Los anuncios de excarcelaciones en Venezuela vuelven a despertar más dudas que certezas. La reciente jornada de liberaciones proclamada por el gobierno de Nicolás Maduro quedó rápidamente bajo sospecha tras revelarse profundas inconsistencias entre las cifras oficiales y los datos verificados por organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes.
Mientras las autoridades hablaron de casi un centenar de personas beneficiadas, los registros contrastados apuntan a un número sensiblemente menor. La diferencia no es solo aritmética: expone una vez más la falta de transparencia institucional, el miedo que rodea a las familias de los detenidos y la persistencia de un sistema represivo que mantiene a centenares de personas privadas de libertad por razones políticas. En ese escenario, la excarcelación se percibe menos como un acto de justicia y más como una herramienta de control narrativo y cálculo político.
Cifras oficiales frente a datos verificados
Un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez, publicado por Infobae, puso en evidencia la brecha entre el discurso gubernamental y la realidad documentada. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), tras un proceso de verificación realizado junto a familiares, defensores y organizaciones civiles, se confirmó inicialmente la liberación de 63 personas. Posteriormente, el cruce de listas y testimonios elevó el número a 65, aún lejos de los 99 anunciados por el Ejecutivo.
El grupo excarcelado está compuesto por 39 hombres, 21 mujeres y tres adolescentes. Ninguno pertenece a la Fuerza Armada. Clippve advierte que estas cifras se obtuvieron en condiciones adversas, marcadas por la opacidad informativa, el temor a represalias y la renuencia de muchas familias a confirmar públicamente los casos. Ese contexto, subraya la organización, impide conocer con precisión el alcance real de las liberaciones.
El silencio impuesto y el miedo persistente
La diferencia entre los números oficiales y los datos independientes no puede analizarse de forma aislada. Para defensores de derechos humanos, responde a un patrón sostenido: el control del relato como parte de una estrategia de poder. En Venezuela, la información sobre presos políticos sigue condicionada por el silencio forzado, la intimidación y la ausencia de garantías.
La falta de transparencia mantiene a la sociedad en un estado de incertidumbre permanente. Muchas familias desconocen la situación legal de sus allegados o temen hablar, conscientes de que cualquier exposición pública puede derivar en represalias. En ese clima, incluso una excarcelación se vive con cautela, sin celebración plena y sin seguridad jurídica.
Más de mil presos políticos, pese a los anuncios
Durante una entrevista en el programa La Linterna de COPE, el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, ex preso político, cuestionó abiertamente la narrativa oficial. A su juicio, aunque el gobierno anuncie liberaciones que “rondan el centenar”, la cifra global de presos políticos sigue superando el millar y no ha experimentado una reducción sustancial.
Díaz destacó que entre los liberados no figura ningún dirigente de partidos opositores. La mayoría son civiles sin cargos de liderazgo, detenidos en el contexto poselectoral. Además, señaló que solo tres de los cinco adolescentes arrestados recuperaron la libertad. Dos menores continúan encarcelados, uno de ellos condenado a diez años de prisión por ser hijo de un funcionario policial crítico del chavismo.
Libertad condicionada y mensaje intimidatorio
Un analista consultado por Infobae advirtió que la mayoría de los excarcelados no goza de plena libertad. Permanecen bajo medidas cautelares, vigilancia constante y restricciones que limitan su movilidad y su vida cotidiana. No se trata, explicó, de una restitución de derechos, sino de una liberación condicionada que mantiene intacto el control estatal.
Según este análisis, el mensaje es claro: cualquier ciudadano que desafíe al poder corre el riesgo de ser castigado. La excarcelación parcial funciona así como advertencia a la sociedad civil, reforzando la idea de un Estado omnipresente y represivo que decide cuándo castigar y cuándo “conceder” alivio.
“Alegría amarga” y memoria de la arbitrariedad
El asesor en estrategia Nelson Mendoza Blanco resumió ese sentimiento contradictorio en un mensaje titulado “Liberados: alegría amarga Navidad”. Celebró la salida de prisión de varios ciudadanos recluidos en Tocorón, pero recordó que ninguno debió haber estado detenido. No cometieron delitos electorales ni conspiraron contra el Estado, como sostuvo el discurso oficial tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Lejos de ser saboteadores o hackers, eran ciudadanos comunes: miembros de mesa, testigos electorales y parte de los equipos de defensa del voto opositor. “El delito fue cumplir la Constitución”, denunció Mendoza, quien sostiene que las detenciones buscaban castigar y disuadir la participación ciudadana. A su juicio, las excarcelaciones responden más a propaganda que a justicia.
Un sistema que no cambia el fondo
El análisis de Infobae detalla que los 65 excarcelados provenían de distintos centros de detención: Tocorón, La Planta, La Crisálida, comandos policiales regionales, el retén juvenil de Caraballeda y una sede del Sebin en Falcón. La lista nominal publicada por el medio refuerza la denuncia de manipulación de cifras y contradice la versión oficial.
Para las organizaciones de derechos humanos, el episodio confirma que Venezuela sigue atrapada en una crisis institucional profunda. Mientras existan presos por ejercer derechos constitucionales, advierten, no puede hablarse de elecciones libres ni de Estado de derecho. Las excarcelaciones, sin transparencia ni libertad plena, no representan un giro político, sino una maniobra más dentro de un sistema que se resiste a cambiar su esencia.
Con información de El Nacional
