Los trabajadores venezolanos junto a la inmensa mayoría democrática del país durante todos estos años de narcodictadura chavista hemos mantenido una lucha por la recuperación de la institucionalidad, la libertad sindical, el Estado de Derecho y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Por ello observamos con profunda preocupación la conformación de una “Comisión política encargada de negociar con el oficialismo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”, integrada por Primero Justicia y Voluntad Popular, partidos vinculados a la Asamblea Nacional electa en 2015, que, por si fuera poco, han participado activamente en los distintos procesos de negociación con el régimen cuyos resultados, como sabemos todos, han sido fallidos.
Ciertamente los venezolanos exigimos un nuevo árbitro electoral, pero su constitución y la elección de sus autoridades no puede limitarse a los partidos políticos, menos aún a una Comisión cerrada y excluyente compuesta por sólo dos partidos del espectro nacional.
De manera pues que en nuestra opinión, el nuevo CNE tiene que gozar de un sólido respaldo institucional que genere en el pueblo venezolano una confianza absoluta en su idoneidad moral y política; no puede nacer del pacto entre dos cúpulas y debe contar con una legitimidad suficiente que sólo será tal, si emana del consenso de todos los sectores de la sociedad.
Por eso es imperativo que en el proceso de estructuración y nombramiento de Rectores del nuevo CNE, participen las academias, las universidades, los estudiantes, los gremios profesionales, los trabajadores, las organizaciones sindicales, las Iglesias, los sectores económicos, los partidos políticos, en fin, toda la sociedad civil venezolana organizada y sus representantes, a tales fines, deben poseer una autoridad moral y una solvencia democrática que asegure su imparcialidad y su independencia en la ejecución de esta vital tarea.
Reducir la designación del guardián del voto a una negociación de dos partidos es secuestrar la voluntad ciudadana antes de que se abran las urnas. El nuevo CNE tiene que ser, obligatoriamente, el reflejo de la Nación entera, no de un duopolio partidista, menos aun cuando lo que acompaña a éste es su participación en unas negociaciones con el régimen en las cuales no lograron garantizar ni siquiera una mínima transparencia en los procesos electorales realizados bajo el mandato de la dictadura chavista.
Las observaciones formuladas por organismos internacionales sobre los procesos electorales venezolanos demuestran precisamente la necesidad de reconstruir la confianza pública mediante mecanismos extraordinariamente transparentes e inclusivos, lo cual obviamente excluye la monopolización de dicha reconstrucción por parte de dos partidos políticos.
Venezuela no necesita un reparto de cuotas. Venezuela necesita reconstruir la confianza en sus instituciones y esta confianza sólo puede edificarse sobre la independencia, la transparencia, la pluralidad y la representación auténtica de la Nación.
Sin un CNE legítimo, producto del consenso nacional, no habrá elecciones legítimas y sin elecciones legítimas no habrá transición democrática estable, pacífica y duradera.
Carlos Ortega
20 de Junio de 2026.
Nota editorial:
Carlos Ortega es una figura histórica del sindicalismo venezolano y Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, organización fundada en 1936 y una de las principales centrales sindicales del país.
