Un tribunal de París dictó una condena histórica contra la empresa cementera Lafarge al declararla culpable de financiar organizaciones terroristas durante el conflicto en Siria.
La justicia francesa determinó que la compañía realizó pagos a grupos yihadistas, incluido el Estado Islámico, entre 2013 y 2014, con el objetivo de mantener operativa una planta en medio de la guerra.
Como parte de la sentencia, la empresa fue sancionada con una multa de más de 1.100 millones de euros, una de las más altas impuestas en Francia por este tipo de delitos.
Además, varios exdirectivos fueron condenados a penas de prisión, entre ellos el exdirector ejecutivo Bruno Lafont, quien recibió seis años de cárcel por su responsabilidad en los hechos.
El tribunal concluyó que los fondos entregados por la empresa contribuyeron indirectamente a fortalecer a estos grupos, en un caso que ha sido calificado como sin precedentes por su impacto y alcance.
La decisión marca un precedente en la lucha contra la financiación del terrorismo, al responsabilizar directamente a una gran corporación por su participación en actividades vinculadas a organizaciones extremistas.
