La Asamblea Nacional publicó el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria prevista para este martes 3 de febrero, sin incluir la discusión del proyecto de ley de amnistía general anunciado días atrás por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La omisión del tema ha generado inquietud en distintos sectores políticos y sociales, debido a la relevancia que se le había atribuido a esta iniciativa como posible instrumento para avanzar hacia la reconciliación nacional.
La sesión está pautada para las 2:30 de la tarde en el Palacio Federal Legislativo, sede histórica del Parlamento venezolano. Sin embargo, la expectativa creada tras el anuncio oficial de la amnistía contrasta con la agenda legislativa difundida, en la que no figura ningún punto relacionado con el mencionado proyecto, pese a que el Ejecutivo había asegurado que su presentación sería inmediata.
El anuncio oficial y las promesas iniciales
Durante el acto de apertura del año judicial, Delcy Rodríguez informó que su administración había decidido impulsar una ley de amnistía general que abarcaría el periodo comprendido entre 1999 y la actualidad, una etapa marcada por profundos episodios de confrontación política. En su discurso, la mandataria interina afirmó que la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia y la Paz se encargarían de elaborar y presentar el texto legal ante la Asamblea Nacional “en las próximas horas”.
Rodríguez sostuvo que la iniciativa buscaría reparar las heridas dejadas por la polarización, el extremismo y la violencia política, así como reencauzar la justicia y promover la convivencia entre los venezolanos. El anuncio fue interpretado como un gesto político de alto impacto, especialmente en un contexto de recientes excarcelaciones y de promesas de reformas institucionales.
Una agenda legislativa con otras prioridades
Pese a esas declaraciones, el orden del día divulgado por el Parlamento refleja otras prioridades. El primer punto de la sesión será la primera discusión del Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana, conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esta iniciativa busca actualizar el marco jurídico de la institución humanitaria en el país.
El segundo tema previsto corresponde a la autorización del nombramiento de María Elena Uzzo Giannattasio como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Venezuela ante la República Italiana, con concurrencia ante Malta y San Marino, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución.
Además, la sesión incluye un proyecto de acuerdo con motivo de los 231 años del natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, una figura emblemática de la historia independentista venezolana. La ausencia de la amnistía en esta lista ha alimentado dudas sobre los tiempos reales de su discusión parlamentaria.
Postura del oficialismo sobre el alcance de la amnistía
Desde el Ejecutivo y el partido de gobierno, las declaraciones han apuntado a una visión controlada y selectiva de la futura ley. El ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la normativa permitiría revisar situaciones judiciales de personas que, según sus palabras, “sin duda han cometido delitos”, aunque evitó precisar cuáles casos podrían ser considerados.
Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello explicó que toda ley de amnistía incluye un listado específico de beneficiarios y excluidos, tras un análisis de los delitos imputados. Subrayó que no se trataría de una medida automática ni generalizada, sino de un proceso de revisión caso por caso.
El dirigente oficialista también recalcó que la propuesta es de carácter exclusivo del Ejecutivo y que no cuenta con la participación de organizaciones no gubernamentales, gobiernos extranjeros ni instancias religiosas. Aseguró, además, que la bancada chavista respaldará el proyecto una vez sea presentado formalmente ante el Parlamento.
Advertencias desde el ámbito internacional
La iniciativa también ha sido observada con cautela por organizaciones defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional advirtió que la ley de amnistía anunciada no debe convertirse en un mecanismo de impunidad y señaló que aún no está claro si podría beneficiar a agentes del Estado involucrados en violaciones graves.
La organización sostuvo que una medida de este tipo resulta insuficiente si no va acompañada de garantías de no repetición, como la derogación de normas que han permitido detenciones arbitrarias y el desmantelamiento de organismos señalados por abusos sistemáticos. Recordó, además, que en el pasado se han producido liberaciones seguidas de nuevas oleadas de arrestos, lo que ha debilitado la confianza en este tipo de anuncios.
En este contexto, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, el cese de la tortura y las desapariciones forzadas, y el respeto pleno de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
Un proyecto pendiente en medio de la incertidumbre
La exclusión de la ley de amnistía del orden del día parlamentario deja abiertas múltiples interrogantes sobre su viabilidad, alcance y cronograma. Mientras el Ejecutivo insiste en su importancia como herramienta de reconciliación, el silencio legislativo alimenta la percepción de que su debate podría postergarse más de lo previsto.
En un país marcado por años de polarización, la eventual discusión de esta iniciativa será clave para medir la disposición real de las instituciones a avanzar hacia un escenario de justicia, diálogo y convivencia duradera.
Con información de El Pitazo
