Una nueva escalada de violencia estremeció este domingo al departamento de Arauca, en el oriente de Colombia, cuando cinco militares fueron secuestrados por un grupo armado ilegal en la zona rural del municipio de Tame, región fronteriza con Venezuela.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los uniformados fueron obligados a descender de un vehículo de transporte público por hombres armados que los retuvieron en el sector conocido como Santo Domingo, un área de constante presencia de estructuras insurgentes.
El hecho revive las alarmas en una zona históricamente golpeada por la violencia, donde las disputas entre el ELN y las disidencias de las FARC mantienen bajo zozobra a las comunidades locales y a las autoridades.
La Defensoría del Pueblo condena el hecho y exige su liberación inmediata
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Defensoría del Pueblo confirmó el secuestro y solicitó la liberación inmediata y sin condiciones de los cinco militares. El organismo advirtió que de mantenerse su retención, podría configurarse una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente el delito de toma de rehenes.
“El día de hoy, cinco militares fueron privados de la libertad en Santo Domingo, Tame (Arauca), después de haber sido obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal”, señaló la entidad.
El defensor del Pueblo reiteró además la disposición del organismo de acompañar las gestiones humanitarias necesarias para garantizar la recuperación de la libertad de los soldados y de todas las personas que continúan secuestradas en el territorio nacional, un flagelo que persiste pese a los diálogos de paz y a los esfuerzos institucionales.
Una región atrapada entre la guerra y la frontera
El departamento de Arauca se ha convertido en un epicentro del conflicto armado colombiano, debido a su posición geográfica estratégica en la frontera con Venezuela. Sus caminos rurales, pasos ilegales y ríos fronterizos son escenario de una feroz disputa entre grupos irregulares, que buscan controlar tanto los corredores del narcotráfico como las rentas derivadas de la minería ilegal y el contrabando.
En la zona operan principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, que tras el proceso de paz de 2016 se rearmaron y mantienen presencia en diversos puntos del oriente colombiano. Estas organizaciones compiten por el dominio territorial y económico, lo que ha incrementado los enfrentamientos armados, los desplazamientos forzados y los secuestros.
Antecedentes: funcionarios retenidos en la misma región
El secuestro de los cinco militares no es un hecho aislado. En el mismo departamento continúan otros cuatro funcionarios en poder de grupos irregulares, entre ellos los policías de la Dijín, Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes fueron capturados el 20 de julio por el ELN.
Desde entonces, las autoridades han intentado entablar canales humanitarios para lograr su liberación, sin resultados concretos.
La persistencia de estos casos evidencia la fragilidad de la seguridad en la frontera oriental y las dificultades del Estado colombiano para garantizar el control territorial. Pese a los operativos militares y las estrategias de presencia institucional, el poder de los grupos armados sigue extendiéndose, aprovechando la porosidad fronteriza y la falta de coordinación binacional.
Reacciones oficiales y llamado a la acción
El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo, condenó enérgicamente el secuestro y anunció que se están activando protocolos de búsqueda e inteligencia para localizar a los uniformados.
Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, recordando que la privación de la libertad de combatientes o civiles constituye una violación grave a las normas internacionales.
Diversos sectores sociales y defensores de derechos humanos han exigido acciones contundentes del Estado y el fortalecimiento de la presencia institucional en las zonas rurales de Arauca, donde la población civil enfrenta constantes amenazas, reclutamientos forzados y desplazamientos.
Una frontera en permanente tensión
El secuestro de los cinco militares colombianos refleja la compleja situación que vive la frontera colombo-venezolana, una región marcada por el abandono estatal, la violencia armada y el crimen transnacional.
Mientras los organismos de seguridad intensifican las labores para rescatar a los retenidos, la incertidumbre y el miedo vuelven a instalarse entre los habitantes de Tame, quienes ven cómo la guerra y la impunidad siguen robándoles la tranquilidad cotidiana.
Con información de EFE
