Más de 170 militares presos en Ramo Verde denuncian violaciones de derechos humanos y exigen su libertad en Venezuela

María Corina Machado difundió un comunicado suscrito por 177 militares detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, quienes denuncian retrasos judiciales, condenas cumplidas sin excarcelación y restricciones al derecho a la defensa. Un grupo de reclusos mantiene una huelga de hambre para exigir respuestas

Un grupo de 177 militares presos en Ramo Verde denunció presuntas violaciones de derechos humanos y exigió la revisión inmediata de sus procesos judiciales mediante un comunicado que María Corina Machado difundió el sábado 14 de noviembre. Los detenidos permanecen en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), ubicado en Los Teques, estado Miranda, donde familiares y organizaciones defensoras denuncian irregularidades procesales y restricciones a las garantías constitucionales.

La dirigente opositora explicó que recibió el documento manuscrito de familiares de los militares que mantienen una huelga de hambre. La carta, fechada el 13 de noviembre, reclama la intervención de las autoridades judiciales y de organismos internacionales. Los firmantes aseguran que enfrentan una situación de indefensión jurídica y anuncian una protesta pacífica de carácter indefinido hasta obtener respuestas concretas.

Militares presos en Ramo Verde denuncian condenas cumplidas y retrasos judiciales

Entre las principales irregularidades, los detenidos señalan la existencia de militares que permanecen encarcelados pese a haber cumplido sus condenas.

Según el comunicado, algunos tribunales no han emitido las boletas de excarcelación correspondientes, situación que los afectados consideran una privación ilegítima de libertad.

También denuncian expedientes sin tribunal asignado, recursos de apelación paralizados y retrasos que exceden los plazos establecidos por la legislación venezolana.

Los firmantes cuestionan además detenciones sin orden judicial, restricciones para designar abogados privados y presuntas desapariciones temporales durante los procedimientos de captura.

Por estas razones, solicitan revisar individualmente las causas y garantizar decisiones judiciales sin interferencias políticas.

Huelga de hambre mantiene en alerta a familiares y defensores

La protesta comenzó el 9 de noviembre, cuando un grupo de militares decidió suspender la ingesta de alimentos para reclamar su libertad.

El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó que 36 detenidos participaban en la huelga, cifra que no debe confundirse con los 177 firmantes del comunicado.

Familiares denunciaron que varios participantes sufrieron complicaciones de salud y que las condiciones del recinto dificultaban su hidratación y atención médica.

El documento plantea mantener una movilización pacífica y respetar tanto las instalaciones penitenciarias como la integridad de los funcionarios.

Los reclusos también solicitan mesas de trabajo con representantes institucionales para revisar las irregularidades que denuncian.

Militares solicitan supervisión internacional y libertad en el exilio

Los firmantes reclaman la presencia de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales para verificar sus condiciones de reclusión.

Asimismo, exigen acceso a beneficios procesales, revisión de expedientes provenientes de tribunales eliminados y respuestas oportunas a sus apelaciones.

El comunicado propone estudiar la posibilidad de conceder libertad en el exilio a quienes permanecen encarcelados por razones políticas.

Para esa alternativa, los militares solicitan la participación del Gobierno de Noruega y otros países, mientras autorizan a la organización Héroes Anónimos a promover las gestiones correspondientes.

Machado expresó su respaldo a los detenidos y pidió difundir sus denuncias para conseguir atención internacional.

Hasta el momento de los reportes consultados, las autoridades penitenciarias no habían ofrecido una respuesta pública detallada a las peticiones.

Las familias mantienen su exigencia de que los organismos competentes revisen cada expediente y garanticen la integridad física de quienes participan en la protesta.

Con información de EFE

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