Las recientes muertes de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia, y de Cecilia Quintero, una adulta mayor que falleció mientras esperaba medicamentos en un dispensario, encendieron nuevas alarmas sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
Frente a estos hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó un llamado contundente: la situación no puede diluirse en responsabilidades colectivas abstractas, sino que debe traducirse en decisiones concretas y en la asunción de responsabilidades individuales. En entrevista, la funcionaria abordó la gravedad del panorama sanitario, las fallas en la operación de las EPS, la iliquidez del sistema y, además, el preocupante deterioro del mapa de riesgo electoral.
Muertes que evidencian un colapso
Los fallecimientos recientes pusieron rostro humano a una crisis que, según la Defensoría, se viene profundizando desde hace meses. En el caso de la mujer de 70 años, se trataba de una cuidadora de su hijo —víctima del conflicto armado y en condición de discapacidad— y de su esposo. Acudía a reclamar medicamentos para los tres. Murió en la fila. Aunque aún no se ha determinado la causa médica exacta, la situación revela un contexto de vulnerabilidad extrema.
La defensora subrayó que no basta con reconocer que existe un problema estructural. “Hay una responsabilidad colectiva, pero también individual”, enfatizó. Señaló particularmente a la Nueva EPS, intervenida y con la mayor cobertura del país, como una de las entidades con más quejas relacionadas con la entrega de medicamentos.
Planes que no se traducen en resultados
Desde el año pasado, la Defensoría adelanta diálogos para la protección inmediata del derecho a la salud. En una nueva fase, las reuniones se realizan directamente con las EPS. La primera fue con la Nueva EPS, que presentó un plan con medidas de corto plazo.
Sin embargo, Marín insistió en que un plan solo tiene sentido si transforma la realidad de los usuarios. Las cifras son contundentes: las quejas contra nueve EPS aumentaron un 107 % el año pasado. En la Superintendencia, los reclamos pasaron de 358.000 a más de 518.000, la mayoría vinculados con medicamentos.
La entidad solicitó acciones operativas específicas: agilizar tutelas atrasadas, establecer canales claros para recibir quejas y poner en marcha un esquema eficiente de gestores farmacéuticos. A pesar de esos compromisos, el retraso persiste.
Gasto de bolsillo y crecimiento farmacéutico
Ante la falta de medicamentos, muchos pacientes recurren al gasto directo. Pero esa alternativa depende de la capacidad económica. Quien tiene ingresos altos puede cubrir el costo; quien vive con un salario mínimo o está desempleado simplemente se queda sin tratamiento.
Paradójicamente, mientras el sistema enfrenta iliquidez, el sector farmacéutico creció 9 %, según el informe de la Defensoría. Para Marín, este contraste evidencia una distorsión profunda que no puede normalizarse.
Ilíquidez y responsabilidades compartidas
La crisis financiera tiene múltiples causas. La Corte Constitucional determinó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente. El Gobierno reconoció esa situación al declarar una emergencia económica, posteriormente suspendida. Además, existen deudas acumuladas cuya conciliación aún no se concreta.
El Ejecutivo afirma estar al día en los pagos mensuales, pero no cancelará obligaciones pasadas hasta que se definan las cifras exactas. Las EPS, por su parte, alegan falta de liquidez. Los gestores farmacéuticos exigen pagos anticipados, y las farmacéuticas ya no aceptan plazos extendidos. El resultado es un efecto dominó que impacta servicios, medicamentos y sostenibilidad financiera.
A ello se suman embargos judiciales que, aunque recaen sobre recursos teóricamente inembargables, agravan la asfixia económica.
Empatía y respuesta institucional
El caso del niño Kevin Acosta generó controversia por la reacción oficial. Para la defensora, lo primero que debió existir fue empatía. Señaló que culpar a la madre resultó inadecuado y desconoció las cargas de cuidado que recaen históricamente sobre las mujeres.
El menor no había recibido su medicamento desde diciembre, circunstancia que pudo incidir en su vulnerabilidad tras una caída. Marín insistió en que la falta de disponibilidad de tratamientos ya no es solo un asunto administrativo: compromete el derecho a la vida.
Riesgo electoral en aumento
La funcionaria también alertó sobre el deterioro del mapa de riesgo electoral. Los municipios en alerta extrema pasaron de 62 a 69 en cuatro meses, y en total 670 localidades presentan algún nivel de amenaza.
Solo el 42 % de las recomendaciones emitidas en octubre fueron cumplidas en los primeros tres meses. Para la Defensoría, el incumplimiento ha contribuido al empeoramiento del escenario.
Marín fue clara: habrá elecciones, pero lo que está en duda es la calidad y libertad del voto en territorios con presencia de actores armados o restricciones de movilidad.
La crisis sanitaria y el aumento del riesgo electoral revelan un momento crítico para el país. Según la Defensoría del Pueblo, la magnitud de los problemas exige medidas urgentes, coordinación efectiva y responsabilidades individuales claras. Sin decisiones concretas y correctivos inmediatos, advierte la entidad, las consecuencias podrían seguir afectando no solo el derecho a la salud, sino también la vida y la democracia misma.
Con información de El Tiempo
