Una semana después de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, la emergencia habitacional continúa agravándose. Además de las familias que perdieron sus viviendas, miles de personas permanecen fuera de sus hogares porque las estructuras presentan daños que representan un riesgo para sus ocupantes.
El más reciente balance oficial indica que 15.866 personas quedaron sin vivienda, mientras que 28.380 no pueden volver a sus casas hasta que culminen las inspecciones técnicas y se determine si los inmuebles pueden ser habitados nuevamente.
Como consecuencia, plazas, parques y otros espacios públicos de Caracas y La Guaira se han convertido en refugios temporales para cientos de familias que esperan una solución. En estos campamentos conviven personas que lo perdieron todo con otras cuyas viviendas siguen en pie, pero fueron catalogadas como inseguras por las autoridades.
El Gobierno mantiene habilitados decenas de albergues para atender a los damnificados y creó equipos de inspección encargados de evaluar el estado de edificios y viviendas. Los inmuebles son clasificados según el nivel de afectación: aquellos que pueden ser habitados, los que requieren reparaciones y los que deberán ser demolidos. Sin embargo, el volumen de edificaciones por revisar ha retrasado el proceso.
Mientras avanzan las evaluaciones, muchas familias permanecen en la incertidumbre. Algunos afectados afirman que, aunque sus viviendas no colapsaron, el temor a nuevos derrumbes les impide regresar. Otros esperan ser incluidos en los programas de reubicación anunciados por el Ejecutivo, que prometió entregar soluciones habitacionales antes de finalizar el año.
Por ahora, miles de venezolanos continúan viviendo en refugios temporales, a la espera de conocer si podrán volver a sus hogares o si deberán comenzar de nuevo en otro lugar.
