Un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que investiga los abusos en Venezuela desde 2014, concluyó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha perpetrado graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El documento de 123 páginas, publicado este jueves, señala directamente a responsables del cuerpo de seguridad venezolano por «comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género.»
En un nuevo informe, la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas revela cómo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), han cometido graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década https://t.co/OA9agusYrT pic.twitter.com/Au93EzxbUC
— PROVEA (@_Provea) December 11, 2025
Militarización y cadena de mando centralizada
La Misión, liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, subraya que estos abusos no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón de represión interna y persecución política.
De la misma manera, destacaron que la GNB fusionó funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y facilitando la represión en un «entorno prolongado de impunidad.»
El informe destaca que esta situación se agravó por una cadena de mando «altamente centralizada» bajo la dirección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que eliminó los contrapesos para la rendición de cuentas.
Uso de fuerza desproporcionada y riesgo para altos mandos
La investigación documenta el uso desproporcionado de la fuerza por la GNB en la represión de protestas masivas (2014, 2017, 2019, 2024), incluyendo el uso indebido de armas letales, con disparos «directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas.» Además, se denunciaron prácticas de modificación de proyectiles para infligir mayor daño.
La Misión encontró motivos razonables para creer que la GNB fue esencial en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución con motivos políticos.» Ante estos hallazgos, la Misión advierte que funcionarios de la GNB y altos mandos militares y políticos podrían enfrentar responsabilidad penal conforme a los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, lo que podría implicar a la Corte Penal Internacional (CPI).
Con información de El Nacional
