El debate sobre el futuro político de Venezuela vuelve a intensificarse tras un pronunciamiento poco habitual: dos coroneles retirados, ambos doctores en Derecho, instaron públicamente a Nicolás Maduro a reconocer la derrota electoral del 28 de julio de 2024 y a renunciar para evitar una crisis de mayor magnitud.
En intervenciones separadas, Ángel Alberto Bellorín e Hidalgo Valero Briceño coincidieron en que la aceptación de la voluntad popular sería la vía menos traumática para el país y podría impedir escenarios extremos como una intervención militar o un estallido social de consecuencias impredecibles. Sus advertencias, formuladas desde el marco constitucional y la preocupación por el costo humano, reflejan una fractura creciente entre la legitimidad política del poder y el respaldo real dentro de sectores militares y civiles.
El llamado a evitar una tragedia nacional
Ángel Alberto Bellorín, coronel en retiro del Ejército y jurista con trayectoria académica, sostuvo que la salida más razonable para Venezuela no pasa por la confrontación armada. Subrayó que ningún ciudadano “de bien” desea una invasión ni las penurias de una guerra, y consideró que el propio mandatario tiene en sus manos la opción menos dolorosa: admitir la derrota electoral y someterse a la justicia internacional.
En su planteamiento, Bellorín insistió en que el reconocimiento del resultado del 28 de julio es un hecho probado que el gobierno se niega a aceptar. Para él, ese desconocimiento prolonga la tensión interna, deteriora las relaciones internacionales y aumenta el riesgo de una escalada que termine arrastrando a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El oficial retirado también pidió al líder chavista disculparse ante el país y ante la comunidad internacional por los fraudes, abusos y violaciones institucionales, al considerar que la permanencia en el poder no solo profundiza la crisis, sino que también expone a Venezuela a mayores presiones externas.
Justicia internacional como alternativa y garantías legales
Uno de los puntos más contundentes del discurso de Bellorín fue su defensa del sistema judicial internacional como un espacio donde —a diferencia de la justicia venezolana— podrían respetarse principios básicos como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. En un tono inusual, incluso ofreció ponerse al servicio de Maduro como abogado si eso ayudaba a abrir un camino ordenado hacia la rendición de cuentas.
La comparación con la realidad interna fue severa: denunció que en Venezuela se presume culpable a cualquier ciudadano señalado por el poder, y que el aparato judicial ha perdido independencia frente al Ejecutivo. En esa línea, sostuvo que el Estado ha quedado diluido en el gobierno y, peor aún, en el partido dominante, rompiendo el equilibrio institucional previsto en la Constitución.
Bellorín recordó la expresión “la guerra avisada no mata al soldado”, aludiendo a que el régimen ha ignorado señales claras de advertencia y ha respondido incluso con burlas o desafíos, lo que podría conducir a una crisis irreversible.
Valero Briceño y la fractura en el respaldo militar
En paralelo, Hidalgo Valero Briceño, coronel retirado de la Guardia Nacional, doctor en Derecho y presidente del Movimiento Defensores Populares, emitió un mensaje directo: aseguró que cerca del 90% de militares retirados y activos no respaldan a Nicolás Maduro. Por ello, pidió una renuncia inmediata para evitar una tragedia mayor.
Su argumento se centra en el colapso socioeconómico y en la incapacidad del gobierno, desde 2013, para garantizar condiciones mínimas de bienestar. Señaló que el salario mínimo se ha mantenido prácticamente congelado, violando —según su interpretación— los artículos 90 y 91 de la Constitución, que establecen el derecho a una remuneración vital capaz de cubrir necesidades básicas.
El salario, la inflación y la indignación social
Valero Briceño ilustró su crítica con cifras relacionadas con los aguinaldos de personal retirado, evidenciando una drástica reducción a causa de la inflación. A su juicio, la pérdida del poder adquisitivo ha sido tan extrema que la canasta alimentaria supera con creces los ingresos mensuales de los trabajadores, sin contar gastos esenciales como medicina, educación o vestimenta.
Además, denunció un deterioro progresivo del sistema de salud y del bienestar social de los militares, responsabilizando también a la cúpula castrense por su silencio y complicidad. En su visión, el Ejecutivo invierte en uniformes, botas, armamento y actos propagandísticos, mientras la mayoría enfrenta hambre, precariedad y desamparo.
Incluso criticó el gasto en iluminación y ornamentación navideña como parte de un espectáculo oficial que contrasta con la pobreza cotidiana.
Transición, voluntad popular y un país al límite
Ambos coroneles coincidieron en un punto esencial: ignorar la voluntad ciudadana incrementa el riesgo de un desenlace violento. Tanto Bellorín como Valero Briceño apelaron a una transición pacífica y a la restitución de derechos constitucionales, insistiendo en que el tiempo político del gobierno se agota.
Valero Briceño, además, aseguró que la mayoría del país sigue respaldando a figuras opositoras como Edmundo González y María Corina Machado, reforzando la idea de que existe una ruptura entre el poder formal y el consentimiento social.
En un contexto donde crecen las presiones internacionales, se multiplican las denuncias internas y se agudiza la crisis económica, el llamado de estos dos juristas uniformados vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta central: ¿optará el gobierno por una salida institucional o seguirá empujando al país hacia un escenario imprevisible?
Con información de Infobae
