La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 provocó una inmediata reacción del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la administración insistirá en mantener el aumento del 23 %, pese a la decisión del Consejo de Estado que ordenó sustentar técnicamente el incremento.
El fallo, que responde a múltiples demandas contra el decreto expedido en diciembre pasado, abrió un nuevo capítulo en el debate económico y jurídico sobre la política salarial del país. Mientras el Ejecutivo prepara su respuesta formal, el funcionario defendió la legitimidad del ajuste y cuestionó el trasfondo de la determinación judicial.
La primera reacción oficial
La noticia se conoció en la mañana del viernes 13 de febrero, minutos antes de que el ministro interviniera en una entrevista radial. En plena transmisión, Benedetti confirmó que el Gobierno ya esperaba la decisión del alto tribunal y reconoció que aún no conocía en detalle el contenido completo del fallo.
El funcionario explicó que la administración había sido advertida sobre la inminencia del pronunciamiento judicial. Sin embargo, insistió en que la intención del Ejecutivo es sostener el porcentaje anunciado. Según dijo, la política salarial responde a un criterio constitucional orientado a garantizar un ingreso digno, más allá de un simple ajuste nominal.
Defensa del incremento y argumento social
El ministro fundamentó la postura oficial en el concepto de salario vital, señalando que la cifra establecida se calculó tomando como referencia el costo de la canasta básica para una familia promedio. De acuerdo con su explicación, el valor aproximado de esa canasta supera los tres millones de pesos, lo que obligaría a que al menos una persona y media generen ingresos para cubrirla.
En ese contexto, el incremento del 23 % no sería una medida improvisada, sino un intento por acercar el salario mínimo a un nivel que permita cubrir necesidades esenciales. Benedetti sostuvo que el objetivo central es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir brechas sociales.
El funcionario también expresó en redes sociales que la decisión judicial podría interpretarse como una resistencia a beneficiar a los sectores de menores ingresos, afirmación que generó nuevas controversias en el ámbito político.
Próximos pasos del Ejecutivo
Tras la suspensión provisional, el Gobierno deberá acatar la orden y expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días calendario. Este acto deberá fijar un aumento transitorio mientras el Consejo de Estado emite sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto original.
Benedetti confirmó que el Ejecutivo presentará un recurso de reposición, mecanismo jurídico que permite solicitar la reconsideración de la medida adoptada. Al mismo tiempo, reconoció que la administración analizará el fallo para determinar si existió algún error técnico en la formulación del decreto.
El ministro calificó como “inédita” la orden judicial que obliga a emitir un nuevo acto provisional en tan corto tiempo, señalando que la rapidez del trámite plantea desafíos administrativos y jurídicos.
Dudas sobre efectos prácticos
Uno de los puntos que el funcionario subrayó fue el impacto sobre derechos ya consolidados. Según planteó, surgen interrogantes sobre qué ocurrirá con contratos, tarifas de transporte público y salarios que fueron ajustados tomando como referencia el nuevo mínimo.
No obstante, el Consejo de Estado aclaró en su providencia que la suspensión no afecta los pagos ya realizados ni los derechos adquiridos por los trabajadores. Las quincenas canceladas bajo el nuevo valor se mantienen válidas y no deberán ser reintegradas.
Aun así, la incertidumbre generó inquietud en sectores empresariales y sindicales, que observan con atención la evolución del proceso.
Debate técnico y constitucional
El fallo judicial establece que el Gobierno deberá atender de manera integral los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley. Entre ellos se incluyen la meta de inflación, la productividad y el crecimiento del producto interno bruto.
Benedetti indicó que, si la discusión es estrictamente técnica, el equipo económico podrá sustentar nuevamente la cifra. Reiteró que la administración está convencida de que el aumento responde a fundamentos sólidos y que la meta es preservar el porcentaje anunciado.
El escenario plantea un debate sobre el equilibrio entre la potestad del Ejecutivo para fijar el salario mínimo y el control de legalidad ejercido por el alto tribunal. Mientras el proceso continúa, el país permanece atento a la decisión final que definirá el rumbo de la política salarial para 2026.
Un panorama abierto
La suspensión provisional no significa la anulación definitiva del aumento, pero sí obliga al Gobierno a justificar con mayor precisión el cálculo aplicado. En medio de tensiones políticas y cuestionamientos jurídicos, el Ejecutivo prepara su respuesta con la intención de sostener el incremento del 23 %.
El desenlace dependerá de la solidez técnica del nuevo decreto y del análisis que realice el Consejo de Estado en el fallo de fondo. Entretanto, el debate sobre salario vital, sostenibilidad económica y equilibrio institucional continúa marcando la agenda nacional.
🚨 Ministro Armando Benedetti entregó las primeras declaraciones tras suspensión provisional del decreto del salario mínimo 2026 👇 https://t.co/IL0lM4MjEj pic.twitter.com/UHTs1RSUo1
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 13, 2026
Con información de El TIempo
