La respuesta estatal a los terremotos en Venezuela permanece bajo cuestionamiento un mes después del doble sismo que devastó amplias zonas del país y dejó a miles de familias sin vivienda, con parientes desaparecidos o a la espera de una explicación oficial.
Una investigación presentada en una nueva edición de Mapas de Poder examina la actuación de las instituciones durante la emergencia y plantea una pregunta central: por qué el despliegue más amplio de los organismos públicos ocurrió 18 días después de la tragedia, cuando las primeras horas resultaban decisivas para rescatar sobrevivientes, organizar la asistencia y calcular la magnitud real de los daños.
Respuesta estatal a los terremotos en Venezuela dejó a la ciudadanía en la primera línea
La emergencia del 24 de junio encontró a miles de habitantes de La Guaira sin una estructura pública capaz de responder con la rapidez necesaria.
Durante las primeras horas, familiares, vecinos, voluntarios y ciudadanos comunes asumieron buena parte de las labores de auxilio. Muchas personas escaparon de edificaciones dañadas por sus propios medios, ayudaron a otros residentes a bajar por escaleras fracturadas o retiraron escombros con herramientas improvisadas.
Un informe de Transparencia Venezuela documentó hasta el 2 de julio un total de 19.861 personas directamente afectadas en La Guaira.
De esa cantidad, cerca de siete de cada diez lograron ponerse a salvo por cuenta propia o con el respaldo de familiares, allegados y miembros de sus comunidades.
El registro identifica a 6.462 ciudadanos como rescatados por equipos organizados de búsqueda y salvamento.
La diferencia entre ambas cifras refleja el peso que recayó sobre la sociedad civil durante los momentos más críticos.
En una emergencia de gran magnitud, la primera respuesta suele determinar cuántas personas sobreviven. La posibilidad de localizar a alguien con vida disminuye con rapidez cuando pasan las horas, especialmente si permanece atrapado sin agua, atención médica o ventilación.
Por esa razón, la demora del operativo oficial constituye uno de los puntos más sensibles de la investigación.
El mayor despliegue institucional llegó 18 días después del doble terremoto. Para entonces, numerosas familias ya habían organizado búsquedas, traslados y refugios sin una coordinación central.
La tardanza también dificultó la elaboración de un balance confiable. Los registros iniciales surgieron de listas comunitarias, publicaciones en redes sociales y reportes creados por voluntarios.
Muchas personas intentaron localizar a sus familiares mediante fotografías, nombres y números de contacto compartidos en plataformas digitales.
La ausencia de información unificada produjo confusión. Algunas víctimas aparecieron en varias listas, mientras otras no figuraron en ningún registro durante días.
El geofísico Raúl Estévez advirtió a El Pitazo que posiblemente nunca se conocerá la cifra verdadera de fallecidos.
Según su interpretación, las autoridades han intentado reducir o esconder el impacto real de la catástrofe para evitar responsabilidades por las fallas previas y por la actuación posterior a los movimientos sísmicos.
La falta de transparencia no solo afecta el derecho de las familias a conocer la verdad. También impide calcular con precisión la ayuda necesaria, identificar a las comunidades más golpeadas y diseñar políticas de reconstrucción ajustadas a la realidad.
Cada persona no registrada representa una historia que queda fuera de los balances y una necesidad que puede no recibir atención.
La investigación sostiene que la tragedia natural coincidió con una crisis institucional que limitó la capacidad del Estado para coordinar rescates, movilizar equipos y ofrecer respuestas oportunas.
Las advertencias existían desde la tragedia de Vargas de 1999
Para comprender las consecuencias del doble sismo, no basta con analizar lo ocurrido durante las primeras horas del 24 de junio.
La investigación retrocede 26 años y sitúa uno de sus principales antecedentes en el deslave de Vargas de 1999.
Aquel desastre reveló la vulnerabilidad del litoral central y llevó a especialistas, universidades y organismos públicos a proponer nuevas políticas de prevención.
Durante los años posteriores surgieron planes destinados a mejorar la gestión de riesgos, organizar sistemas de alerta, controlar las construcciones y fortalecer las instituciones responsables de responder ante emergencias.
El exministro de Ciencia y exautoridad única de Vargas, Carlos Genatios, explicó que la destrucción causada por el doble terremoto ocurrió de la manera en que numerosos especialistas habían advertido durante décadas.
La combinación de suelos aluviales, cercanía con la falla de San Sebastián, incumplimiento de las normas de construcción y deterioro institucional aumentó la magnitud del desastre.
Los suelos aluviales presentan características que pueden amplificar el movimiento sísmico. Las edificaciones levantadas sobre estos terrenos necesitan estudios geotécnicos rigurosos, cimentaciones apropiadas y sistemas estructurales capaces de soportar fuerzas laterales.
Cuando los proyectos no cumplen esas condiciones, el riesgo de daños graves aumenta.
La cercanía con la falla de San Sebastián también exige una planificación urbana que reconozca el peligro sísmico. Los expertos habían señalado la necesidad de revisar los mapas de amenaza, actualizar las normas y limitar el desarrollo de viviendas en zonas especialmente vulnerables.
Sin embargo, el crecimiento urbano continuó en sectores expuestos.
El incumplimiento de las normas de construcción añadió otro factor de riesgo. Algunas edificaciones no recibieron supervisión independiente, mientras otras acumularon modificaciones sin estudios técnicos.
También existían estructuras antiguas que requerían refuerzos, mantenimiento o evaluaciones periódicas.
El problema no se limitó a los edificios privados. Los organismos encargados de vigilar el territorio perdieron personal, presupuesto, autonomía y capacidad técnica.
Con el paso de los años, las herramientas creadas después de 1999 comenzaron a debilitarse.
La prevención dejó de ocupar un lugar prioritario, pese a que los expertos continuaban advirtiendo sobre la posibilidad de un nuevo desastre.
La memoria institucional se redujo y los conocimientos adquiridos tras la tragedia de Vargas no se convirtieron en una política sostenida.
La investigación plantea que el terremoto no sorprendió por completo desde el punto de vista científico. Los especialistas conocían las amenazas y habían descrito escenarios posibles.
Lo que falló fue la capacidad institucional para transformar esas advertencias en decisiones, controles y planes operativos.
El desmantelamiento institucional explica la improvisación posterior
La pregunta central no consiste únicamente en determinar qué instituciones actuaron tarde, sino también en identificar cómo Venezuela perdió parte de la capacidad construida después de 1999.
La investigación de Mapas de Poder busca reconstruir ese proceso.
Tras el deslave de Vargas, el país desarrolló estructuras destinadas a coordinar la prevención, la respuesta y la reconstrucción. Esos esfuerzos incluían personal especializado, monitoreo técnico, planificación territorial y mecanismos de cooperación entre distintos organismos.
Con el paso del tiempo, muchas de esas instituciones perdieron fuerza.
Los cambios administrativos interrumpieron programas, redujeron equipos profesionales y eliminaron mecanismos de continuidad.
La designación de funcionarios sin suficiente experiencia técnica también afectó la toma de decisiones.
En otros casos, los organismos quedaron sometidos a criterios políticos que limitaron su autonomía.
La gestión de desastres exige decisiones rápidas basadas en información científica. Cuando una institución necesita esperar autorizaciones, evita divulgar datos o prioriza la imagen del Gobierno, pierde capacidad para proteger a la población.
El deterioro también alcanzó los sistemas de monitoreo, las unidades de protección civil y los cuerpos de bomberos.
Sin vehículos, herramientas, comunicaciones y equipos especializados, los funcionarios enfrentan enormes dificultades para responder ante edificios colapsados.
La ausencia de mantenimiento puede inutilizar instrumentos precisamente cuando ocurre una emergencia.
El doble terremoto expuso esas carencias.
En lugar de un sistema capaz de desplegarse de forma inmediata, aparecieron respuestas fragmentadas y operativos improvisados.
Las comunidades dependieron de la iniciativa de ciudadanos, empresas privadas, rescatistas independientes y organizaciones no gubernamentales.
La ayuda civil permitió salvar vidas y cubrir necesidades urgentes, pero no puede sustituir de manera permanente la responsabilidad del Estado.
Los ciudadanos no cuentan con la capacidad jurídica, financiera ni operativa para coordinar una emergencia nacional.
Tampoco pueden garantizar por sí solos evaluaciones estructurales, hospitales de campaña, sistemas de información o planes de reconstrucción.
La demora de 18 días en el mayor despliegue oficial simboliza, según la investigación, un problema mucho más profundo.
No se trató únicamente de una decisión tardía durante una crisis. Representó la consecuencia de años de debilitamiento institucional, falta de inversión y abandono de las políticas de prevención.
Las preguntas sobre responsabilidades siguen abiertas.
¿Quién permitió que las instituciones creadas después de 1999 perdieran capacidad? ¿Qué ocurrió con los planes destinados a preparar a Vargas para otra catástrofe? ¿Por qué no se aplicaron las advertencias de científicos e ingenieros? ¿Quién debe responder por la demora durante las primeras horas?
Estas interrogantes adquieren relevancia porque la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente los edificios destruidos.
También debe recuperar la capacidad del Estado para prevenir, monitorear y responder.
Reconstruir sin corregir las fallas institucionales dejaría al país expuesto a una nueva tragedia.
La respuesta estatal al terremoto en Venezuela mostró una distancia profunda entre las necesidades de la población y la actuación de las autoridades. Mientras la ciudadanía asumía rescates, elaboraba registros y buscaba desaparecidos, el despliegue oficial avanzaba con lentitud.
Un mes después, las familias no solo reclaman viviendas y ayuda. También exigen explicaciones sobre una cadena de decisiones que comenzó mucho antes del 24 de junio.
La tragedia confirmó advertencias formuladas durante décadas y reveló que las instituciones creadas para evitar otro desastre perdieron fuerza con el tiempo. Conocer quiénes participaron en ese desmantelamiento resulta indispensable para establecer responsabilidades y evitar que Venezuela vuelva a enfrentar una catástrofe con ciudadanos solos frente a los escombros.
Con información de El Pitazo
