En un país donde la crisis política se superpone a una tensión internacional creciente, la población venezolana ha comenzado a modificar silenciosamente su comportamiento cotidiano. Hablar, comentar o incluso leer noticias sobre las advertencias de Estados Unidos o las decisiones de Nicolás Maduro se ha convertido en un acto riesgoso.
El temor a ser acusado de colaborar con supuestos enemigos del Estado ha empujado a muchos ciudadanos a la autocensura, tanto dentro del país como en la diáspora. La desconfianza, la vigilancia y las amenazas de sanciones penales han creado un ambiente de miedo que condiciona la comunicación entre familiares, amigos y comunidades enteras.
El silencio cotidiano: conversaciones en voz baja y teléfonos escondidos
María, como muchos venezolanos, ha aprendido a medir cada palabra. Cuando mencionó en público el despliegue militar estadounidense en el Caribe, un amigo la interrumpió de inmediato: “Habla bajito, no sabemos quién escucha”. La escena se repite en mercados, autobuses, oficinas y centros educativos. La prudencia se ha convertido en una herramienta de supervivencia.
En un transporte público de Caracas, una mujer ocultó su teléfono apenas notó que otros pasajeros la observaban mientras veía un video sobre Donald Trump. Escenas así ilustran cómo la percepción de vigilancia se ha internalizado, llevando a la población a evitar cualquier contenido sensible en lugares abiertos.
Migrantes temen comprometer a sus familiares en Venezuela
El miedo no solo afecta a quienes permanecen en el país. Un joven venezolano en el exterior contó que evita enviar noticias sobre la tensión bilateral a sus familiares por temor a que olviden borrar los mensajes y sean revisados en una alcabala. La posibilidad de que “patriotas cooperantes” intercepten teléfonos o reporten conversaciones genera un ambiente de desconfianza que trasciende fronteras.
Otro migrante relató que la hermana de un amigo fue detenida temporalmente en Maracaibo porque en su teléfono apareció un video compartido desde el extranjero en un chat familiar. Aunque se trataba de un contenido humorístico, la mujer fue extorsionada. “Nos da miedo pensar qué habría pasado si el video fuera distinto”, dijo.
Este tipo de episodios ha normalizado prácticas como borrar chats, eliminar estados y evitar cualquier comentario político en redes sociales, incluso en cuentas privadas.
Temor constante: “Las paredes oyen”
Para muchos, la vigilancia es una sombra permanente. Un caraqueño de 43 años confesó que borra todas sus conversaciones diariamente “para evitar problemas”. Una mujer de 65 años, desde el Zulia, asegura que vive “todo el día con susto” y ha pedido a sus hijos que no le envíen información política para no exponerse innecesariamente.
Las noticias sobre detenciones, operativos policiales y vigilancia digital han alimentado un estado de ansiedad colectiva que lleva a las personas a limitar lo que leen, comparten o escuchan.
La represión tras las elecciones de 2024 profundizó la autocensura
Tras los comicios presidenciales de 2024, la represión se intensificó. De acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, funcionarios venezolanos difundieron en redes sociales datos personales, fotografías y videos de detenidos, incluidos adolescentes. Esta práctica amplificó el miedo y reforzó la percepción de que cualquier comentario puede ser criminalizado.
Casos emblemáticos han marcado un precedente aterrador:
—Merly Oropeza, condenada a 10 años de prisión por un estado de WhatsApp crítico hacia una integrante del CLAP.
—Marggie Xiomara Orozco, una doctora de 65 años sentenciada a 30 años de cárcel, la pena máxima prevista por la ley, por enviar un mensaje de audio donde pedía votar contra Nicolás Maduro.
Estas decisiones, consideradas desproporcionadas por organizaciones de derechos humanos, han multiplicado la autocensura en toda la sociedad.
Un país donde opinar se volvió un acto riesgoso
Desde julio de 2024, cientos de personas han sido detenidas por expresarse públicamente, compartir contenidos digitales o transmitir críticas en redes sociales. La amenaza constante de sanciones ha transformado la comunicación privada en una actividad clandestina que se maneja con códigos, silencios y aplicaciones borradas.
Lo que antes era parte del intercambio cotidiano —conversar sobre política, leer noticias, debatir sobre acontecimientos internacionales— hoy se ha vuelto un riesgo que la mayoría prefiere evitar.
El miedo a hablar, reírse de un video, comentar una declaración internacional o reenviar una noticia se ha convertido en un síntoma profundo de la crisis venezolana. La vigilancia, real o percibida, ha impuesto un cerco psicológico que afecta tanto a quienes permanecen en el país como a quienes viven fuera. Bajo la amenaza de detenciones, extorsión y penas severas, la población ha adoptado la autocensura como mecanismo de defensa. En un contexto marcado por tensiones con Estados Unidos y un clima interno de represión creciente, la libertad de expresión se ha reducido a susurros, mensajes borrados y conversaciones que nunca llegan a ocurrir.
Con información de El Pitazo
