Los familiares de presos políticos en Venezuela volvieron a salir a las calles para exigir una liberación masiva de los detenidos por razones políticas y rechazar que las excarcelaciones se desarrollen de manera gradual. Durante una concentración realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), los manifestantes solicitaron que sus demandas sean incorporadas a la mesa de diálogo anunciada entre la Asamblea Nacional de 2015 y las actuales autoridades a partir del próximo 1 de agosto.
Los participantes también insistieron en que la comunidad internacional acompañe las gestiones destinadas a lograr una solución para quienes permanecen privados de libertad.
Presos políticos en Venezuela centran las exigencias de familiares durante protesta en Caracas
La Universidad Central de Venezuela fue escenario de una nueva manifestación encabezada por familiares de personas detenidas por motivos políticos, quienes reclamaron una respuesta más amplia a las solicitudes de excarcelación formuladas durante los últimos meses.
La movilización estuvo integrada principalmente por madres, esposas, hermanas e hijas de los detenidos, quienes desplegaron pancartas con mensajes en favor de la libertad de todos los presos políticos y exhibieron fotografías de sus familiares como forma de mantener visibles sus casos ante la opinión pública.
La protesta fue organizada por activistas de la Alianza por la Libertad, colectivo que mantiene desde hace más de cuarenta días una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas con el propósito de solicitar respaldo internacional para las gestiones orientadas a la liberación de los detenidos.
Durante la actividad, los participantes insistieron en que las excarcelaciones realizadas hasta ahora no responden a las expectativas de las familias, debido a que consideran insuficiente el número de personas beneficiadas y cuestionan que el proceso avance de forma gradual.
Los manifestantes sostuvieron que el objetivo debe ser alcanzar una solución integral que permita revisar todos los expedientes relacionados con personas privadas de libertad por razones políticas y no únicamente casos específicos.
Gabriela Álvarez, esposa del camarógrafo Gabriel Guerra, detenido hace cinco años junto con el periodista Ramón Centeno, expresó que las familias observan con expectativa la instalación de la mesa de diálogo prevista para agosto.
Según explicó, esperan que ese espacio de negociación incluya la situación de quienes permanecen encarcelados y permita avanzar hacia una respuesta definitiva.
«Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del primero de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados», declaró Álvarez.
La representante del colectivo también reiteró la petición dirigida al Gobierno de Estados Unidos para que continúe respaldando las iniciativas encaminadas a obtener la liberación de los detenidos.
De acuerdo con el balance más reciente de la organización Foro Penal, actualmente 372 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, cifra que continúa siendo utilizada por los familiares como referencia para sustentar sus reclamos.
Historias familiares reflejan el impacto humano de las detenciones
La concentración reunió a personas procedentes de distintas regiones del país que viajaron hasta Caracas para hacer visible la situación de sus familiares.
Entre ellas se encontraba Magaly Sánchez, residente del estado Monagas, quien recorrió cerca de siete horas junto con su nieta para visitar a su hijo Félix Aguilera, detenido desde 2024.
Sánchez explicó que destinó alrededor de 40 dólares para cubrir los gastos del traslado hasta la capital y aseguró que su hijo permanece encarcelado de manera injusta.
Su testimonio se sumó al de otras familias que relataron el impacto económico y emocional que enfrentan desde las detenciones de sus allegados.
Muchos participantes señalaron que los largos desplazamientos hacia los centros penitenciarios, los costos del transporte y las dificultades para mantener contacto con los detenidos forman parte de la realidad cotidiana que enfrentan desde hace varios años.
También participó Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui, Carlos Vidal.
Durante la actividad solicitó la liberación del exfuncionario y sostuvo que su caso responde a una «componenda política».
Carlos Vidal fue detenido en 2022 luego de ser señalado por el entonces ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, de presuntamente liderar una red dedicada al desvío, contrabando y comercialización ilegal de combustible.
Con el paso del tiempo, la situación cambió significativamente cuando el propio El Aissami fue detenido e investigado dentro de una causa relacionada con hechos de corrupción en el sector petrolero venezolano, circunstancia que los familiares consideran relevante al evaluar el caso del exalcalde.
Durante la protesta, otros asistentes recordaron que numerosas familias permanecen separadas desde hace varios años y manifestaron que la incertidumbre continúa afectando tanto a los detenidos como a sus hijos, padres y demás allegados.
Mesa de diálogo y ley de amnistía concentran la atención de los familiares
Las movilizaciones realizadas en Caracas forman parte de una serie de acciones que familiares y organizaciones han desarrollado durante los últimos meses para mantener vigente el reclamo por la liberación de los detenidos.
Además de las concentraciones públicas, los allegados han organizado vigilias frente a distintos centros penitenciarios y actividades de sensibilización para exponer la situación de quienes permanecen privados de libertad.
Estas manifestaciones adquirieron mayor intensidad después de que el Ejecutivo anunciara en enero un proceso de excarcelaciones y, posteriormente, aprobara una ley de amnistía presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Aunque la normativa contempla hechos ocurridos entre 1999 y la actualidad, establece condiciones específicas para su aplicación.
El texto limita los beneficios a trece acontecimientos determinados y excluye procesos relacionados con operaciones militares, delitos de corrupción, homicidios y violaciones de derechos humanos, entre otros supuestos previstos por la legislación.
Ante ese escenario, los familiares consideran que todavía existe un amplio grupo de detenidos que permanece fuera del alcance de la normativa y esperan que la próxima mesa de diálogo permita revisar esas situaciones.
La posibilidad de incorporar sus planteamientos al proceso de negociación constituye una de las principales expectativas expresadas durante la manifestación.
Los participantes señalaron que continuarán desarrollando actividades públicas hasta obtener respuestas concretas sobre los casos pendientes y reiteraron que mantendrán sus acciones de acompañamiento mientras existan personas privadas de libertad cuyos expedientes aún no hayan sido revisados.
Con la proximidad del inicio de la mesa de diálogo prevista para agosto, las familias consideran que este momento representa una oportunidad para colocar nuevamente el tema de los presos políticos en el centro del debate nacional.
La protesta realizada en Caracas refleja la persistencia de un reclamo que continúa movilizando a familiares y organizaciones civiles. Mientras esperan que el diálogo político abra espacios para revisar los expedientes pendientes, los manifestantes mantienen su exigencia de una liberación más amplia y de soluciones que permitan atender la situación de las 372 personas que, según el más reciente balance de Foro Penal, permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela.
Con información de EFE
