El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el estado de emergencia económica y social en todo el territorio colombiano, una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión fiscal del país. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 y otorga al Ejecutivo un plazo de 30 días para expedir decretos con fuerza de ley.
Con estas herramientas, el Gobierno busca crear nuevos impuestos y tributos con el fin de cubrir un déficit presupuestal estimado en 16 billones de pesos para el próximo año. La decisión, sin embargo, ha generado cuestionamientos jurídicos y políticos, especialmente por las dudas sobre su constitucionalidad.
Un mecanismo excepcional con amplio alcance
El decreto presidencial establece de manera explícita la declaratoria del estado de emergencia por un período de treinta días calendario. Durante este lapso, el Ejecutivo podrá adoptar medidas extraordinarias destinadas, según el texto oficial, a conjurar la crisis económica y evitar la extensión de sus efectos. Entre estas acciones se incluyen operaciones presupuestales y disposiciones fiscales que normalmente requerirían la aprobación del Congreso.
Aunque en un principio se especuló sobre la inclusión inmediata de nuevos impuestos, el documento no detalla tributos específicos. Esta omisión responde al procedimiento constitucional: primero debe declararse el estado de excepción y, posteriormente, desarrollarse mediante decretos legislativos que tendrán vigencia temporal y fuerza de ley.
Control institucional y revisión constitucional
Tanto la declaratoria de emergencia como los decretos que se expidan en su desarrollo estarán sujetos a revisión por parte de la Corte Constitucional y al control político del Congreso. El propio decreto ordena la convocatoria del Legislativo para que ejerza dicha supervisión diez días después de finalizado el estado de excepción.
En paralelo, el alto tribunal estudia la posibilidad de reunirse de manera extraordinaria para evaluar la viabilidad jurídica de la medida. Sectores jurídicos han planteado incluso la suspensión provisional de los efectos del decreto, argumentando que el cobro de impuestos bajo un marco cuya constitucionalidad está en entredicho podría generar inseguridad jurídica.
Las dudas sobre la constitucionalidad
Uno de los principales cuestionamientos radica en la naturaleza misma de la emergencia. La Constitución colombiana contempla este mecanismo para atender hechos sobrevinientes e imprevisibles. No obstante, críticos del Gobierno señalan que los argumentos expuestos eran ampliamente conocidos y anticipados, como el hundimiento de la reforma tributaria o las tensiones fiscales acumuladas.
Desde esta óptica, la utilización del estado de emergencia sería un atajo para eludir el trámite legislativo ordinario, lo que ha encendido alertas en sectores de la oposición y entre expertos en derecho constitucional.
El pago de la UPC y el sistema de salud
Entre las razones esgrimidas por el Ejecutivo se encuentra el cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional que exige aumentar el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS. Este ajuste había sido objeto de resistencia por parte del Gobierno, al punto de que el tribunal abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Paradójicamente, esta obligación judicial es ahora utilizada como justificación para declarar la emergencia y habilitar la creación de nuevos tributos, lo que permitiría al presidente sortear el debate parlamentario para financiar dicho aumento.
Orden público y proceso electoral
El segundo argumento presentado se relaciona con la situación de seguridad en varias regiones del país. El Gobierno citó los escenarios de violencia en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, así como la necesidad de reforzar los esquemas de protección durante la contienda electoral.
Según el Ejecutivo, estos factores demandan recursos adicionales por cerca de 3,7 billones de pesos, destinados a atender la conflictividad y garantizar condiciones mínimas de seguridad para candidatos y ciudadanos.
El impacto del fracaso tributario
El hundimiento de la reforma tributaria constituye otro de los pilares de la justificación. Aunque este desenlace fue advertido con antelación por sectores del Senado, el Gobierno argumenta que su efecto combinado con otros factores ha exacerbado las presiones de liquidez y elevado los riesgos fiscales.
En el decreto se advierte que esta situación podría afectar la continuidad de programas sociales, el cumplimiento de obligaciones contractuales, el pago de la deuda pública y la atención a poblaciones vulnerables.
Otros factores económicos y financieros
El Ejecutivo también mencionó los efectos de la ola invernal, los compromisos legales pendientes, las restricciones al endeudamiento y las limitaciones en la caja de la Tesorería General. Incluso se hace referencia a la crisis postpandemia y a un crecimiento del gasto que el Gobierno califica como inflexible.
Un escenario de tensión política
La declaratoria de emergencia económica abre un periodo de alta tensión institucional. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para evitar un colapso fiscal, sus críticos advierten sobre el riesgo de normalizar mecanismos excepcionales para resolver problemas estructurales.
El desenlace dependerá, en gran medida, de la decisión de la Corte Constitucional y del debate político que se intensificará en las próximas semanas, en un contexto donde la estabilidad fiscal y el respeto al orden constitucional se encuentran en el centro de la discusión nacional.
Con información de El Tiempo
