Los arrestos políticos recientes en Venezuela demuestran que la estructura represiva del país no se ha desmantelado, a pesar de la captura de Nicolás Maduro y las medidas adoptadas desde el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En los últimos cinco meses, la organización Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado al menos 14 detenciones motivadas por razones políticas, afectando tanto a civiles como a militares y funcionarios de seguridad del Estado.
La abogada Martha Tineo, coordinadora de la ONG, aseguró que estas detenciones evidencian que el poder y el sistema judicial continúan siendo utilizados para castigar a disidentes y mantener bajo control a quienes cuestionan al régimen.
Según Tineo, aunque no se registran oleadas masivas de detenciones como las de 2024 y 2025, la dinámica represiva sigue activa mediante revictimización y medidas judiciales que mantienen a los excarcelados en situación de vulnerabilidad, sometidos a condiciones restrictivas y a un riesgo constante de volver a prisión. “El aparato represivo no se ha desarticulado, y eso lo vemos con estas nuevas detenciones”, enfatizó la defensora de derechos humanos .
Arrestos políticos y libertades condicionadas
La aplicación de la Ley de Amnistía y las liberaciones anunciadas por el Legislativo y el gobierno interino han sido percibidas como selectivas y estratégicas, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la excarcelación de 300 presos políticos, pero solo un grupo reducido recibió libertad plena mediante la Ley de Amnistía. Más de 600 personas continúan detenidas, enfrentando cargos graves y restricciones judiciales que limitan su movilidad y derechos fundamentales.
Martha Tineo explicó que la mayoría de los liberados obtuvieron medidas sustitutivas a la privación de libertad, lo que significa que permanecen judicializados y sujetos a un riesgo de reclusión inmediata. La ONG subrayó que esta práctica no constituye una restitución de derechos, sino que se utiliza como estrategia comunicacional para proyectar la imagen de que el régimen ha reducido la represión política, cuando en realidad las libertades otorgadas son condicionadas .
El sistema judicial venezolano sigue siendo instrumentalizado, manteniendo a ciudadanos como rehenes políticos y utilizando las excarcelaciones como válvula de presión durante momentos de tensión interna o externa. En este contexto, las liberaciones selectivas no eliminan la amenaza de persecución, sino que refuerzan la percepción de control del régimen sobre quienes se oponen al gobierno.
Impacto de los arrestos políticos en civiles y militares
Entre los 14 arrestados documentados en los últimos cinco meses, se incluyen ocho militares o funcionarios de seguridad y seis civiles. Estas detenciones se producen en un escenario en el que más de 600 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Tineo denunció que la estructura represiva no solo busca neutralizar la oposición política, sino también mantener un efecto de intimidación y control social.
La abogada resaltó que, además de las detenciones, existen graves problemas de salud y seguridad entre los presos. Al menos 50 personas con enfermedades graves o en estado terminal continúan en prisión sin recibir la atención necesaria, a pesar de que la legislación venezolana contempla medidas humanitarias para este tipo de situaciones. Los ancianos y enfermos permanecen expuestos a riesgos que podrían derivar en consecuencias irreversibles para su salud, reflejando la persistencia de un sistema que prioriza la represión sobre los derechos humanos .
Tineo también señaló que el régimen ha utilizado la liberación parcial de presos políticos como una estrategia para aliviar temporalmente la presión interna y externa, especialmente en momentos críticos como la crisis de legitimidad de 2024 o el despliegue militar estadounidense en 2025. Estas medidas buscan proyectar una imagen de normalización y respeto a los derechos humanos, mientras que en la práctica se mantiene la estructura de control y represión.
Arrestos políticos y lecciones de la historia reciente
A lo largo de los últimos 27 años, Venezuela ha experimentado ciclos de detenciones y liberaciones de presos políticos que no implican un desmantelamiento real del aparato represivo. Martha Tineo subrayó que las desapariciones forzadas, como el caso de Carmen Navas, ilustran cómo las víctimas y sus familias enfrentan sufrimiento físico, emocional y económico prolongado. Esta dinámica de persecución selectiva y revictimización deja una huella profunda en la sociedad y evidencia la persistencia de prácticas autoritarias, incluso tras cambios aparentes en la estructura del poder .
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha monitoreado cuidadosamente estas situaciones y advierte que la excarcelación de presos políticos sirve como una herramienta táctica para mantener control sobre la población y reducir tensiones internacionales, sin comprometerse con la restauración de los derechos civiles y políticos. Las cifras actuales —más de 600 detenidos y 752 liberaciones condicionadas— muestran que el sistema de justicia sigue siendo un instrumento de represión, mientras que la percepción de normalización social se construye a través de anuncios públicos y medidas parciales que no garantizan libertades reales.
En resumen, los arrestos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ponen de manifiesto que el aparato represivo permanece activo y funcional, con detenciones selectivas, excarcelaciones condicionadas y riesgos graves para la salud y derechos de los detenidos.
A pesar de los anuncios de liberaciones y cierres de centros de detención emblemáticos, el control sobre disidentes y la utilización del sistema judicial para intimidar continúan siendo características centrales del régimen actual. La sociedad venezolana y las organizaciones de derechos humanos siguen alertando sobre la necesidad de un cambio estructural que garantice libertades plenas y proteja la vida y dignidad de todos los ciudadanos .
Con información de El Nacional
