El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en varios aeropuertos de Estados Unidos, en un intento por aliviar el colapso en los controles de seguridad causado por la falta de personal.
La medida surge en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ha dejado a numerosos trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte sin salario, provocando ausencias, renuncias y largas filas de hasta varias horas en terminales aéreas clave del país.
Aunque las autoridades aseguran que los agentes migratorios están apoyando en tareas logísticas —como control de flujo de pasajeros—, expertos advierten que no cuentan con la capacitación necesaria para labores de seguridad aeroportuaria, lo que limita su efectividad.
La presencia del ICE, además, ha generado controversia entre pasajeros, organizaciones civiles y legisladores, quienes cuestionan el uso de una agencia migratoria en espacios de transporte masivo y alertan sobre posibles tensiones con los viajeros.
El despliegue también ocurre en medio de un fuerte debate político en Washington sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, con desacuerdos centrados en políticas migratorias que mantienen paralizadas las operaciones y agravan la crisis en los aeropuertos.
Mientras tanto, miles de pasajeros continúan enfrentando retrasos y largas esperas, en una situación que evidencia el impacto directo del conflicto político en la vida cotidiana en Estados Unidos.
