El TPS para venezolanos volvió a ocupar un lugar central en el debate migratorio de Estados Unidos luego de que la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, solicitara el restablecimiento de este beneficio tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.
La funcionaria argumentó que la magnitud de la crisis humanitaria dificulta el retorno de miles de ciudadanos venezolanos, al tiempo que destacó las iniciativas de ayuda impulsadas desde la comunidad de Doral para asistir a las familias afectadas por el desastre.
TPS para venezolanos cobra fuerza tras el llamado de la alcaldesa de Doral
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, manifestó que las condiciones generadas por los recientes terremotos justifican una revisión de la política migratoria estadounidense hacia los ciudadanos venezolanos.
Durante una entrevista concedida al pódcast Más allá de lo viral, la funcionaria sostuvo que la emergencia humanitaria provocada por los sismos obliga a considerar nuevamente la aplicación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Fraga afirmó que numerosas personas perdieron sus viviendas y permanecen en condiciones de vulnerabilidad, situación que, a su juicio, dificulta cualquier proceso de retorno hacia Venezuela.
«Hemos pedido que después de los terremotos se vea esta medida humanitaria. ¿A dónde vamos a mandar a la gente si actualmente hay damnificados que están en la calle?», expresó durante la conversación.
El Estatus de Protección Temporal constituye un mecanismo previsto por la legislación estadounidense que permite otorgar protección migratoria a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un regreso seguro.
La autorización corresponde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo encargado de evaluar si un país reúne las condiciones necesarias para recibir esta designación.
El beneficio concede protección temporal contra la deportación y permite a los beneficiarios solicitar autorización para trabajar legalmente mientras permanezca vigente la medida.
Las declaraciones de Fraga se producen en un contexto marcado por la emergencia humanitaria derivada de los terremotos del 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos, decenas de miles de heridos y una importante cantidad de personas desplazadas en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Yaracuy y el Distrito Capital.
La alcaldesa considera que ese escenario representa una condición extraordinaria que amerita revisar nuevamente la situación migratoria de los venezolanos que residen en Estados Unidos bajo distintos mecanismos de protección.
Su planteamiento reabre un debate que durante los últimos meses ha ocupado un lugar relevante dentro de la política migratoria estadounidense.
Doral impulsa ayuda humanitaria para las zonas afectadas por los terremotos
Además de solicitar la revisión del TPS, Christi Fraga destacó las acciones emprendidas por la ciudad de Doral para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia en Venezuela.
La alcaldesa explicó que su administración organizó una amplia jornada de recolección de insumos con la participación de organizaciones comunitarias, voluntarios y residentes de la ciudad.
Como resultado de esa campaña, lograron enviar un primer avión cargado con ayuda humanitaria destinada a las regiones más afectadas por los terremotos.
Entre los materiales despachados se incluyeron alimentos, medicamentos, equipos médicos y otros suministros esenciales para atender a las personas damnificadas.
Fraga también informó que la iniciativa permitió equipar una ambulancia destinada a reforzar la capacidad de respuesta en las zonas afectadas.
Según explicó, el envío de la asistencia fue coordinado directamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos para garantizar que los donativos llegaran a su destino mediante los canales establecidos.
La funcionaria aseguró que la capacidad de apoyo continúa siendo considerable.
Indicó que actualmente disponen de dos grandes bodegas con suministros listos para ser enviados y afirmó que podrían organizar decenas de vuelos adicionales sin agotar las donaciones recibidas.
Las labores impulsadas desde Doral reflejan la activa participación de una comunidad que mantiene fuertes vínculos con Venezuela y que ha promovido distintas iniciativas solidarias desde el inicio de la emergencia.
Diversas organizaciones civiles, iglesias, fundaciones y grupos de voluntarios también han desarrollado campañas de recolección de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por el desastre.
Estas acciones buscan complementar los esfuerzos de asistencia internacional mientras continúan las labores de recuperación en las regiones impactadas por los terremotos.
El TPS dejó de estar vigente tras las decisiones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos
El debate sobre el restablecimiento del TPS ocurre después de que el Gobierno estadounidense pusiera fin a ese beneficio para los ciudadanos venezolanos.
En enero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional formalizó la revocatoria de la extensión del programa, que hasta entonces protegía a aproximadamente 500.000 venezolanos.
La decisión puso fin tanto a la protección contra la deportación como a los permisos de trabajo asociados con ese estatus migratorio.
Previamente, el 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema autorizó al Poder Ejecutivo a avanzar con la terminación de la designación del TPS para Venezuela, permitiendo que el Gobierno implementara posteriormente la medida administrativa.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que las condiciones existentes ya no justificaban mantener las designaciones aprobadas en 2021 y 2023.
Como consecuencia, los ciudadanos venezolanos que dependían exclusivamente de ese mecanismo dejaron de contar con la protección temporal otorgada por el programa.
Las recientes declaraciones de la alcaldesa de Doral introducen nuevamente el tema dentro del debate público, aunque cualquier modificación del TPS dependería de una nueva determinación adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional conforme a los criterios establecidos en la legislación estadounidense.
Entre esos criterios figuran precisamente la existencia de conflictos armados, desastres ambientales u otras circunstancias excepcionales que impidan garantizar un retorno seguro a los ciudadanos del país beneficiario.
La emergencia provocada por los terremotos ha reactivado las discusiones sobre si las actuales condiciones en Venezuela podrían ser consideradas dentro de ese marco legal.
Mientras tanto, miles de venezolanos residentes en Estados Unidos continúan atentos a la evolución de las decisiones migratorias y a las posibles medidas que puedan adoptarse en respuesta a la situación humanitaria generada por el desastre.
El llamado formulado por la alcaldesa de Doral incorpora un nuevo elemento al debate sobre el TPS para venezolanos, al vincular la crisis migratoria con las consecuencias de los terremotos que afectaron al país. Aunque la decisión final corresponde al Gobierno federal de Estados Unidos, las declaraciones de Christi Fraga reflejan la preocupación existente entre sectores de la comunidad venezolana y autoridades locales ante las dificultades que enfrentan miles de personas para regresar a un país que todavía atraviesa una compleja emergencia humanitaria y un amplio proceso de recuperación tras los sismos.
Con información de El Pitazo
