Un juez federal de Estados Unidos determinó que la administración del presidente Donald Trump vulneró el derecho al debido proceso de alrededor de 200 ciudadanos venezolanos que fueron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, pese a no existir pruebas que los vincularan con organizaciones criminales.
El juez James Boasberg ordenó que los migrantes tengan la oportunidad de comparecer en una audiencia y fijó como fecha límite el 5 de enero para que el Ejecutivo presente un plan que permita su retorno a Estados Unidos o que se les garantice la posibilidad de defender su caso ante un tribunal.
Además, el magistrado certificó una demanda colectiva que permitirá a todos los afectados impugnar su designación como “enemigos extranjeros”, una figura utilizada por el gobierno estadounidense al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa reservada históricamente para tiempos de guerra.
Sin pruebas sobre el Tren de Aragua
La deportación se produjo luego de que el gobierno de Trump acusara a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua, aunque no presentó evidencia que respaldara esa afirmación. Los migrantes fueron enviados a El Salvador en coordinación con el presidente Nayib Bukele.
En su dictamen, Boasberg señaló que los afectados fueron expulsados “prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión”, lo que constituye una violación directa a sus derechos constitucionales.
Demandas y denuncias de organizaciones civiles
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward argumentaron en su demanda que la deportación fue ilegal y que los venezolanos fueron encarcelados en El Salvador a cambio de un pago.
El juez advirtió que permitir este tipo de prácticas equivaldría a dejar sin efecto el hábeas corpus, señalando que el gobierno no puede “trasladar secretamente a personas a otro país para impedir cualquier posibilidad de recurso legal”.
Migrantes devueltos meses después
Tras meses de presión de familiares y organizaciones, los venezolanos fueron devueltos a su país en julio, como parte de un intercambio de rehenes entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.
Boasberg concluyó que “la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales”, especialmente por parte de funcionarios que han jurado cumplirla.
Juez estadounidense ordenó a que a venezolanos enviados al Cecot se les conceda la posibilidad de comparecer en una audienciahttps://t.co/s0GxipIJV9
— Runrunes (@RunRunesWeb) December 26, 2025
Con información de RunRunes
