían esperar a ser “entrevistados”.
Sin embargo, lo que parecía una retención momentánea se prolongó por más de seis horas, hasta que agentes del Sebin llegaron al lugar y se los llevaron detenidos.
“Desde las 3:45 de la tarde no sabemos nada de ellos”, denunció Surgentes en un comunicado, señalando que los jóvenes permanecen incomunicados y que se desconoce su paradero exacto.
De la investigación académica al señalamiento político
El grupo detenido realizaba una investigación audiovisual sobre la memoria y los espacios del poder, según detalló Surgentes.
La foto tomada a la fachada de Tocorón tenía fines documentales y artísticos, pero el contexto político del país convirtió la acción en una sospecha para las autoridades.
Desde la intervención militar del penal en 2023, Tocorón pasó de ser un símbolo del crimen organizado a un sitio destinado al encierro de presos políticos y manifestantes detenidos tras las protestas de 2024.
Este cambio en su función lo ha convertido en una zona de acceso restringido y altamente vigilada, donde cualquier registro visual puede ser interpretado como un acto de espionaje o provocación.
“No se trataba de un trabajo periodístico ni de una investigación judicial. Era una labor universitaria. Criminalizar la producción cultural y el conocimiento es una muestra del nivel de represión actual”, expresó un portavoz del colectivo.
Silencio oficial y exigencias de liberación inmediata
Hasta la noche del viernes, ninguna autoridad venezolana había ofrecido una versión oficial sobre el caso ni confirmado las razones de la detención.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Foro Penal, exigieron la liberación inmediata de los jóvenes y recordaron que este tipo de arrestos viola el derecho a la libre creación y expresión garantizado por la Constitución.
El Foro Penal contabiliza actualmente 875 personas privadas de libertad por motivos políticos, incluidos cuatro menores de edad, la mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024. Este nuevo episodio amplía la lista de represalias contra estudiantes, artistas y comunicadores, sectores históricamente perseguidos por el aparato de inteligencia del Estado.
“Pedimos a las autoridades judiciales y a la UCV interceder por ellos. La criminalización del arte y el pensamiento crítico no puede ser la norma”, reclamó Surgentes en su comunicado.
La UCV y la sociedad civil se pronuncian
Diversos movimientos universitarios y académicos comenzaron a pronunciarse en redes sociales bajo la etiqueta #LiberenALosUCVistas, exigiendo garantías para los detenidos y denunciando la escalada de intimidación contra el sector estudiantil.
Profesores de la Facultad de Humanidades y Educación calificaron el hecho como “una afrenta a la libertad de pensamiento y a la autonomía universitaria”.
Mientras tanto, familiares y amigos se movilizaron hasta Maracay y Caracas en busca de información, sin obtener respuesta.
Fuentes no oficiales apuntan a que los detenidos habrían sido trasladados a una sede del Sebin, pero su ubicación no ha sido confirmada.
Otro capítulo en la criminalización del pensamiento
La detención de los jóvenes de la UCV y de las productoras audiovisuales a las afueras de Tocorón vuelve a poner en evidencia la represión estructural del Estado venezolano contra la libertad académica y cultural.
Lo que debía ser un ejercicio de creación universitaria terminó convertido en un acto criminalizado por un sistema que ve enemigos donde hay ideas.
Mientras las familias esperan noticias, las organizaciones de derechos humanos advierten que este caso no es aislado, sino parte de un patrón creciente de control social y censura.
En palabras de Surgentes:
“Detener a quienes estudian y crean es detener el futuro del país. Y eso, en cualquier nación democrática, debería ser impensable.”
Con información de Tal Cual
