El gobierno del Presidente Gustavo Petro enfrenta una creciente controversia en materia de derechos humanos tras una serie de bombardeos militares contra grupos armados, que han resultado en la muerte de menores de edad reclutados.
A través de un reportaje de EFE detalló que el ataque más reciente y letal, ocurrido en la selva del Guaviare, mató a 19 guerrilleros, incluyendo 7 menores.
La operación de noviembre contra disidencias de las FARC intensificó las críticas hacia el presidente, quien previamente había censurado duramente el uso de bombardeos con menores entre las víctimas.
La situación pone a prueba su política de «Paz Total» y plantea el dilema de cómo combatir el creciente poder territorial de las guerrillas sin poner en riesgo la vida de los niños forzados a la guerra.
Alza del 300% en reclutamiento forzado
Petro defendió las operaciones argumentando que respetan el Derecho Internacional Humanitario, y rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo de suspender los bombardeos donde haya presencia de menores, afirmando que «si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas.»
Esta postura ocurre en medio de un repunte alarmante del reclutamiento forzado, que, según Unicef, se disparó un 300% entre 2019 y 2024. Hoy, en promedio, cada 20 horas un menor es reclutado o usado para el conflicto en Colombia.
🚨🇨🇴 POTENCIA DEL SECUESTRO | UNICEF y la ONU alertan que el reclutamiento forzado de menores de edad aumentó significativamente en Colombia durante el desgobierno Petro: 300 % respecto a cifras de hace cinco años y 64 % entre 2023-2024, con 453 casos verificados. La Defensoría… pic.twitter.com/cNF7aO9Bnh
— IMPACTO 24/7 (@Impacto24_7) December 11, 2025
Madres del cauca exigen al Estado actuar
Por otro lado, el foco del problema se sitúa en el Cauca, donde las madres y mujeres han tenido que organizarse en la Guardia Intercultural Humanitaria para buscar a sus hijos desaparecidos o reclutados, una labor que, denuncian, debería realizar el Estado. Emilse Jiménez, coordinadora de la Guardia, relató cómo el reclutamiento se ha «agudizado,» con ofertas directas a jóvenes con pago, armas y vehículos.
Un movimiento nacional de madres presentó una tutela judicial para obligar al gobierno a suspender los bombardeos y aplicar una política efectiva contra el reclutamiento. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá declaró la tutela improcedente, las activistas consideran haber ganado argumentos clave para futuras instancias.
Las organizaciones civiles estiman que las cifras reales de reclutamiento desde 2022 podrían ascender a $1.200$ o 1.300$ casos solo en el Cauca, alertando sobre la existencia de «ejércitos de niños.» La crítica a Petro se centra en la «ausencia de liderazgo» y el «aval implícito» a operaciones que ponen en riesgo a la niñez, señalando que «un gobierno que no busca a sus niños reclutados no está legitimado para bombardearlos».
Con información de EFE
