La renovación del CNE podría completarse en octubre si los participantes de la mesa de diálogo muestran voluntad política y cumplen los procedimientos establecidos en la legislación venezolana, según un pronunciamiento respaldado por catorce organizaciones defensoras de derechos humanos. Las ONG también pidieron designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y establecer garantías que permitan la participación ciudadana durante la transición.
Las organizaciones dirigieron su solicitud al proceso de negociación entre el chavismo y un sector de la oposición, facilitado por Estados Unidos. Consideran que las conversaciones deben abandonar la etapa de anuncios generales y avanzar hacia decisiones concretas sobre la institucionalidad y el sistema electoral.
El comunicado cuestiona que la reorganización del Consejo Nacional Electoral pueda prolongarse hasta diciembre. Los firmantes aseguran que no encuentran razones técnicas, legales o transparentes que justifiquen esa demora.
Según su interpretación de la normativa, el procedimiento puede completarse en un plazo cercano a dos meses. Este cálculo convierte a octubre en un horizonte posible, aunque el resultado dependerá de que los participantes alcancen acuerdos y cumplan cada etapa.
Las ONG advierten que un retraso aumentaría la desconfianza de una población marcada por años de promesas, negociaciones y procesos políticos que no generaron transformaciones institucionales sostenibles.
El pronunciamiento sostiene que la mesa necesita presentar resultados tempranos, creíbles y genuinos. La renovación transparente de los poderes públicos podría funcionar como una primera señal de que el diálogo tiene capacidad para producir cambios.
Renovación del CNE necesita plazos próximos y transparentes
El Consejo Nacional Electoral ocupa un lugar central dentro de cualquier ruta democrática porque organiza los comicios, administra el registro de votantes y establece los procedimientos técnicos.
Una directiva independiente debe ofrecer garantías tanto a los ciudadanos como a los partidos. Su composición influye sobre la confianza en la convocatoria, la campaña, las auditorías y la publicación de resultados.
Las organizaciones consideran que el proceso no debería extenderse de manera innecesaria. Para ellas, un calendario cercano permitiría evaluar la voluntad real de quienes participan en las negociaciones.
La designación necesita cumplir los pasos legales. Estos pueden incluir la convocatoria de postulaciones, la revisión de credenciales, la presentación de objeciones y la selección de los rectores.
Acelerar no significa eliminar controles. La rapidez debe acompañarse de transparencia, participación y criterios profesionales que eviten una distribución basada únicamente en cuotas partidistas.
Los candidatos al organismo necesitan demostrar experiencia, independencia y compromiso con los derechos políticos. También deben explicar sus posibles vínculos con organizaciones o funcionarios.
Una publicación completa de los nombres y antecedentes permitiría que la sociedad evalúe a los postulados. Las objeciones deberían sustentarse en hechos verificables y recibir una respuesta dentro de plazos definidos.
La Asamblea Nacional o la instancia responsable tendrá que justificar cada elección. Una decisión sin explicaciones podría alimentar las mismas dudas que el proceso busca superar.
El nuevo organismo enfrentaría tareas importantes desde sus primeras semanas. Entre ellas figuran la actualización del registro electoral, la revisión de los centros de votación y la organización de auditorías.
La migración venezolana añade un reto considerable. Millones de ciudadanos viven fuera del territorio y necesitan mecanismos para inscribirse o actualizar su residencia.
El CNE también deberá establecer procedimientos que permitan votar a quienes se encuentran en el extranjero. La falta de consulados operativos o las grandes distancias pueden dificultar esa participación.
Dentro del país, numerosos ciudadanos cambiaron de domicilio. El registro debe reflejar esos movimientos para evitar que tengan que trasladarse largas distancias el día de las elecciones.
Las auditorías necesitan incluir a organizaciones políticas, expertos y observadores. Revisar el sistema antes, durante y después de la votación puede reducir disputas.
Las ONG no plantean la reorganización del poder electoral como un objetivo aislado. La consideran una primera condición para reconstruir la confianza y avanzar hacia comicios con garantías.
El plazo de octubre representa una propuesta y no una fecha oficial. Su cumplimiento dependerá del avance de las conversaciones y de la capacidad de las instituciones para aplicar la legislación sin dilaciones.
La reforma del TSJ complementaría las garantías electorales
Las catorce organizaciones también colocaron la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia entre las prioridades. El Poder Judicial puede intervenir en controversias relacionadas con candidatos, partidos y resultados.
Una renovación transparente del TSJ ofrecería mayores garantías frente a posibles disputas. Los magistrados deberían actuar con autonomía y aplicar la ley sin favorecer a alguna fuerza.
El proceso de selección necesita considerar formación, experiencia y conducta profesional. Los participantes también deben evitar que las cuotas políticas sustituyan los criterios jurídicos.
El tribunal tendrá que resolver casos que pueden influir sobre la competencia electoral. Entre ellos aparecen las inhabilitaciones, las intervenciones de partidos y las denuncias sobre derechos políticos.
Si los ciudadanos perciben al TSJ como una extensión de los negociadores, sus decisiones carecerán de legitimidad. Por ello, las ONG vinculan la reforma judicial con la recuperación de la confianza.
La declaración sostiene que esa confianza no puede descansar únicamente en promesas. Necesita hechos, compromisos próximos y resultados que la población pueda comprobar.
Los firmantes recuerdan que los venezolanos han atravesado años de incertidumbre y frustraciones. Cada negociación que termina sin cambios reduce la credibilidad de la siguiente.
Los resultados tempranos pueden modificar esa percepción. Una selección abierta de rectores y magistrados demostraría que el proceso avanza más allá de los discursos.
La verificación también exige información pública. La mesa debería explicar qué acuerdos alcanzó, cuáles responsabilidades asumió cada parte y cuándo cumplirá los compromisos.
Un mecanismo de seguimiento permitiría registrar los avances y señalar retrasos. Representantes de la sociedad civil podrían participar como observadores sin intervenir en las decisiones partidistas.
El acompañamiento internacional puede aportar asistencia técnica y presión para el cumplimiento. Sin embargo, la legitimidad de las nuevas instituciones dependerá principalmente de su aceptación dentro del país.
Las organizaciones consideran que el diálogo tiene una oportunidad histórica para convertir los acuerdos en una ruta democrática. Esa posibilidad requiere que las partes eviten prolongar indefinidamente la provisionalidad.
La reforma institucional debe preparar condiciones para futuras elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales. Cada proceso necesitará reglas estables y garantías para todos los participantes.
La renovación del TSJ y del CNE ofrecería una señal a los venezolanos y a los actores internacionales. También permitiría evaluar si el chavismo y la oposición pueden cumplir acuerdos de mayor alcance.
La transición debe garantizar derechos más allá del voto
Las ONG advirtieron que una transición democrática no puede reducirse a convocar una elección. Los ciudadanos necesitan condiciones para organizarse, informarse, participar y protestar sin sufrir represalias.
Una campaña libre requiere que los partidos puedan realizar reuniones, recorrer el país y presentar sus programas. Los dirigentes necesitan seguridad y acceso equitativo a los medios.
Los periodistas deben investigar y publicar información sin presiones. La ciudadanía necesita distintas fuentes para evaluar las propuestas y tomar decisiones.
Las organizaciones sociales también deben participar. Sus actividades permiten documentar irregularidades, acompañar a comunidades y promover el conocimiento de los derechos.
El derecho a la protesta forma parte de esa arquitectura. Las autoridades deben garantizar manifestaciones pacíficas y evitar detenciones arbitrarias, amenazas o uso desproporcionado de la fuerza.
El comunicado vincula esta exigencia conencia con la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024. Los firmantes sostienen que su compromiso continuará hasta que un nuevo proceso electoral conduzca a la reinstitucionalización democrática.
Esa afirmación coloca a las elecciones como una etapa, no como el final. Después de los comicios, las autoridades deberán respetar el resultado, garantizar la transferencia del poder y permitir el funcionamiento independiente de las instituciones.
La libertad de asociación también resulta esencial. Los ciudadanos deben poder crear partidos, sindicatos y organizaciones sin obstáculos indebidos.
La participación política necesita protección para quienes piensan distinto. Una transición que conserve mecanismos de persecución no produciría una democracia plena, incluso si celebra elecciones.
Las instituciones renovadas tendrán que aplicar reglas iguales. El CNE debe organizar los comicios, mientras el TSJ resuelve controversias sin interferencias.
La mesa de negociación enfrenta así dos responsabilidades. La primera consiste en acordar reformas inmediatas; la segunda, en construir un entorno donde esas decisiones puedan sostenerse.
El pronunciamiento recibió el respaldo de organizaciones como Provea, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Laboratorio de Paz y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
También aparecen la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven, junto con otras agrupaciones hasta completar las catorce firmantes.
La diversidad de estas organizaciones amplía el alcance del mensaje. Algunas trabajan en derechos humanos, otras se especializan en transparencia, participación electoral, comunicación o derechos de grupos específicos.
Su propuesta plantea un indicador concreto: completar la reorganización del CNE en octubre. Si la mesa cumple ese objetivo con transparencia, podría generar una primera señal verificable.
Si las conversaciones prolongan el proceso hasta diciembre sin una justificación clara, las dudas pueden aumentar. La ciudadanía evaluará la transición por sus resultados y no únicamente por el número de reuniones.
Las ONG piden convertir la confianza en una prioridad. Para conseguirlo, los participantes deben publicar plazos, asumir responsabilidades y permitir el seguimiento ciudadano.
La renovación de las instituciones no resolverá automáticamente todos los problemas políticos. Sin embargo, puede crear las reglas necesarias para que los venezolanos decidan mediante elecciones competitivas.
Octubre aparece como una fecha posible dentro de la propuesta de la sociedad civil. El verdadero desafío consiste en garantizar que la velocidad no comprometa la transparencia ni la independencia.
La mesa de diálogo deberá demostrar si puede producir acuerdos que modifiquen el funcionamiento del Estado. La selección del CNE y del TSJ ofrecerá una primera oportunidad para medirlo.
El resultado marcará el rumbo de la transición. Un proceso abierto y verificable puede fortalecer la confianza; una nueva demora sin explicaciones podría profundizar el escepticismo ciudadano.
Con información de El Nacional
