Celebrar se volvió delito: controles, detenciones y revisiones de teléfonos marcan la Venezuela post-Maduro

Las fuerzas de seguridad han abordado autobuses, registrado teléfonos e interrogado a personas, en busca de pruebas de que celebraron la captura de Nicolás Maduro

La caída de Nicolás Maduro no trajo, al menos por ahora, el alivio que muchos venezolanos esperaban. Aunque el expresidente fue capturado por fuerzas estadounidenses, el aparato que sostuvo su poder durante más de una década no solo permanece en pie, sino que ha reforzado su capacidad de control. En Caracas y en varias regiones del país, se multiplican los testimonios de interrogatorios, revisiones de teléfonos, detenciones selectivas y puestos de control, mientras el chavismo organiza marchas multitudinarias para exigir la liberación del líder depuesto.

Todo ocurre en un contexto inédito: Estados Unidos, tras una operación militar, mantiene contactos con el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, una dirigente que exige públicamente el regreso de Maduro mientras, según diversas denuncias, se intensifica la represión interna.

UNA NACIÓN EN DOS REALIDADES: MARCHAS OFICIALES Y MIEDO EN LAS CALLES

El martes, funcionarios y simpatizantes del gobierno encabezaron una movilización masiva en Caracas para exigir la liberación de Maduro, en una demostración de fuerza política que contrastó con el ambiente de temor que describen ciudadanos y organizaciones de derechos humanos. La escena dejó al descubierto una paradoja: mientras el oficialismo exhibe músculo en la capital, las fuerzas de seguridad despliegan mecanismos para detectar, frenar y castigar cualquier expresión de satisfacción por la captura del exmandatario.

Según testimonios recopilados en el país, agentes han abordado autobuses, instalado retenes en autopistas y efectuado inspecciones en teléfonos celulares para rastrear palabras clave como “Maduro”, “Trump”, “Estados Unidos” o “invasión”. El objetivo, afirman activistas, es encontrar conversaciones, mensajes o publicaciones que puedan interpretarse como respaldo al operativo militar o rechazo al gobierno en funciones.

CELULARES BAJO SOSPECHA: LA NUEVA PRUEBA DE LEALTAD

La directora de la organización Caleidoscopio Humano, Gabriela Buada, explicó que este patrón responde a una estrategia de intimidación que busca bloquear la celebración pública y mantener a la sociedad bajo vigilancia permanente. “Hacen que abras WhatsApp y escribas ciertas palabras para revisar si tienes algún chat celebrando o apoyando la captura”, denunció.

Los ciudadanos consultados, muchos de ellos bajo condición de anonimato por razones de seguridad, describen un país donde la frontera entre opinión y riesgo se ha borrado. Una mujer narró que su esposo, un comerciante agrícola en Zulia, celebró en voz alta el día de la captura de Maduro. Dos días después, agentes de la Policía Nacional lo detuvieron en su lugar de trabajo y exigieron el pago de 1.000 dólares para liberarlo. La familia reunió el dinero como pudo, entregó alimentos como parte de la exigencia informal y el hombre fue excarcelado.

ARRESTOS, PERIODISTAS Y DEPORTACIONES: EL COSTO DE INFORMAR

La represión también ha tocado de manera directa a los medios de comunicación. Durante la juramentación de Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional, al menos 14 periodistas fueron detenidos, según reportó el sindicato local de prensa. Trece quedaron en libertad más tarde, mientras que uno fue deportado. Paralelamente, se recuerda que otros 23 reporteros continúan bajo custodia desde el período de Maduro, en un registro que evidencia la continuidad de la persecución contra la información independiente.

Además, Caleidoscopio Humano reportó que al menos seis ciudadanos fueron capturados en retenes recientes, y en el occidente del país se detuvo a dos adultos mayores por disparar al aire mientras celebraban la caída del exmandatario. Para defensores de derechos humanos, estos casos reflejan una dinámica que va más allá de la seguridad: se trata de disciplinamiento político y castigo simbólico.

EL ESTADO DE EMERGENCIA: MÁS PODER PARA LA CAPTURA

Delcy Rodríguez decretó un estado de emergencia por 90 días que otorga facultades amplias a los cuerpos de seguridad para capturar de forma inmediata a quienes promuevan o respalden el ataque estadounidense. El decreto, denunciado por sectores civiles, podría profundizar la erosión de libertades ya debilitadas, permitiendo interpretaciones extensas sobre lo que significa “apoyar” o “celebrar” la operación.

Desde ese anuncio, los reportes de presencia policial y de colectivos armados —milicias irregulares con fusiles y rostros cubiertos— se han incrementado, particularmente en Caracas. Para muchos habitantes, este despliegue actúa como mensaje: no hay espacio para la euforia, ni para la crítica.

EL RESPALDO DE WASHINGTON Y LA INCERTIDUMBRE DEMOCRÁTICA

Lo más llamativo, advierten analistas, es que la intensificación del control ocurre mientras Estados Unidos expresa confianza en que Rodríguez cumplirá sus condiciones. La Casa Blanca ha centrado sus exigencias en asuntos de petróleo y narcotráfico, y aunque en privado presiona por expulsar influencia de potencias como Rusia, China, Irán o Cuba, no está claro qué lugar ocupan la democracia y los derechos humanos en esa agenda.

Cuando periodistas preguntaron a Trump si se había hablado sobre presos políticos o retorno de opositores exiliados, el mandatario respondió: “Aún no hemos llegado a eso”. Mientras tanto, el chavismo reorganiza su narrativa: “Leales siempre, traidores nunca”, corean fuerzas de seguridad en videos difundidos por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien también encabezó un mitin en Caracas.

Maduro ya no está físicamente en el poder. Pero el sistema que lo sostuvo sigue operando, y para millones de venezolanos la vida cotidiana se ha vuelto aún más estrecha, más vigilada y más peligrosa.

Con información de New York Times

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